El gobierno de Javier Milei oficializó la intervención del puerto de Ushuaia por 12 meses, tras detectar presuntas irregularidades financieras, desvío de fondos públicos y deficiencias estructurales en la terminal marítima. La medida quedó formalizada este jueves a través de la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, y dispuso que el Estado nacional asuma la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal portuaria fueguina.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dictó la resolución luego de una serie de inspecciones realizadas durante el 2025, que alertaron sobre el deterioro de la infraestructura del muelle, la falta de protocolos de seguridad y la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades provinciales.
La norma llevó la firma del director ejecutivo del organismo, Iñaki Arreseygor, y designó al secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, al frente de la gestión de la terminal. Desde ahora, el interventor tendrá a su cargo el control integral del puerto, en un esquema que prevé asistencia de la Prefectura Naval Argentina para reforzar las tareas de seguridad.
Desde la ANPyN, las autoridades explicaron que la decisión respondió a la detección de desvíos de recursos que debían destinarse al mantenimiento y la mejora del puerto, pero que financiaron otros gastos de la administración provincial. Además, los informes oficiales señalaron riesgos operativos, falencias en la infraestructura y un escenario de vaciamiento denunciado por trabajadores portuarios y empresas navieras.
La intervención se dispuso en plena temporada alta de cruceros turísticos antárticos, en un contexto de fuerte tensión política con la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El gobernador Gustavo Melella cuestionó la decisión y sostuvo que las operaciones continúan con normalidad, aunque desde la administración fueguina anticiparon que acudirán a la Justicia para frenar la medida.
“Hay un avasallamiento importante sobre la autonomía de la provincia”, indicaron desde el Ejecutivo provincial. Las autoridades confirmaron que avanzan con una estrategia judicial para que la Dirección Provincial de Puertos recupere el control de la terminal, y aclararon que el conflicto se resolverá exclusivamente por la vía legal.
Según los antecedentes que evaluó el organismo nacional, la ANPyN ya había advertido durante 2025 sobre la posibilidad de una intervención, a partir de una denuncia que apuntó al presunto desvío de fondos específicos del presupuesto portuario hacia rentas generales. En ese marco, las inspecciones técnicas detectaron faltantes de pilotes en sectores del muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica.
Finalmente, los reportes también consignaron sistemas contra incendios obsoletos, fallas en la señalización y el alumbrado, carencias en los controles de tránsito pesado y problemas en la gestión de residuos. En lo que respecta al plano administrativo, el escrutinio detectó inconsistencias presupuestarias, convenios para obras ajenas al puerto y la tercerización de registros en una empresa sin antecedentes ni habilitación para la gestión portuaria.
La caja del puerto de Ushuaia, en el centro del conflicto con Nación
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) fundamentó la intervención del puerto de Ushuaia en una serie de irregularidades administrativas y financieras detectadas durante las inspecciones realizadas en 2025. El organismo advirtió que parte de los recursos generados por la terminal, que debían destinarse de manera exclusiva al mantenimiento y la mejora del puerto, terminaron financiando gastos ajenos a la actividad portuaria.
Uno de los puntos centrales del informe se vinculó con una ley provincial sancionada en julio pasado, que creó un fondo especial para afrontar las deudas de la Obra Social del Estado Fueguino. De acuerdo a la investigación, este fondo se nutrió con partidas presupuestarias que correspondían de manera específica al puerto de Ushuaia, en contradicción con la normativa que regula la administración de la terminal.
En ese marco, la auditoría también observó un convenio firmado por la Dirección Portuaria Provincial, por el cual el ente portuario se comprometió a transferir unos 4.000 millones de pesos al Ministerio de Economía fueguino, para financiar obras ajenas a la actividad portuaria.
Finalmente, los relevamientos oficiales precisaron que el 33% del presupuesto portuario se destinó a subsidios provinciales, mientras que apenas el 1,3% se asignó a obras y servicios vinculados a la infraestructura y la operación de la terminal. El informe también detectó irregularidades en los sistemas de registración administrativa, a partir de la tercerización de ingresos, egresos y compras en una empresa sin antecedentes ni habilitación para tareas de gestión portuaria.