Un estudio realizado entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 por la concejalía de Diego García en conjunto con espacios comunitarios revela la profundización de la vulnerabilidad social en los barrios periféricos del partido. El informe, indicó que 1.507 hogares de más de 30 barrios de Mar del Plata y Batán, expone datos contundentes: el 78% de las personas no cuenta con cobertura médica, aproximadamente el 60% está desocupado y la inseguridad alimentaria atraviesa a casi tres cuartas partes de las familias encuestadas.
La vulnerabilidad social en los barrios más alejados de General Pueyrredon no es una excepción sino una condición estructural que se agrava año tras año. Esa es la conclusión central del relevamiento territorial 2025 presentado por la concejalía de Diego García, que durante un año trabajó en conjunto con referentes barriales para construir un diagnóstico sobre las condiciones de vida en la periferia marplatense.
El informe anual reúne datos relevados de manera trimestral en 1.507 hogares de más de 30 barrios de Mar del Plata y Batán, y fue construido a partir del trabajo conjunto con referentes de espacios socio-comunitarios (comedores, merenderos) que participaron activamente del proceso de encuesta entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.
El mercado del “no trabajo”
El alarmante del informe se centra en el mercado de trabajo. Según el relevamiento, aproximadamente seis de cada diez personas en estos sectores se encuentran desocupadas. Sin embargo, para quienes cuentan con algún tipo de ingreso, la situación no es mucho más alentadora. La mayoría de la población activa se desempeña por cuenta propia en tareas de subsistencia, como el “changueo” informal, la venta ambulante o el reciclaje urbano.
“El acceso al empleo formal es mínimo y solo una porción muy reducida cuenta con trabajo en relación de dependencia, lo que impacta directamente en los ingresos, la estabilidad económica y el acceso a derechos fundamentales como la jubilación y la seguridad social”, señala el informe. Esta falta de anclaje en el empleo formal impide que las familias planifiquen su economía más allá del día a día, generando un ciclo de pobreza del cual es casi imposible salir sin una intervención estatal directa. La brecha se ensancha al observar que las trayectorias laborales en la periferia están marcadas por la intermitencia y la ausencia de paritarias o beneficios sociales.
La emergencia alimentaria
La inseguridad alimentaria se posiciona como el indicador más crítico y doloroso del estudio, siendo que el 73% de las familias relevadas manifestó no poder completar las cuatro comidas básicas diarias.
Adicionalmente, el informe revela que el consumo de proteínas de alta calidad (carnes), así como de frutas y verduras frescas, es insuficiente y, en muchos casos, inexistente de manera regular. La dieta de supervivencia se basa en hidratos de carbono, lo que deriva en cuadros de malnutrición que conviven con la obesidad por carencia nutricional. Esta realidad afecta mayoritariamente a hogares con niños, niñas y adolescentes, donde las mujeres suelen estar al frente de las tareas de cuidado en condiciones de extrema vulnerabilidad. En muchos casos, la dependencia de los comedores comunitarios ha pasado de ser una ayuda temporal a convertirse en el único dique de contención frente a la indigencia total.
Salud y discapacidad
El 78% de las personas encuestadas no cuenta con ningún tipo de cobertura médica (obra social o prepaga), quedando a merced de los centros de salud municipales (CAPS) y el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).
A pesar de que el informe indica que una parte de la población logró realizarse controles médicos preventivos en el último período, existe un núcleo significativo que no accede a atención de manera regular por barreras geográficas, económicas o por la falta de turnos en las especialidades básicas. Esto eleva exponencialmente el riesgo de detección tardía de patologías crónicas, como diabetes o hipertensión, que terminan colapsando las guardias hospitalarias cuando ya son emergencias.
A este panorama se suma el agravante de la discapacidad. El relevamiento detectó que en uno de cada cinco hogares vive al menos una persona con discapacidad. En la mayoría de estos casos, la falta de acceso a trámites para el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la ausencia de políticas de acompañamiento específicas profundiza las desigualdades existentes. A esto se le suma un número creciente de adultos mayores jubilados cuyos ingresos no cubren ni la canasta básica de medicamentos, requiriendo un apoyo económico extra de familias que ya están bajo la línea de pobreza.
El rol de las políticas públicas y el límite de la asistencia
El informe destaca que más de la mitad de los hogares relevados percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y accede a la Tarjeta Alimentar. Estos recursos son el motor principal que evita un colapso social mayor, sin embargo, el estudio advierte que estas herramientas resultan insuficientes ante el aumento sostenido del costo de vida y el deterioro del tejido laboral informal.
La combinación de desocupación, informalidad y el debilitamiento de los programas de asistencia directa está empujando a miles de familias a una dependencia casi absoluta de la solidaridad vecinal. El informe advierte que los espacios comunitarios están operando al límite de sus capacidades, recibiendo cada vez a más familias que hasta hace pocos meses lograban sostenerse por sus propios medios.
“La desigualdad se profundiza en el territorio”
Para el concejal Diego García, impulsor del relevamiento, los datos no hacen más que ratificar una tendencia que la política local ha ignorado sistemáticamente. “El relevamiento confirma algo que vemos todos los días en el territorio: la desigualdad se profundiza en los barrios más alejados de nuestra ciudad. Este tipo de trabajos son una herramienta clave para planificar políticas públicas que tengan anclaje en datos reales y no en discursos de campaña”, afirmó el concejal.
García enfatizó la necesidad de un giro radical en la gestión municipal para atender estas asimetrías que hoy parten a la ciudad en dos: “Tenemos que trabajar para revertir estos indicadores y construir un estado municipal que llegue de verdad a cada barrio y a cada vecino. La combinación de desocupación, déficit alimentario y el debilitamiento de las políticas públicas está empujando a miles de familias a depender cada vez más de los espacios comunitarios para sostener su vida cotidiana. No podemos permitir que el código postal determine si un niño come o si una persona accede a un médico”, concluyó.