Un puñado de diputados nacionales y rectores de universidades públicas rechazó el proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que la iniciativa implica un nuevo recorte de recursos a la educación superior. Los legisladores y las autoridades académicas presionaron a la administración de Javier Milei a que cumpla la norma vigente y descartaron la posibilidad de reemplazarla por un nuevo esquema.
La reunión se realizó este martes en la Cámara de Diputados por convocatoria de la diputada de Unión por la Patria, Blanca Osuna, en un clima de alta tensión política. En ese marco, el debate se desarrolla mientras la ley sancionada en 2025 permanece judicializada por el incumplimiento del Ejecutivo libertario.
El presidente del bloque justicialista, Germán Martínez, participó del encuentro junto a sus pares legislativos Lucía Cámpora, Paula Penacca, Cecilia Moreau e Itai Hagman, además de los dirigentes opositores Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, Romina del Plá y Myriam Bregman, quienes cuestionaron que el oficialismo intente modificar una ley cuyo veto presidencial, el Congreso ya rechazó con los dos tercios de los votos.
Además, los legisladores afirmaron que la normativa vigente establece una recomposición presupuestaria y salarial clara, que el Gobierno debe respetar. En contrapartida, los representantes de la oposición sostuvieron que la nueva presentación libertaria reduce el alcance de la actualización y modifica el espíritu de la Ley de Financiamiento Universitario ya aprobada por el Congreso.
En representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la titular de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Sandra Torlucci, dio lectura a un pronunciamiento del organismo durante el encuentro. La autoridad académica defendió la ley sancionada por el Congreso y renovó el reclamo para que el Poder Ejecutivo cumpla de manera plena con la norma vigente.
Por su parte, el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, tomó la palabra y sumó sus críticas hacia la nueva iniciativa legislativa. “El proyecto oficial persigue un solo objetivo que es la destrucción total de la universidad pública”, sostuvo el representante universitario, quien además calificó la situación de las casas de altos estudios como “muy grave”.
Vale precisar que la modificación que el Ejecutivo envió al Congreso propone recomponer únicamente lo perdido en el 2025 y excluye la actualización correspondiente al 2024. La iniciativa de las filas libertarias contempla una suba salarial del 12,3% en tres cuotas de 4,1% en marzo, julio y septiembre, mientras que la ley vigente establece la recomposición de lo perdido por IPC desde diciembre de 2023.
Además, la propuesta oficial también establece convocar a paritarias al menos una vez cada tres meses con actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación que informe el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Sin embargo, gremios docentes y rectores advirtieron que la redacción elimina garantías explícitas previstas en la ley actual y no asegura la recuperación integral del poder adquisitivo.
En tanto, la conducción de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) también fijó postura frente al conflicto que el sector arrastra desde la llegada de la actual administración libertaria. “La única solución posible es el cumplimiento de la ley vigente”, señalaron desde la federación, que recordó además que el Congreso ya votó la norma en seis oportunidades y ratificó su vigencia.
Ante este panorama, la CONADU puntualizó que la ley obliga al Estado a recomponer salarios, becas y gastos de funcionamiento, incluidos hospitales universitarios y actividades de extensión. Por su parte, la Federación Nacional de Docentes Universitarios advirtió que la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 supera el 30% y que el sistema necesitaría una recomposición cercana al 55% para recuperar el poder adquisitivo previo.
Mientras el conflicto político y gremial escala, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal deberá resolver una medida cautelar que exige el cumplimiento de la ley vigente. La decisión judicial definirá si el Ejecutivo debe aplicar de inmediato la norma sancionada o si el oficialismo avanza con su nuevo proyecto en el inicio de las sesiones ordinarias.
Milei busca modificar el Financiamiento Universitario
En medio de las presiones del oficialismo para modificar los mecanismos de financiamiento universitario, la administración mileísta redujo de manera sostenida los recursos destinados a la educación superior en general. Por caso, con la sanción del Presupuesto 2026, las universidades recibirán uno de los montos más bajos de las últimas dos décadas.
En detalle, este año, los presupuestos universitarios sufrirán una caída real de alrededor del 34% respecto a 2023 y una disminución de fondos incluso frente a 2025, pese a aumentos nominales.
En efecto, el Estado destinaría aproximadamente 0,47% del PBI a las universidades, un porcentaje históricamente bajo, al mismo tiempo que el Ejecutivo realizará fuertes reducciones en becas, ciencia y tecnología.
A esta crítica situación, se le suma la caída sostenida del gasto real universitario, que ya había registrado descensos de más del 30% respecto a 2023, con recortes puntuales como la reducción de transferencias directas a las casas de estudio por miles de millones de pesos en 2025.
También, desde las universidades denunciaron recortes de hasta 30% en presupuestos de hospitales universitarios, lo que desembocó en marchas de toda la comunidad educativa, que advirtió que los recortes comprometen el funcionamiento, el salario real de docentes y el acceso a una educación pública de calidad.