Tras una denuncia en la Comisaría de la Mujer, la Fiscalía Descentralizada ordenó pruebas médicas y de laboratorio: los cinco menores, de entre 6 meses y 11 años, arrojaron resultado positivo para cocaína. Luego de conocerse el resultado toxicológico, el padre fue detenido; y al declarar ante el Fiscal Rodolfo Moure (FOTO), negó los hechos ante el fiscal Rodolfo Moure, sostuvo que la madre es consumidora y pidió que se realicen entrevistas en Cámara Gesell a los menores. Ahora la investigación busca determinar cómo se suministró la droga y validar las pericias realizadas.
El caso tuvo su inicio cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer y denunció a su actual pareja, padre de sus seis hijos, por violencia de género. Al pedir una orden de restricción de acercamiento por hechos ocurridos el domingo, la denunciante manifestó que su ex pareja la drogaba y expresó su temor de que lo mismo ocurriera con los menores en el entorno familiar.
Aunque la primera medida correspondió al Juzgado de Paz, la Fiscalía Descentralizada -al tomar el caso- ordenó trasladar a los seis niños al Hospital Municipal para realizar pruebas toxicológicas. Los menores, cuyas edades oscilan entre los 2 meses y los 13 años, arrojaron resultados positivos para cocaína en sangre, según los informes médicos.
Con esos informes, el fiscal Rodolfo Moure solicitó la detención de la pareja denunciada. Fuentes judiciales aclararon que el hombre contaba con una condena anterior. Tras la orden judicial, se allanó la vivienda familiar y en el procedimiento se secuestró cocaína; no se difundió la cantidad. Peritos policiales informaron además haber encontrado restos de clorhidrato de cocaína sobre una mesada del domicilio.
Luego de declarar ante Moure el acusado fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N° 44 de Batán, imputado por suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad, un delito que contempla penas de entre 6 y 20 años de prisión.
En paralelo, el Juzgado de Paz Letrado dictó medidas cautelares de protección, que incluyen la exclusión del hogar del imputado, la prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante y los niños, y la restitución del grupo familiar al domicilio.