La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) inició un proceso estatutario para analizar si el voto del senador nacional y docente de la Facultad de Derecho constituye una causal de expulsión del gremio. En diálogo con el Retrato, la secretaria general Abigail Araujo aclaró que se trata de un estudio en curso, no de una sanción inmediata, y advirtió que los legisladores deben entender que “sus votos y sus definiciones políticas tienen consecuencias”.
La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) resolvió en asamblea iniciar un proceso para evaluar la posible expulsión de Maximiliano Abad, senador nacional por la provincia de Buenos Aires y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El motivo es su voto afirmativo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, una posición que el gremio considera incompatible con la defensa de los derechos de los trabajadores y, en particular, de los docentes universitarios.
Abigail Araujo, secretaria general de ADUM, contextualizó la medida: “Como gremio sacamos un rechazo a todos los legisladores y legisladoras, tanto en el Senado como en Diputados, que acompañaron esta reforma laboral que no resuelve ninguno de los problemas de la clase trabajadora. Al contrario, la somete, le quita derechos, la precariza, la esclaviza y también termina afectando los derechos de la docencia universitaria.”
El gremio argumenta que la reforma pone en riesgo el convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios, el sistema jubilatorio al intervenir la caja de ANSES, desregula los colegios profesionales donde se registran los graduados, amenaza el derecho a huelga y desfinancia y persigue a los sindicatos. “Todas esas cuestiones nosotros las comunicamos a nuestros afiliados y afiliadas en todo momento, que era la postura que se fue construyendo también en los ámbitos democráticos del gremio”, explicó Araujo.
“Es un proceso estatutario, no una sanción inmediata”
Araujo aclara que no se trata de una expulsión consumada sino de un estudio en curso. “Nosotros estamos haciendo un estudio estatutario para evaluar cómo debería ser ese proceso, no es una cuestión inmediata y se hace en una asamblea, porque también afiliarse a un sindicato es un derecho humano. Nosotros estamos estudiando para ser precisos con cuál sería el procedimiento.”
La asamblea mandató analizar si el voto de Abad constituye una causal de expulsión prevista en el estatuto del gremio. El procedimiento incluye varios pasos: “Se tiene que constituir una comisión, se tiene que evaluar si alguna de las causales estatutarias se violaron con este voto, y después seguramente existan esas instancias de descargo del afiliado”, detalló Araujo.
La respuesta a la acusación de “intolerancia”
Una de las críticas más recurrentes ante este tipo de medidas es la de imponer una línea ideológica única y expulsar al que piensa distinto. Araujo rechazó esa lectura y apeló a la paradoja de la intolerancia para fundamentar la posición del gremio. “Hay una paradoja de la intolerancia que indica que uno no puede ser tolerante con quien lo está atacando directamente, y nosotros entendemos la reforma laboral como un ataque.”
Y profundizó: “Nosotros tenemos muchos afiliados y afiliadas que piensan distintas cosas, para eso están los ámbitos democráticos del gremio para su participación, y no estamos haciendo una impugnación de su preferencia o elección política. Para nosotros todas las definiciones de los gremios efectivamente son políticas. Tener la oportunidad en ese momento de defender o no los derechos de los docentes es una responsabilidad muy grande, y de esa responsabilidad y de ese voto tiene que dar cuenta no solo al gremio, sino en realidad a los marplatenses en general, me parece, y a los bonaerenses que lo eligieron.”
Araujo aseguró que el gremio no impugna la preferencia política de Abad sino su acción concreta como legislador en una votación que afecta directamente los derechos de los docentes.
Consultada sobre si esta iniciativa sienta un precedente para futuros caso su respuesta no solo fue afirmativa y si no que también lanzó una advertencia dirigida al conjunto de la dirigencia política: “Yo creo que es importante que entiendan los y las legisladoras que sus votos y sus definiciones políticas tienen consecuencias en general, que existe una consecuencia social de avalar proyectos que atacan a la clase trabajadora o a ciertos sectores sociales.” La medida de ADUM sobre Abad no es, en esta lectura, un caso aislado sino parte de una estrategia más amplia del sindicalismo para exigir coherencia entre el origen político o profesional de un legislador y su voto en el Congreso.