El Ministerio de Transporte bonaerense autorizó la instalación de nuevos dispositivos de control de velocidad en rutas provinciales del partido de General Pueyrredon, en un contexto atravesado por investigaciones judiciales y disputas políticas en torno al sistema de fotomultas. La medida, oficializada mediante una resolución administrativa, alcanza a equipos fijos y móviles provistos por la firma Tránsito Seguro.
La decisión impacta en tramos de las rutas 2, 88 y 11, donde el Municipio podrá implementar controles en sectores con límites de entre 60 y 80 kilómetros por hora. Según se desprende de los considerandos, el gobierno local fundamentó el pedido en “diversos informes accidentológicos” y en la necesidad de incorporar tecnología para reducir la siniestralidad vial.
Sin embargo, la habilitación se produce en medio de un escenario sensible, ya que las concesiones alcanzan a empresas vinculadas al empresario, Leandro Camani, titular de Secutrans, quien mantiene enfrentamientos judiciales con el presidente de la AFA y titular del CEAMSE, Claudio Tapia. El dirigente deportivo denunció presuntas maniobras extorsivas, tras negarse a ampliar el negocio de las fotomultas en predios bajo su órbita.
En su presentación judicial, Tapia sostuvo que recibió un pedido “de carácter económico-administrativo” para habilitar nuevas cámaras en corredores estratégicos y que, ante su negativa, comenzaron presiones. “Me negué de manera expresa y categórica”, afirmó el dirigente del fútbol, y agregó que tras rechazar la propuesta “se iniciaron acciones tendientes a materializar la ofensiva judicial anunciada”.
Camani, por su parte, quedó recientemente bajo la lupa luego de que la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (CECAITRA) solicitara a la Justicia federal que investigue supuestos vínculos con un presunto narcotraficante radicado en Pilar. La presentación se suma a otras controversias que rodean al sistema de fiscalización electrónica en distintos distritos bonaerenses.
En paralelo, dentro del oficialismo provincial admiten que la situación generó incomodidad y según trascendió, el propio gobernador, Axel Kicillof, habría solicitado explicaciones a la cartera de Transporte de Martín Marinucci para conocer los fundamentos de las nuevas autorizaciones en este contexto de litigios cruzados.
Otro de los puntos que genera debate es la posibilidad de que el sistema de juzgamiento de infracciones quede en manos privadas, ya que sectores técnicos advierten que, de avanzar esa alternativa, la Provincia podría perder trazabilidad y control sobre el material remitido, lo que implicaría delegar en empresas la administración de actas y documentación sensible. Cabe recordar que, el sistema de fotomultas ya estuvo en manos de un privado, lo que desembocó en desvíos y averías.
En Mar del Plata, además, persisten cuestionamientos por la falta de balances públicos sobre el impacto del esquema de fotomultas implementado hace más de tres años. Es que, el Observatorio de Seguridad Vial no publica informes actualizados desde 2023 y un pedido de informes presentado en el Concejo Deliberante no obtuvo respuesta oficial.
La resolución provincial también ordena al Municipio realizar campañas de difusión y concientización antes de poner en funcionamiento los nuevos equipos, así como informar periódicamente sobre su ubicación y características técnicas.
Investigación judicial sobre las fotomultas y Camani
El conflicto judicial se originó a partir de una denuncia vinculada a una propiedad en Pilar, que derivó en acusaciones cruzadas entre Tapia y el empresario. El titular de la AFA afirmó que la denuncia penal “no surgió de manera espontánea”, sino que respondió a una secuencia previa de pedido, negativa y amenaza.
Camani es responsable de Secutrans S.A., empresa dedicada a la provisión e instalación de sistemas automatizados de control de tránsito en distintos municipios bonaerenses. El sector estima que las compañías retienen un porcentaje mayoritario de la recaudación por multas, mientras el resto se distribuye entre Provincia y distritos.
En los últimos años, el empresario también fue mencionado en otros expedientes judiciales y controversias mediáticas, aunque en algunos casos resultó sobreseído o absuelto.
Mientras avanzan las investigaciones en la Justicia bonaerense y federal, la autorización de nuevos radares reabre el debate político sobre el alcance del sistema de fotomultas y el control estatal de los procesos sancionatorios en la provincia de Buenos Aires.