El senador Guillermo Montenegro fue multado por el Tribunal de Cuentas por diversas irregularidades durante su anteúltimo ejercicio. Así es que el organismo provincial multó al entonces intendente, Guillermo Montenegro, y a tres de los funcionarios que entonces integraban su gabinete.
El ahora senador por la Quinta sección electoral deberá abonar 3,5 millones de pesos por infracciones tales como haber cedido de manera no onerosa el polideportivo Islas Malvinas para emprendimientos privados, cuando una ordenanza establece claramente que se debe cobrar un canon del cinco por ciento de los ingresos.
El alcalde en uso de licencia que antes fue embajador en Uruguay y ministro de Seguridad de CABA también fue sancionado por el “agujero fiscal” que dejó ese ejercicio, en abierta infracción tanto al artículo 31 de la Ley Orgánica de Municipalidades, como al credo libertario que el exPro ahora profesa.
Ese texto establece que “la formulación y aprobación del Presupuesto deberá ajustarse a un estricto equilibrio fiscal, no autorizándose gastos sin la previa fijación de los recursos para su financiamiento. Todo desvío en la ejecución del presupuesto requerirá la justificación pertinente ante el Organismo Competente del Poder Ejecutivo Provincial La justificación a que se refiere este artículo, recaerá sobre el Funcionario que haya tenido a su cargo la responsabilidad de la ejecución presupuestaria de que se trate”.
Entre la administración central y los entes descentralizados, como Turismo y Energía, sumaron un rojo cercano a los trece mil millones de pesos, casi diez millones de dólares.
La explicación oficial estuvo vinculada a la caída de la recaudación local, consecuencia de la crisis económica que golpea el nivel de actividad, hoy más que entonces. De hecho, se conocieron cifras oficiales de la provincia según las cuales la última temporada estival fue la peor desde la pandemia.
A la vez, permanecen en estudio otras decisiones administrativas, como el aumento del monto del alquiler que la municipalidad abona mensualmente por el inmueble donde funciona el Centro de Operaciones y Monitores (COM), de 6 a 10 millones de pesos.
Los otros alcanzados por la decisión del Tribunal de Cuentas son el entonces secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli, el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalvez, y el tesorero municipal, Mauricio Mingo.
El del Tribunal de Cuentas dista de ser el único frente abierto que tiene el municipio de General Pueyrredón, que actualmente gobierna Agustín Neme. A diferencia de su antecesor, el joven politólogo logró un acuerdo paritario que bajó el nivel de tensión con los trabajadores, pero mantiene el conflicto judicial por el violento accionar de la patrulla.
Hace exactamente un mes, Neme se declaró en rebeldía, frente a un fallo de cámara obtenido por la Comisión Provincial por al Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) local.
El texto ordenaba “omitir todo despliegue de operativos por parte del Cuerpo de Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal, como así también la sustracción de documentos u objetos personales, en resguardo del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad de este colectivo vulnerado”. Pero Neme respondió “vamos a seguir haciendo lo mismo”.