La secretaria general de ADUM, Abigail Araujo, se refirió al inicio de una semana de paro docente en el sistema universitario nacional para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida comenzó con una concentración frente al Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ubicado en la intersección de San Luis y 25 de Mayo, en el centro de la ciudad.
La protesta forma parte de un plan de lucha impulsado por gremios docentes de todo el país ante lo que consideran un grave deterioro salarial y un fuerte desfinanciamiento del sistema universitario por parte del Gobierno Nacional.
“El conflicto en la universidad sigue porque el gobierno incumple la ley de financiamiento universitario. Esa norma establece claramente que el presupuesto de las universidades debe tener el mismo nivel que tenía en noviembre de 2023, pero desde octubre del año pasado el Ejecutivo no la está cumpliendo”, afirmó Araujo.
Según explicó la dirigente sindical, la situación se agrava porque además del incumplimiento presupuestario, el gobierno plantea modificar la ley y desconocer la deuda acumulada con el sector. Esta deuda, señaló, ronda el 50% en términos salariales y también impacta en áreas clave como gastos de funcionamiento, becas estudiantiles e inversión en ciencia y tecnología.
Plan de lucha y nueva marcha federal
El paro que comenzó esta semana se enmarca en una serie de medidas definidas a nivel nacional por las federaciones docentes universitarias. Según indicó Araujo, el cronograma incluye nuevas semanas de paro y diversas acciones intermedias.
“Estamos en un plan de lucha nacional. Ya está definida una semana completa de paro ahora, otra a partir del 30 de marzo y una más en la última semana de abril. Pero entre esas fechas vamos a desarrollar otras acciones para visibilizar el conflicto”, explicó.
Uno de los objetivos centrales será convocar a una nueva movilización masiva en defensa de la universidad pública. En ese sentido, adelantó que se trabaja en la organización de una cuarta marcha federal universitaria hacia fines de abril.
La dirigente sostuvo que cada medida busca acercar al sector a la plena aplicación de la ley de financiamiento. Además, remarcó que el reclamo cuenta con respaldo institucional y judicial.
En diciembre pasado, cerca de 50 rectores de universidades nacionales presentaron un amparo para exigir el cumplimiento de la normativa. Un fallo inicial les dio la razón, aunque aún resta que la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo resuelva la cuestión de fondo.
“La democracia no se expresa solamente en el voto. También se expresó en los millones de personas que salieron a la calle para defender la universidad pública. Ahora esperamos que los legisladores que votaron la ley y la Justicia garanticen que se cumpla”, sostuvo.
Impacto en docentes y estudiantes
El conflicto universitario no solo afecta a los trabajadores del sistema, sino también a miles de estudiantes que enfrentan dificultades para sostener sus estudios en un contexto de crisis económica.
En la Universidad Nacional de Mar del Plata se desempeñan alrededor de 4.000 docentes y cerca de 1.000 trabajadores no docentes, con una adhesión al paro que, según el gremio, supera el 80%. La matrícula estudiantil ronda los 55.000 alumnos.
A nivel nacional, la medida involucra a todas las universidades públicas del país, lo que impacta en más de dos millones de estudiantes.
“La situación de los estudiantes ya está complicada. Hoy reciben becas de apenas 35.000 pesos y muchos terminan abandonando la carrera porque no pueden pagar el alquiler, el transporte o el comedor universitario”, explicó Araujo.
La dirigente también advirtió que los bajos salarios están generando vacantes en algunas áreas académicas. En ciertos casos, señaló, los docentes perciben sueldos cercanos a los 250.000 pesos que no se actualizan desde hace un año.
“Con esos salarios no se puede sostener la enseñanza universitaria. Ya hay áreas que quedan vacantes porque los docentes no pueden seguir trabajando en estas condiciones”, afirmó.
Finalmente, Araujo alertó sobre el riesgo de que la crisis desincentive el acceso a la educación superior.
“Si los estudiantes no pueden mejorar sus condiciones de vida a partir de estudiar, es muy difícil sostener la vocación. Hoy ya estamos perdiendo estudiantes porque no hay un acompañamiento del gobierno nacional para que puedan continuar sus carreras”, concluyó.