El concejal Diego García (Unión por la Patria) analizó el avance del proyecto sobre la última playa natural de Chapadmalal y apuntó al corazón del problema: las licitaciones se aprueban sin debate, sin escuchar a los vecinos y sin los requisitos ambientales básicos. “Lo que se vota en el Concejo es el primer filtro. Y ese filtro no funciona.”
Mientras la Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal sostiene sus acciones legales contra el proyecto que pretende instalar más de 4.500 metros cuadrados de obra en la UTF Playa Redonda (incluyendo piletas al borde del acantilado y estacionamientos para más de 1.000 vehículos), desde el Concejo Deliberante también se alzan voces críticas sobre cómo estos expedientes logran avanzar sin los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente.
El concejal Diego García, del bloque Unión por la Patria, identificó el punto exacto donde el sistema falla. Y no es en los tribunales, donde las asambleas terminan ganando las batallas. Es antes, en el recinto, donde los proyectos se aprueban a libro cerrado, sin debate real, con una mayoría que levanta la mano y define.
“Los proyectos no cumplen con la normativa mínima”
La UTF Playa Redonda tiene una superficie de 45.500 metros cuadrados y es una de las pocas playas que quedan sin concesionar en la zona de Chapadmalal. En 2025, los cuatro oferentes del primer llamado fueron rechazados por la comisión evaluadora. El segundo llamado volvió a presentar a las mismas dos empresas, con los mismos problemas de fondo.
“Las dos propuestas no cumplen con la normativa. Lo mínimo que hay que presentar es un estudio de impacto ambiental, y no está. Inclusive, si se toma la línea de ribera, no dan los metros para utilizar el espacio que pretenden”, afirmó García en diálogo con el Retrato. “Claramente estamos en contra”
Una seguidilla que no es casual
Para García, el caso de Redondo no es una excepción sino parte de un patrón que se repite a lo largo de toda la costa sur (Horizonte, Paradise, Luna Roja, La Reserva entre otros) y que responde a la política “contradictoria” o “para la foto” del Ejecutivo.
“Podemos nombrar un montón de lugares. Es una seguidilla”, señaló. “Y por eso insisto: muchas veces los amparos que presentan los vecinos terminan de resolver lo que debería resolver la política. Las multas nunca terminan de reflejar el daño cometido. Eso es casi anecdótico.”
“El primer filtro falla en el Concejo”
El concejal advierte que el problema estructural no está en la Justicia, que, cuando interviene, suele dar la razón a los vecinos, sino en la instancia política previa. “El mejor momento para frenar estas cosas es cuando se vota en el Concejo Deliberante. Si no tienen los papeles en regla, si no cumplen los requisitos, si no hay consenso con los vecinos, lo correcto es no aprobarlo. Pero eso no sucede. Se termina aprobando sin debate, sin asambleas vinculantes, sin escuchar a nadie. Es levantar la mano y listo”, remarcó.
García señaló que ese déficit democrático tiene consecuencias concretas: las organizaciones vecinales cargan con el costo y el tiempo de judicializar cada proyecto, mientras el Estado local actúa como si la aprobación legislativa fuera un trámite. “Hay que tener bien claro qué ciudad queremos construir y qué queremos preservar. En base a eso es como uno tiene que levantar la mano.”
El concejal también amplió el diagnóstico hacia otro frente del mismo conflicto: la presión sobre las Unidades Turísticas de Chapadmalal, cuya venta o reconversión en hoteles de cinco estrellas implicaría, según su análisis, perder tanto el sentido social del lugar como avanzar sobre lo público. “Es eso lo que hay que entender: el avance constante sobre lo público. Y los vecinos, las organizaciones y algunos concejales somos los que resistimos a eso.”