El titular del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, presentó un proyecto para suspender los plazos procesales en el Tribunal Fiscal de Apelación desde el 1 de octubre de 2025 y hasta que el organismo provincial quede plenamente integrado. La iniciativa surge, tras la demora en la jura de los vocales aprobados por la Legislatura en diciembre pasado, y busca evitar la caducidad de instancias y la prescripción de acciones fiscales mientras el cuerpo revisor no se encuentre operativo.
El legislador fundamentó la medida en la “imposibilidad material de funcionamiento” del Tribunal, que actualmente no cuenta con la integración mínima necesaria para dictar resoluciones válidas. Según el texto, la falta de conformación del órgano fiscal impide el avance de las causas en trámite y configura una situación de gravedad institucional.
En ese marco, el proyecto dispone que la suspensión alcanzará todos los actos procesales que puedan derivar en caducidad, preclusión o pérdida de derechos, incluidos los plazos para interponer recursos, contestar traslados, ofrecer prueba o dictar resoluciones y sentencias.
Sobre este punto, Garciarena sostuvo en los fundamentos que mantener el cómputo de los plazos en un órgano que no puede resolver “vulnera el principio de razonabilidad y compromete la seguridad jurídica”. Por otra parte, el dirigente opositor advirtió que el transcurso del tiempo en este contexto, puede afectar el crédito fiscal provincial y provocar un perjuicio directo al erario público ante la eventual prescripción de acciones o sanciones.
Bajo esta premisa, la iniciativa fija su aplicación retroactiva al 1° de octubre de 2025 con el fin de evitar vacíos normativos y conflictos interpretativos en el cómputo de los plazos durante el período en que el órgano no pudo funcionar. Además, la presentación establece que los términos se reanudarán automáticamente una vez que el Tribunal quede integrado en número suficiente y pueda retomar su actividad con normalidad.
Vale precisar que, la discusión reabre el capítulo de las negociaciones de diciembre en la Legislatura bonaerense, cuando el oficialismo y la oposición acordaron el tratamiento del Presupuesto 2026 y avanzaron en paralelo con los pliegos para cubrir las vacantes en el Tribunal Fiscal. En ese contexto, ambas Cámaras prestaron acuerdo a los nombres propuestos para integrar el organismo, aunque el proceso aún no se completó con la jura correspondiente.
Durante la sesión del pasado 4 de diciembre, el Legislativo provincial dio luz verde a las designaciones de los abogados Virginia García, Gabriel De Pascale, Federico Carozzi, Mariana Rodríguez y Ángel Villegas, así como de los contadores Marcelo Giampaoli, Cecilia Oroz y Fernanda Campo. Más tarde, el Ejecutivo bonaerense formalizó las designaciones mediante el decreto correspondiente, aunque el procedimiento aún no se completó con la toma de juramento de los vocales.
En tanto, la ausencia de juramento deja en suspenso la asunción formal de vocales y deja al organismo sin integración completa. Frente a este escenario, dirigentes opositores acusan que la ceremonia ya se reprogramó varias veces y subrayan que la demora supera los tres meses desde que la Legislatura prestó acuerdo.
En definitiva, la paralización de hecho del órgano genera un doble impacto. Por un lado, los contribuyentes quedan expuestos al riesgo de perder derechos ante un tribunal que no puede dictar sentencia; por otro, el Estado provincial puede ver comprometido su crédito fiscal si las acciones prescriben por el simple transcurso del tiempo sin resolución.
A través del proyecto, Garciarena busca cerrar el frente jurídico que podría derivar en pérdidas millonarias para la Provincia y, al mismo tiempo, poner en evidencia el costo político de la demora oficial. Por caso, la discusión volverá ahora al Parlamento bonaerense, donde el oficialismo deberá optar entre acompañar la suspensión de plazos o avanzar con la integración del Tribunal para evitar un nuevo foco de tensión institucional.
En qué consiste el Tribunal Fiscal de Apelación y cuáles son sus funciones
El Tribunal Fiscal de Apelación constituye la última instancia administrativa en materia tributaria dentro de la provincia de Buenos Aires. El organismo bonaerense revisa los actos dictados por la autoridad fiscal provincial y garantiza el debido proceso, el derecho de defensa de los contribuyentes y el control técnico de la actividad administrativa.
El antecedente del Tribunal se remonta al año 1948, cuando la Ley 5.246 creó la Cámara Fiscal de Apelación junto al primer Código Fiscal bonaerense. En 1956, la Provincia consolidó formalmente al cuerpo revisor como órgano autónomo, con el objetivo de fortalecer su independencia funcional.
Asimismo, la Ley Orgánica, establecida por el decreto ley 7.603/70 y luego modificada, fijó una integración de nueve vocales, seis abogados y tres contadores, organizados en tres salas interdisciplinarias. El sistema establece la designación mediante concurso de antecedentes con acuerdo legislativo y procura garantizar estabilidad y autonomía técnica frente al Poder Ejecutivo.