En un contexto de deterioro en la capacidad de pago de los hogares y con una morosidad bancaria que ya alcanzó el 5,5%, el nivel más alto desde 2010, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, resolvió la suspensión por 60 días el cobro de cuotas del programa Buenos Aires CREA, una iniciativa orientada a la refacción y ampliación de viviendas.
De esta manera, la medida adoptada por el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires introduce un alivio transitorio para las familias beneficiarias mientras se desarrolla una transición administrativa y se monitorea la evolución del recupero, en un escenario signado por los datos recientes del Banco Central de la República Argentina que muestran un empeoramiento en la calidad de la cartera crediticia.
Es preciso mencionar que, si bien el sistema financiero cerró el 2025 con una mora del 5,5% sobre el total de préstamos al sector privado, el comportamiento es más crítico en los créditos a familias. Es que, en ese segmento, la irregularidad escaló hasta el 9,3%, con picos del 12% en préstamos personales y del 9,3% en tarjetas, lo que refleja una presión creciente sobre el ingreso disponible de los hogares.
En ese marco, cualquier esquema de financiamiento vinculado al consumo o a mejoras habitacionales queda bajo tensión, especialmente aquellos que dependen de sectores sociales con menor margen presupuestario. Por su parte, el programa Buenos Aires CREA se nutre precisamente de esa franja, ya que está destinado a obras de refacción y ampliación domiciliaria, por lo que la relación cuota-ingreso se volvió más exigente que la proyectada al momento de otorgar los créditos.
En tanto, la desaceleración inflacionaria redujo la licuación de pasivos y los salarios reales no acompañaron el ritmo de las tasas de interés reales, lo que alteró el equilibrio inicial de los préstamos, y a pesar de que los créditos hipotecarios tradicionales presentan una mora menor, en torno al 1,2%, las líneas ajustadas por UVA evidenciaron un deterioro más marcado, con niveles de irregularidad del 7,5%, situación que confirma que incluso los préstamos con garantía real no están exentos de estrés financiero, en un escenario de mayores restricciones y endurecimiento en los criterios de otorgamiento por parte de las entidades.
Por caso, la suspensión del cobro de cuotas y de las intimaciones en el marco del programa Buenos Aires CRE se dispuso tras la disolución del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE), establecida por la Ley 15.557 de Presupuesto 2026. Formalmente, la medida responde a la transición administrativa derivada de esa decisión, ya que en términos prácticos introduce una pausa de 60 días que mejoraría el flujo de caja de los hogares beneficiarios en un momento de encarecimiento del crédito y contracción del financiamiento privado.
Sin embargo, el diferimiento no implica condonación de deuda, ya que las cuotas del programa Buenos Aires CREA se prorrogan y la obligación de pago subsiste, aunque el efecto inmediato es descomprimir la carga mensual en un mercado donde la mora familiar alcanzó máximos históricos. En contraste con el segmento corporativo, cuya mora cerró en 2,5%, el deterioro se concentra en el consumo y el financiamiento minorista, lo que posiciona a programas públicos como instrumentos de carácter contracíclico.
De esta manera, el desafío para el Gobierno de la Provincia será absorber administrativamente el programa sin generar desorden en la cartera y evitar que la pausa excepcional se transforme en un incremento estructural de la morosidad dentro del propio esquema regional. Es que, en una economía donde el crédito al sector privado representa el 43,9% del activo bancario y la mora familiar marca niveles récord, la decisión aparece como una medida técnica con fuerte lectura social, orientada a contener el impacto de una crisis de ingresos que ya se refleja en los balances del sistema financiero.