Tras la masiva movilización que recorrió el centro de Mar del Plata en reclamo de seguridad, el abogado penalista y exoficial de policía, Martín Ferrá, desmenuzó, en diálogo con el Retrato, las fallas sistémicas del Poder Judicial, el desmantelamiento preventivo y la apatía política que garantizan un 98,3% de impunidad en la provincia de Buenos Aires.
Bajo la consigna “Mar del Plata Despierta”, miles de ciudadanos materializaron un hartazgo acumulado mediante una movilización pacífica que, partiendo desde el Monumento a San Martín, trazó un recorrido de cinco kilómetros para interpelar directamente a los tres estamentos del poder: la Municipalidad, los Tribunales y la Jefatura Departamental. El evento, desprovisto de banderas partidarias y organizado por más de quince asociaciones vecinales, transcurrió en una ciudad ya tensionada por la adhesión de múltiples gremios a las medidas de fuerza contra la reforma laboral.
Frente a la sede policial de la calle Gascón, una de las voces que articuló el descontento fue la de Martín Ferrá. Abogado penalista con más de 25 años de ejercicio, egresado con diploma de honor de la Universidad Nacional de Mar del Plata y exoficial de la policía bonaerense. En diálogo con el Retrato, el letrado expuso una disección minuciosa del aparato de seguridad y justicia, evidenciando que la crisis actual no es producto de una fluctuación coyuntural, sino el resultado matemático de un sistema que ha dejado de funcionar.
“El hecho de que los vecinos se hayan autoconvocado y organizado es altamente positivo”, definió Ferrá al evaluar la manifestación. Para el especialista, el esfuerzo físico de una población angustiada por la economía, que dedicó tres horas al cierre de su jornada laboral para exigir respuestas, representa un límite social ante una dirigencia que no termina de dar respuestas. “Pusieron el cuerpo para decir: señores, basta, nos están robando a todos, nos están matando a todos, y quienes tienen que trabajar para contrarrestarlo no están cumpliendo su función debidamente”, sostuvo.
La mentira de la estadística oficial
El análisis del abogado desmonta la narrativa gubernamental que celebra reducciones marginales en los índices de criminalidad. Apoyado en los registros informáticos del Ministerio Público Fiscal, Ferrá dimensionó la verdadera magnitud del problema. Mientras que en el año 2007 ingresaban 21.000 causas penales en el Departamento Judicial de Mar del Plata, el registro de 2024 cerró con más de 60.000 expedientes, lo que supone un incremento del 200%. A nivel provincial, la curva es idéntica: de 500.000 causas en 2007, el volumen ascendió a casi 1.100.000 en el último año computado.
“Cuando te dicen que bajó la inseguridad, son cuestiones falaces. A la Provincia le están entrando más de un millón de delitos. Por más que bajen 100.000, es una barbaridad y una criminalidad tremenda”, argumentó, advirtiendo que esta cifra oficial representa apenas un 10% del delito real debido al subregistro de denuncias no radicadas.
Ferrá ilustró la situación con datos hospitalarios que contradicen la supuesta pacificación del territorio. Aunque el promedio local de homicidios descendió a una franja de entre 40 y 50 casos anuales frente a los casi 100 registrados en 2015, la violencia armada mantiene una intensidad alarmante. “¿Sabés cuántos heridos reportan los medios periodísticos por año? Cien heridos de bala. ¿Sabés cuántos reporta la estadística de la guardia del Hospital Interzonal General? Doscientos cincuenta. Un 150% más de heridos de bala todos los años, que no son homicidios no por falta de intención, sino por mala puntería del tirador”, precisó.
La maquinaria de la impunidad judicial: 98,3 de impunidad
La crítica más severa del exoficial se dirige a los Tribunales y Fiscalías, señalando una ineficacia procesal que opera como incentivo directo para el crimen. De ese millón de causas anuales que absorbe la justicia bonaerense, la tasa de resolución expone el fracaso del sistema acusatorio implementado en 1998.
