La cumbre de Gobernadores prevista para este miércoles por la tarde en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se cayó por falta de quorum, en medio de negociaciones abiertas con el Gobierno nacional. En la previa del debate legislativo, un grupo de mandatarios evaluó discutir el impacto fiscal de la reforma laboral, aunque evitó avanzar en una foto política que podría incomodar al oficialismo.
El encuentro había comenzado a tomar forma como un espacio para discutir los cambios en el Impuesto a las Ganancias incluidos en el proyecto, y su eventual efecto sobre la coparticipación federal. No obstante, varios mandatarios provinciales adujeron “cuestiones de agenda” y optaron por no avanzar con la foto conjunta, en medio de un delicado equilibrio político.
En tanto, los Gobernadores continúan moviéndose con cautela y administran sus posiciones en función de las conversaciones que mantienen con el Ejecutivo de Javier Milei. Algunos dirigentes buscan evitar gestos que puedan entorpecer las tratativas con la Casa Rosada, especialmente cuando el Gobierno apunta a llevar el debate al Senado en los próximos días.
Desde una gobernación dialoguista, admitieron que la reunión no garantizaba consensos claros. “Si se hace, no van a ir todos. Y tampoco vemos que salga algo de ahí”, deslizaron en la previa. Según pudo reconstruirse a partir de contactos con distintos distritos, los mandatarios más interesados en motorizar el encuentro pertenecen al peronismo.
Vale precisar que los Gobernadores comenzaron a poner reparos sobre su apoyo a la reforma laboral, tras rechazar el impacto que tendrá en la recaudación de las provincias los cambios en el Impuesto a las Ganancias, que modificará por consiguiente la coparticipación federal.
Según estimaciones de los propios gobernadores, el impacto de la normativa en los fondos automáticos rondaría entre los $5.000 y $6.000 millones mensuales. Frente a este escenario, los caciques reclamaron que las provincias sean “compensadas” si la norma se aprueba sin modificaciones.
Lo cierto es que, la iniciativa del Ejecutivo plantea una reducción de alícuotas para las sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para los alquileres destinados a vivienda, por lo que el costo fiscal sería del 0,22% del PBI.
En ese sentido, la modificación equivale a $1,9 billones anuales, de los cuales $790.000 millones corresponderían a Nación y 1,12 billones al conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El antecedente inmediato a esta situación, que pesa en las negociaciones por la reforma laboral, es la caída de la coparticipación en 2023, tras la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias impulsada por Sergio Massa.
En aquella oportunidad, los gobernadores reclamaron compensaciones y propusieron coparticipar el impuesto al cheque. Sin embargo, al asumir, Milei restituyó Ganancias y eliminó el Compre sin IVA, lo que enfrió el conflicto.
“No estamos para resignar más fondos“, admitió la semana pasada el norteño Gustavo Sáenz, tras reunirse con el ministro del Interior y con sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), aliados peronistas de la Casa Rosada, con los que el mileísmo espera contar en el debate.
En ese marco, el triunvirato del norte le acercó al Gobierno una propuesta para compensar las pérdidas en Ganancias: coparticipar el impuesto al cheque, iniciativa que naufragó en distintas ocasiones.
“La recaudación de las provincias viene cayendo, con el IVA y la falta de consumo, por eso buscamos alternativas, algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos para las provincias“, alertó Sáenz, quien anticipó que, de aprobarse el proyecto, Salta perdería $80.000 millones.
Vale recordar que, en 2025, los 24 jefes provinciales protagonizaron una serie de reuniones en el CFI cuyo fruto fueron dos proyectos incómodos para el oficialismo libertario. Uno planteaba la creación de un sistema de distribución automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo subtexto era quitarle discrecionalidad a la Casa Rosada para distribuir esos fondos.
En tanto, el otro buscaba hacer coparticipable el impuesto a los combustibles, vía que las provincias leyeron como plausible para recuperar parte del dinero perdido, consecuencia de la motosierra de Javier Milei. El primero fue aprobado y posteriormente vetado por el Ejecutivo, mientras que el segundo no llegó a tratase en el Congreso.
Reforma laboral: la postura de los gobernadores dialoguistas sobre la iniciativa
Dentro de la órbita de los caciques dialoguistas, el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro se anticipan escurridizos. De momento, Santilli no tiene previsto visitar esas provincias. Sin embargo, en despachos mediterráneos comentaron que “hasta ahora no hablaron nada”. “Si no hablan seriamente, no aprobamos. Si hablan, hay varios aspectos que podemos acompañar y aportar para mejorar otros“, alertaron.
De todas formas, desde las fuerzas del cielo descuenta que contará con el respaldo de los norteños, piezas claves en la aprobación de distintas iniciativas oficiales como la Ley Bases, el Presupuesto 2026 y el paquete fiscal. En el ecosistema conviven los peronistas díscolos Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) y los provincialistas Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).