Caso Protección a la Infancia: Balcarce espera en febrero las definiciones judiciales

Tras la conformación de la nueva directiva en la institución, el foco de la opinión pública se traslada a las declaraciones en Cámara Gesell de los menores maltratados. Las imputadas, Alejandra Género y Marisa Benaduche, permanecen en libertad bajo medidas cautelares mientras se aguarda el avance procesal previsto para los próximos días.

Aún espera resolución el caso que algunos denominan el  “Hogar del Horror” en Balcarce (Sociedad de Protección a la Infancia), por lo ocurrido en diciembre de 2025. El caso incluye presuntos hechos de violencia verbal y psicológica hacia un niño de 11 años y motivó la posterior renuncia de la comisión anterior de la Sociedad.

A fines de diciembre, en una asamblea extraordinaria que convocó a 64 socios, quedó conformada la nueva Comisión Directiva de la Sociedad de Protección a la Infancia de Balcarce (Foto). Será encabezada por Horacio Álvarez, quien obtuvo la con 38 votos bajo la “Lista Esperanza”.

El pliego de trabajo presentado por Álvarez prioriza el ordenamiento administrativo y la seguridad edilicia, incluyendo cámaras y luminarias, pero el verdadero pulso del caso late en el frente judicial que tramitan los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina, donde se espera que la inminente reactivación de los procedimientos legales traiga novedades sobre la situación de las procesadas.

Los ojos puestos en febrero

Para los primeros días de febrero está programada la realización de la Cámara Gesell, instancia donde los menores víctimas de los presuntos abusos prestarán declaración testimonial. Este procedimiento es considerado por la querella y el Ministerio Público como la prueba sustancial para elevar el reproche penal contra las imputadas. El testimonio de los niños, protegidos bajo protocolos de resguardo, será el factor que determine si la causa avanza hacia una elevación a juicio o hacia medidas restrictivas de mayor peso.

Cabe recalcar que mientras tanto, al día de hoy, Alejandra Género (exdirectora administrativa y abogada) y Marisa Benaduche (cuidadora) permanecen en libertad. Ambas se encuentran procesadas por los delitos de maltrato infantil, amenazas y lesiones leves, pero la justicia de Mar del Plata ha desestimado, por el momento, pedidos de detención efectiva. En su lugar, rige una medida cautelar de restricción que les prohíbe acercarse a menos de 200 metros de las víctimas y de la sede institucional.

En las audiencias de indagatoria realizadas a fines de diciembre de 2025, tanto Género como Benaduche se acogieron al derecho constitucional de no declarar. Su defensa, ejercida por el letrado Gustavo Marceliac, ha mantenido una estrategia de silencio mediático, mientras la fiscalía continúa recolectando testimonios de trabajadores y ex empleados que sugieren que los maltratos capturados en los audios de 40 minutos constituirían una práctica recurrente.

Una nueva impronta institucional frente al trauma

La presidencia de Horacio Álvarez enfrenta el imperativo de demostrar que el hogar puede ser un espacio de reparación mientras se espera el veredicto judicial. La plataforma de la nueva directiva pone especial énfasis en la profesionalización del trato directo con los niños, buscando erradicar la improvisación que derivó en el escándalo.

“Lo más importante hoy es cuidar a los chicos, ellos deben estar protegidos, contenidos y acompañados, sin quedar en el medio de conflictos ni exposiciones que los perjudiquen”, había manifestado oportunamente el intendente de Balcarce, Esteban Reino, cuya administración sigue de cerca la normalización de la entidad. El foco del Ejecutivo municipal, al igual que el de la comunidad balcarceña que se movilizó en repudio a los hechos, está puesto en el inicio de febrero como el punto de inflexión.

La declaración de los menores en la Cámara Gesell será la voz que rompa el silencio procesal. Por ahora, la Sociedad de Protección a la Infancia intenta dejar atrás el estigma del “Hogar del Horror”, apostando a una gestión que promete transparencia mientras la ciudad, con la mirada puesta en el calendario judicial, aguarda que la justicia determine la suerte de quienes tenían el deber de cuidar y terminaron lastimando.