A casi nueve años del hundimiento del buque pesquero El Repunte, ocurrido el 17 de junio de 2017, las familias de los diez tripulantes fallecidos volvieron a alzar la voz tras la reciente sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. En un duro comunicado, calificaron el fallo como el “segundo hundimiento” del barco y denunciaron que la decisión judicial “sepulta la verdad y clausura la posibilidad de justicia”.
“Para nosotros, este fallo representa el Segundo Hundimiento del Repunte. Si el mar se llevó la vida de nuestros hijos, padres y hermanos, hoy es el Poder Judicial el que intenta sepultar la verdad”, expresaron. La resolución judicial, sostienen, cierra la causa bajo argumentos que consideran “formalistas” y funcionales a la impunidad. El naufragio del Repunte fue una de las mayores tragedias en la historia reciente de la pesca argentina y dejó una herida abierta en el puerto marplatense.
El eje de la crítica apunta a los fundamentos técnicos del fallo. Según la Cámara, el buque contaba con certificados de seguridad vigentes y los empresarios habrían actuado dentro de lo que denomina “riesgo permitido”. También aplicó la figura jurídica de la “prohibición de regreso”, que limitaría la responsabilidad de armadores e inspectores una vez que la embarcación zarpa.
“Para los jueces, un sello en una oficina vale más que la realidad de un barco que era una trampa mortal”, cuestionaron los familiares. Denuncian que los certificados de navegabilidad se habrían obtenido con datos falsos sobre la estabilidad del buque, incluyendo la supuesta existencia de aletas de balance que no estaban instaladas. A su entender, la Justicia optó por priorizar la documentación administrativa por sobre las condiciones materiales reales de la embarcación.
Otro de los puntos señalados es la desestimación de peritajes técnicos elaborados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST). Dichos informes concluyeron que el barco no estaba en condiciones aptas para la pesca de langostino y que su estructura presentaba un deterioro significativo, con modificaciones que habrían afectado su estabilidad.
“Al negar el juicio oral, la Cámara impide que estas pruebas sean confrontadas y expuestas ante la sociedad”, afirmaron. Para las familias, la decisión impide debatir públicamente las responsabilidades empresariales y estatales. Asimismo, rechazan que la tragedia se atribuya exclusivamente a las condiciones climáticas o a decisiones del capitán, también víctima del naufragio.
Frente a este escenario, anunciaron que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el acompañamiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“No buscamos venganza, solo exigimos justicia para que estos hechos no queden impunes y se puedan evitar en el futuro”, concluye el documento. Y cierran con una consigna que resume casi una década de lucha: “¡Sin justicia no hay seguridad náutica! ¡Ningún hundimiento más!”