Este martes, el Gobierno nacional rechazó ante la Justicia de Estados Unidos el pedido para revelar la ubicación de las reservas de oro del país en el marco del juicio por la expropiación de YPF, una definición clave dentro del litigio en el que la Argentina fue condenada en primera instancia a pagar USD 16.000 millones y que vuelve a poner bajo la lupa el rol del Banco Central, la estrategia oficial frente a los fondos buitre y el manejo de activos estratégicos en el exterior.
Es preciso mencionar que, la negativa fue presentada ante el juzgado de la jueza Loretta Preska y se conoció a través del especialista Sebastián Maril, quien sigue de cerca el proceso judicial en Nueva York. Según explicó el analista, el Ejecutivo de Javier Milei respondió al requerimiento señalando que el oro no pertenece al Tesoro Nacional, sino al Banco Central de la República Argentina y que, por tratarse de una entidad formalmente independiente, el Ministerio de Economía no cuenta con acceso a información detallada sobre su localización.
En esa línea, Maril precisó que el Gobierno nacional sostuvo que “no está en condiciones de aportar esos datos”, ya que exceden su esfera de competencia administrativa. En paralelo, la administración de Milei rechazó el pedido para que el ministro de Economía, Luis Caputo, declare ante la Justicia estadounidense y brinde precisiones sobre el destino del metal.
Desde el Ejecutivo indicaron que, en todo caso, el requerimiento deberá ser dirigido directamente al Banco Central, organismo que tiene la custodia y administración de las reservas, en una postura que busca reforzar la idea de separación entre el Estado nacional y el Banco Central, un punto central dentro de la estrategia jurídica del Gobierno frente a los demandantes.
Es preciso mencionar que, detrás de este planteo se encuentra la ofensiva de los beneficiarios del fallo condenatorio, entre ellos el fondo Burford Capital, que compró los derechos del juicio por la expropiación de YPF. En ese marco, los demandantes impulsan la denominada teoría del alter ego, cuyo objetivo es demostrar que no existe una separación real entre el Estado argentino y el Banco Central, lo que permitiría avanzar con eventuales embargos sobre activos considerados estratégicos, incluidas las reservas de oro.
Mientras tanto, la Argentina ya apeló la sentencia dictada por Preska y aguarda una resolución de la Corte de Apelaciones, que será clave para establecer si el fallo queda firme o si se revisan los fundamentos de la condena. En ese escenario, la localización y el manejo del oro adquirieron un peso específico dentro de la causa, ya que los fondos buitre buscan identificar bienes en el exterior que puedan ser utilizados para ejecutar la sentencia en caso de que el país no logre revertirla.
El debate se intensificó a partir de la revelación de que el Banco Central envió parte de sus reservas de oro al exterior a mediados de 2024, una decisión que generó fuertes cuestionamientos políticos. Si bien esos movimientos no fueron informados oficialmente, quedaron expuestos a través de videos que mostraron camiones blindados trasladando el metal hacia el aeropuerto de Ezeiza.
De acuerdo con pedidos de acceso a la información pública, las operaciones se realizaron los viernes 7 y 28 de junio de 2024 mediante la transportadora Loomis y la aerolínea British Airways, con destino a Londres, por un monto cercano a los USD 450 millones.
En su momento, Caputo defendió públicamente esa operatoria y la definió como una “decisión positiva del Banco Central“, al explicar que mantener el oro fuera del país permite obtener un retorno financiero sobre un activo que, de otro modo, permanece inmovilizado, y sostener que tener el metal “encerrado” en el BCRA sin generar rendimiento “resulta negativo porque la Argentina necesita maximizar los retornos de sus activos para fortalecer su posición financiera”, en especial en un contexto de restricciones externas y litigios internacionales.
El antecedente judicial que intentó obligar a Caputo a revelar su locación
A fines del año pasado, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal consideró que el Banco Central no logró justificar el envío de las reservas de oro al exterior, y ordenó a la entidad bancaria y al ministro de Economía, Luis Caputo, a brindar detalles de la operación.
Es que, en septiembre de 2025, las autoridades del BCRA admitieron que las reservas de oro fueron enviadas al exterior, pero no brindaron detalles sobre los destinos, el monto o la finalidad de la operación, a pesar de las denuncias que realizó la oposición y los pedidos de acceso a la información pública.
En detalle, desde la entidad que preside Santiago Bausili resolvieron, “en los términos del artículo 8 inciso B y C de la ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública declarar la reserva y denegar las solicitudes de acceso a la información pública formuladas”, al fundamentar que “cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica podrá poner en peligro la seguridad de estos activos, con su consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada”.
En este contexto de zozobra, ante el desconocimiento de que se hizo con las reservas de oro, la Justicia consideró que el Banco Central no logró justificar la reserva de datos, ya que se trata de una decisión con impacto económico y relevancia pública, por lo que instigó a las autoridades a brindar información.