Apenas cuatro días después de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, el Parlamento Europeo decidió remitir el texto al Tribunal de Justicia para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. La medida, aprobada por una ajustada mayoría, implica en los hechos la paralización del proceso de ratificación y abre un escenario que podría extenderse por hasta dos años.
En ese marco, la Eurocámara avaló una moción que cuestiona la base jurídica del pacto, con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones. La decisión coloca ahora en manos de la justicia europea el análisis tanto del acuerdo de asociación como del convenio comercial interino.
La Comisión Europea había optado por dividir el tratado por un lado, una política y de cooperación, que requiere ratificación de los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros, y otra estrictamente comercial, cuya aprobación depende solo del Parlamento Europeo. Esa estrategia buscaba acelerar la entrada en vigor de los capítulos vinculados al libre comercio, aprovechando que la política comercial es competencia exclusiva de la Unión.
Sin embargo, varios eurodiputados pusieron en duda la legalidad de ese mecanismo. A su vez, cuestionaron el llamado “mecanismo de reequilibrio”, que permite a los países del Mercosur impugnar normas europeas que consideren perjudiciales para sus exportaciones, por considerar que podría afectar la autonomía regulatoria de la UE.
Con la remisión al Tribunal de Luxemburgo, el Parlamento decidió esperar el dictamen judicial antes de someter el acuerdo a votación en el pleno. No obstante, los legisladores continuarán con el análisis técnico del texto mientras la justicia avanza con su evaluación, un proceso que suele demorar entre 18 y 24 meses.
En paralelo, la Comisión Europea mantiene abierta la posibilidad de aplicar provisionalmente la parte comercial del acuerdo si al menos uno de los países del Mercosur completa su proceso de adopción. Esa alternativa, sin embargo, genera resistencias dentro del propio bloque europeo.
Desde la Izquierda europea, Manon Aubry celebró la votación y advirtió que cualquier intento de avanzar con una aplicación provisional sería un “escándalo democrático”. En la misma línea, organizaciones de agricultores y ganaderos valoraron la resolución como una “pequeña victoria” y anunciaron que mantendrán su calendario de movilizaciones.
Por su parte, los Verdes europeos reforzaron las críticas al acuerdo al señalar que Europa no puede sacrificar a sus productores, su salud pública y el clima en nombre del libre comercio. En contraste, el Partido Popular Europeo calificó la decisión como un movimiento político para bloquear un tratado que consideran necesario para la economía continental.
Desde la Comisión Europea, el portavoz Olof Gill sostuvo que las preocupaciones expresadas por el Parlamento ya habían sido abordadas en profundidad. A su vez, dirigentes socialdemócratas defendieron el acuerdo como una respuesta estratégica frente a las tensiones comerciales con Estados Unidos, mientras otros sectores reclamaron que sea la justicia la que despeje las dudas legales.
La grieta europea por el acuerdo con el Mercosur
El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur apunta a crear la mayor zona de libre comercio del planeta, con un mercado integrado por unos 700 millones de personas. El tratado prevé la eliminación progresiva de la mayoría de los aranceles durante los próximos 15 años y la apertura del mercado europeo a productos sudamericanos como carne vacuna, pollo, azúcar y soja.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte resistencia en varios países europeos, con Francia a la cabeza, donde los agricultores mantienen protestas sostenidas contra el impacto que el acuerdo tendría sobre sus ingresos. Los productores sostienen que operan bajo normas más estrictas que las vigentes en Sudamérica, lo que eleva sus costos de producción.
En París, unos 350 tractores volvieron a ocupar la avenida de los Campos Elíseos en la semana previa a la firma del tratado. Escenas similares se registraron en Irlanda, Polonia, Hungría y Austria, con cortes de rutas y consignas contra el acuerdo.
El eje del malestar gira en torno a la competencia que, según los productores, sería desleal, ya que productos del Mercosur ingresarían a precios más bajos sin cumplir estándares equivalentes en trazabilidad, uso de pesticidas, hormonas y bienestar animal.