El militante radical José María Conte analizó el proyecto de incorporar parte del cobro de la Tasa por Servicios Urbanos (TSU) a la factura eléctrica de EDEA, junto con la posible inclusión del mantenimiento del alumbrado público en la tarifa de electricidad. Desde su mirada, construida a partir de su experiencia como ex funcionario municipal de gestión del radicalismo, el debate debe centrarse en criterios técnicos, económicos y jurídicos, más que en la mera conveniencia recaudatoria.
En el contexto actual, varios municipios de la Provincia de Buenos Aires ya aplican este sistema. En el distrito en cuestión, el mantenimiento del alumbrado público está hoy incluido dentro de la TSU junto con otros servicios urbanos. Sin embargo, Conte advierte que cualquier modificación debe garantizar transparencia, sustentabilidad, legalidad y no duplicidad tributaria.
El ex funcionario subraya la necesidad de respetar una ecuación económica obligatoria. Si parte del mantenimiento pasa a cobrarse vía tarifa eléctrica, debe determinarse con precisión cuánto se deja de percibir por TSU y cuánto se incorporará mediante EDEA. “Si se recaudan $100 por la factura eléctrica, esos mismos $100 deben descontarse de la TSU”, ejemplifica. De lo contrario, podría configurarse doble imposición, aumento encubierto de tasas y hasta una eventual vulnerabilidad ante impugnaciones judiciales.
Además, sostiene que los recursos obtenidos deben contar con asignación específica al mantenimiento del alumbrado público, transparentando su destino e incluyendo compra de insumos, renovación de equipamiento, vehículos, herramientas e incluso capacitación técnica.
El principio rector, concluye, debe asegurar sustentabilidad económica, neutralidad tributaria, transparencia presupuestaria y mejora efectiva del servicio. El traslado del cobro puede ser viable, afirma, siempre que exista equivalencia económica real y reducción proporcional de la TSU, con garantías claras sobre el uso de los fondos.