“El 90% de las causas penales que ingresan en la provincia de Buenos Aires se archivan y desestiman. Solo un 5% son elevadas a juicio y un 7% tienen llamado a indagatoria. El sistema acusatorio tiene un índice de condena de aproximadamente un 1,7%. Como contrapartida, nos da un 98,3% de impunidad”, detalló Ferrá.
Mar del Plata sufre el robo de entre 2400 y 2500 vehículos por año
Esta parálisis encuentra un ejemplo paradigmático en el robo automotor. Con un promedio de entre 2.400 y 2.500 vehículos sustraídos anualmente en Mar del Plata, el índice de esclarecimiento no alcanza el 10%. La responsabilidad, según el penalista, recae en las prácticas habituales del Ministerio Público, que atenúa las imputaciones para acelerar las liberaciones.
“Cuando la policía detiene a un delincuente arriba de un auto sustraído, la Fiscalía, en vez de imputar robo agravado (que tiene una pena de 5 a 15 años) a una persona con múltiples antecedentes, califica de encubrimiento y le da la libertad por el artículo 161 del Código Procesal”, explicó. “En menos de lo que le llevó robar el auto y en mucho menos de lo que le llevó a la policía detenerlo, el tipo está en libertad en la calle y seguramente robando autos nuevamente”.
La exigencia del abogado frente a este escenario es la implementación de auditorías integrales internas tanto para las unidades descentralizadas como para la Fiscalía General, cuya titularidad permanece inalterada desde hace más de veinticinco años sin rendición de cuentas sobre estos resultados. La degradación del control judicial llegó a extremos insólitos, recordó Ferrá, cuando entre 2010 y 2012 el propio depósito del Palacio de Tribunales fue desvalijado en dos oportunidades, perdiéndose cientos de armas de fuego sin que se conozcan sanciones o condenas al respecto.
El desmantelamiento preventivo y la ceguera política
En el plano estrictamente policial, el panorama exhibe un retroceso operativo que anula cualquier capacidad de prevención. Ferrá propuso medidas inmediatas de “terapia intensiva”, comenzando por la reactivación de la Escuela de Policía Juan Vucetich descentralizada, clausurada para el egreso de oficiales desde diciembre de 2019.
La falta de formación de nuevos agentes ha diezmado la presencia estatal en el espacio público. “En 2014, el Comando de Patrullas de Mar del Plata tenía 100 móviles y 100 cuadrículas jurisdiccionales. En 2024, bajó a 60 cuadrículas y 60 móviles. Un 40% menos cuando tenemos un aumento del 200% de los delitos”, contrastó, exigiendo que las fuerzas de seguridad retornen a su función natural en la calle en lugar de redactar sumarios administrativos en las comisarías.
Sin embargo, el letrado advirtió que la ejecución de estas soluciones choca con un profundo desinterés de la clase dirigente. En septiembre del año pasado, anticipando el pico de criminalidad, Ferrá solicitó formalmente el uso de la Banca 25 en el Concejo Deliberante para proponer modificaciones estructurales, entre ellas, extender el exiguo límite de exposición de siete minutos a una media hora de debate técnico. Meses después, intentó ser recibido por la Comisión de Seguridad. Ninguna de las peticiones obtuvo respuesta. “Esta es la desidia y el desinterés que muestran ciertos representantes en una ciudad atosigada y ahogada de criminalidad”, lamentó.
La distribución de responsabilidades
Finalmente, el abogado saldó el debate jurisdiccional que suele enfrentar al Municipio con el Gobierno bonaerense, estableciendo límites claros a las competencias. “La responsabilidad originaria, primaria y central es de la provincia de Buenos Aires, del gobernador y del ministro de seguridad”, sentenció, cuestionando duramente la falta de idoneidad del actual ministro Javier Alonso, a quien describió como un técnico en minoridad sin la pericia necesaria para conducir una fuerza de 100.000 efectivos.
Para Ferra, la función del municipio reside en la higiene urbana, el ordenamiento del espacio público y la obligación política de canalizar los reclamos vecinales, pero no en la provisión directa de seguridad.