Vecinos y organizaciones ambientalistas de Mar del Plata se movilizaron este miércoles en la intersección de Alem y la costa para expresar su rechazo a la construcción de una torre de 127 metros proyectada en la esquina de Aristóbulo del Valle y Falucho, en el barrio parque Stella Maris. Bajo la consigna “Mar del Plata no necesita reinventarse sino valorarse”, la convocatoria reunió a integrantes de Mirada Ciudadana, Surfrider Argentina y residentes de distintos barrios de la ciudad.
Durante la protesta se expusieron presuntas irregularidades en el procedimiento administrativo que derivó en la sanción de la ordenanza 26.448, normativa que habilitó indicadores urbanísticos para el emprendimiento inmobiliario. Según indicaron los organizadores, estas inconsistencias forman parte del expediente judicial en el que se cuestiona el proyecto de una torre de 35 pisos que incluiría 196 departamentos.
La abogada patrocinante de la causa, Soledad Arenaza, acompañada por César Ventimiglia y Gustavo Huici, aclaró que el reciente levantamiento de la medida cautelar por parte de la Cámara Contencioso Administrativa no implica la autorización para iniciar la obra. “La revocación de la cautelar no significa que el proceso judicial esté finalizado ni que la construcción esté habilitada”, explicó.
En ese marco, los referentes de Mirada Ciudadana confirmaron que la organización presentó una denuncia penal ante la Fiscalía N°7, a cargo de Leandro Arévalo, por presunta usurpación de título. El planteo se basa en que el informe técnico urbanístico del proyecto habría sido firmado por un arquitecto que, según consta en la causa judicial, estaría inhabilitado para ejercer la profesión desde 2011.
Los denunciantes también señalaron posibles conflictos de interés en el estudio de impacto ambiental, realizado por una profesional que, según declaraciones incorporadas al expediente, mantiene una relación con el actual secretario de Planeamiento municipal, área responsable de evaluar este tipo de informes.
Entre otras irregularidades mencionadas, los vecinos sostienen que en el expediente administrativo previo a la autorización no figuran títulos de propiedad ni documentación catastral que permita verificar la superficie de los lotes involucrados, ni consta una unificación formal de las parcelas necesaria para solicitar la altura aprobada.
Asimismo, cuestionaron inconsistencias en los metros edificables declarados. De acuerdo con testimonios incorporados al proceso judicial, más de tres mil metros cuadrados correspondientes a amenities no habrían sido contabilizados dentro del total anunciado.
Las organizaciones también advirtieron sobre el impacto urbano del proyecto. Según estimaciones propias, el edificio podría albergar hasta 850 habitantes, una densidad equivalente a la población de unas diez manzanas del barrio Stella Maris. Esta concentración, sostienen, generaría una fuerte presión sobre los servicios públicos, especialmente en un edificio que podría contar con alrededor de 650 baños.
Los manifestantes consideran que el caso constituye un “precedente testigo” para el desarrollo inmobiliario en el frente costero y reclamaron al Concejo Deliberante que reglamente con mayor precisión el artículo 11 del Código de Preservación Patrimonial, con el objetivo de evitar autorizaciones que consideren desproporcionadas para el entorno urbano.