La Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal alertó sobre un anteproyecto que pretende instalar más de 4.500 metros cuadrados de infraestructura en una de las dos últimas playas naturales de la zona. Piscinas al borde del acantilado, cabañas y estacionamientos para más de 1.000 vehículos. El patrón se repite en las playas del sur, y las multas no alcanzan para frenarlo.
El proyecto llegó tarde y por la fuerza. La Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal tuvo que recurrir a un pedido formal de acceso a la información pública (con prórroga incluida) para obtener los planos del anteproyecto que el municipio evalúa para la UTF Playa Redonda, ubicada en la Ruta 11 y la calle 749. Lo que encontraron fue ni mas ni menos que “alarmante”.
“Redondo es una de las últimas dos playas que quedan naturales en Chapadmalal. Sin intervenciones. Desde la 515 hasta Las Brusquitas, límite con Alvarado, solo nos quedan tres playas sin intervenir y públicas, y esta es una”, advirtió Mariana Pontano, vecina de Chapadmalal e integrante de la Asamblea, en diálogo con el Retrato.
El anteproyecto, presentado por Roberto Fiocca, el mismo empresario detrás de Casa Pampa y Calamar Loco, plantea una inversión de más de 2.500 millones de pesos e implica la construcción de más de 4.500 metros cuadrados en el predio. La propuesta incluye piscinas al borde del acantilado, carpas y restaurantes en el barranco, cabañas de más de 32 metros cuadrados sobre los acantilados, un salón de 250 metros cuadrados, gimnasio, kiosco y estacionamientos. Todo esto en una unidad turística fiscal de apenas cuatro hectáreas, sin estudios de impacto ambiental, paleontológico ni arqueológico.
“Pareciera que diseñan desde un estudio lejos del lugar”
Pontano apuntó a la desconexión entre el proyecto y la realidad geológica del terreno. El acantilado de Redondo retrocede, en promedio, un metro por año. Instalar estructuras pesadas en su borde no solo es ambientalmente inadmisible, es físicamente inviable.
“Ni las pendientes para sillas de ruedas que proponen son posibles. Pareciera que no pisaron nunca la playa”, remarcó. La asamblea trabaja junto con geólogos de las universidades de Mar del Plata y La Plata, quienes advierten que el tipo de suelo de Chapadmalal es completamente distinto al del resto de la costa y no es permeable, lo que hace inviable cualquier desarrollo que requiera cloacas o manejo de efluentes.
No es la primera vez que el mismo empresario enfrenta este tipo de cuestionamientos. Uno de sus emprendimientos, Casa Pampa, ya está denunciado por contaminación, precisamente por las mismas razones.
Pedir perdón sale más barato que pedir permiso
Uno de los patrones más documentados en el Paseo Costanero Sur es lo que podría denominarse como una “infracción eficiente”. Un mecanismo donde las multas que impone el municipio resultan tan bajas en relación al lucro obtenido que, para el empresario, incumplir el pliego es más rentable que respetarlo.
Pontano lo describió con el concesionario de Cruz del Sur, lindero a Redondo, que fue condenado penalmente por dañar con una topadora un yacimiento paleontológico de relevancia mundial, donde se habían descubierto restos de camélidos, megafauna y gliptodontes, e incluso por este mismo hecho intendente Montenegro había concurrido a fotografiarse. “La multa fue irrisoria, un proporcional del canon. El daño es irreparable”, señaló.
El mismo patrón se repite en la zona con el balneario Luna Roja, que durante años volcó efluentes cloacales sobre el Arroyo Lobería sin tratamiento, obtuvo para su exadministrador una probation de año y medio a cambio de plantar cincuenta árboles y colocar bancos en dos plazas menores. La empresa recuperó la multa más cara de la historia reciente del EMTURYC (cerca de $500.000 de aquel entonces) en menos de un mes de temporada.
“Primero avanzan, después hacen las consultas ambientales si se las piden. Es pedir perdón en lugar de pedir permiso, y el perdón es muy barato”, sintetizó Pontano.
De siete unidades turísticas, solo quedan tres públicas
El caso de Redondo no es aislado. De las siete Unidades Turísticas Fiscales que existían en la zona sur, hoy solo tres permanecen sin concesionar, gracias, en gran medida, a la acción judicial y política de los vecinos organizados.
Paradise fue adjudicada por el municipio, pero la asamblea logró paralizar las obras, la ordenanza por la que fue adjudicada carece de validez legal por no contar con dictamen previo de los organismos provinciales competentes. Santa Isabel tiene autorización del HCD para que el ejecutivo la adjudique, pero tampoco pudo avanzar. Y Redondo está hoy en etapa de evaluación, con dos oferentes que ya habían sido observados en un primer llamado declarado desierto.
“El primer llamado fracasó porque dos de los cuatro oferentes tenían vicios formales y uno de los otros dos tenía a su presidente con inhibición general de bienes dictada por la justicia. El segundo llamado lo integraron exactamente las mismas dos empresas que habían fallado en la segunda etapa: simplemente acomodaron unos papeles y triplicaron la oferta”, explicó Pontano.
La asamblea trabaja en dos frentes simultáneos. El defensivo, a cargo de los abogados, evalúa las acciones a seguir frente al proceso licitatorio de Redondo. El propositivo, en articulación con las facultades de Exactas y Ciencias Económicas de la UNMdP y la Universidad de La Plata, avanza en un proyecto de extensión sobre turismo sostenible para la zona.
“A Mar del Plata no hay que reinventarla, hay que conocerla y escucharla”, es la consigna final. En la zona sur, cada temporada que pasa sin control, esa frase se vuelve más urgente.