El presidente de la UCIP , Blas Taladrid advierte sobre avance de “vendedores fijos” en puntos estratégicos de la ciudad y denuncia la existencia de organizaciones que explotan la vulnerabilidad social. En diálogo con el Retrato, alertó sobre el riesgo sanitario de la venta de alimentos y anteojos sin control, y calificó a la feria de la Playa Bristol como “la peor postal” para el turismo.
Fuera de la imagen tradicional del vendedor ambulante “golondrina”, la ciudad asiste a una ocupación sistemática y geolocalizada del espacio público por parte de estructuras que la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) define como “vendedores fijos”. Según el titular de la entidad,
Blas Taladrid (FOTO), este fenómeno no es producto de la supervivencia individual, sino de una compleja organización logística que provee mercadería industrial, asigna puestos en áreas de alta circulación y gestiona la permanencia de los puesteros en las aceras.
“Hay que distinguir entre el vendedor realmente ambulante, el de los barquillos o helados que es parte del folclore de la playa, y estos otros que tienen habitualidad en lugares estratégicos como Luro e Independencia. Por el tipo de productos que venden, uno presume que hay una organización detrás, son siempre las mismas personas en situaciones de vulnerabilidad a las que les reparten tablones y mercadería que no es artesanía, sino productos de procesos industriales”, explicó Taladrid en diálogo con el Retrato. Esta “habitualidad” ha transformado paradas de colectivos y esquinas emblemáticas en sucursales comerciales a cielo abierto que operan con horarios y estructuras fijas.
Controles para algunos
Lo que más resalta es que mientras que los locales habilitados enfrentan inspecciones constantes sobre la exhibición de precios, normativas de Defensa del Consumidor, condiciones de higiene y seguridad edilicia, el mercado informal opera sin fiscalización alguna. Esta presión selectiva genera un sentimiento de desamparo en quien paga impuestos, tasas de seguridad e higiene y sueldos bajo normativa legal.
“Llegamos a situaciones totalmente absurdas: el fin de semana pasado, en una cancha de fútbol de la zona norte que solo está habilitada para esa actividad deportiva, se instaló una feria con tablones repletos de mercadería de dudosa procedencia. Al comerciante se le van los nervios porque a él se le controla hasta el último detalle de su vidriera, mientras que al que no está en blanco no se le controla absolutamente nada”, graficó el dirigente.
Esta falta de control no solo afecta la rentabilidad del sector privado, sino que representa un riesgo directo para la salud pública. Taladrid hizo especial hincapié en la peligrosidad de la venta de alimentos sin cadena de frío y anteojos de sol sin certificación óptica.
“Las ópticas nos plantean con mucha preocupación que estos lentes sin filtro ultravioleta provocan un efecto nocivo. Al ser oscuros, el iris tiende a expandirse y, como no tienen filtro real, entra una cantidad de rayos UV mucho mayor a la que entraría si el ojo no tuviera nada puesto. Es un daño físico directo. Lo mismo sucede con alimentos que pasan horas bajo el sol, es una situación que está liberada a la buena de Dios”, advirtió.
La Playa Bristol: una “mancha de la ciudad”
Uno de los puntos más críticos del diagnóstico de la UCIP se sitúa en una de iconos marplatenses, un área que debería ser la vidriera de la ciudad hacia el mundo. La feria instalada de forma semi-permanente en la Playa Bristol es señalada como un factor de deterioro irreversible de la marca ciudad, afectando la percepción de los turistas que eligen la ciudad.
“La Playa Bristol es hoy la peor postal para los turistas que vienen a Mar del Plata. Me ha pasado de estar de viaje en otras ciudades argentinas y que me saquen el tema de lo feo que se ven todas esas carpas y lonas instaladas allí. Es un impacto visual negativo que nos quita prestigio”, lamentó Taladrid. El dirigente apuntó contra la estructura que administra estos espacios, describiéndola como un sistema paraestatal: “Sabemos que hay un pseudo-sindicato de vendedores ambulantes que administra esas ferias y que de hecho tiene hasta un puesto de atención física para los feriantes en la Plaza Rocha. Lo lógico sería atender la vulnerabilidad de la gente de forma social, pero también desmantelar la cabeza de estas organizaciones que lucran con esa necesidad y se apropian de lo que es de todos”.
Consecuencias urbanas
Según las denuncias que llegan a diario a la UCIP, la presencia de vendedores fijos ha degradado la higiene urbana y la seguridad en barrios residenciales. En zonas como Plaza Rocha, la falta de infraestructura para los propios vendedores ha derivado en problemas de salubridad para los frentes de los edificios circundantes.
“Muchos vecinos nos dicen que esto baja directamente el valor de la propiedad. El propietario de un departamento frente a Plaza Rocha o sobre la avenida Luro ve cómo su valor de alquiler o venta disminuye debido al afeamiento de la zona, a que los edificios terminan convirtiéndose en baños públicos por la falta de servicios para quienes están en la calle. No es solo un problema comercial, es un problema que afecta la calidad de vida de toda la comunidad”, detalló Taladrid.
Asimismo, el dirigente vinculó la informalidad con el circuito del delito menor que alimenta estos puestos. “Nos han denunciado que en ferias informales termina para la venta mercadería que es sustraída por las mecheras en el microcentro o en la zona de la calle San Juan. Es un círculo vicioso: la falta de control permite que el producto del robo se licue en la manta de una feria sin trazabilidad alguna”, explicó.
El reclamo al municipio, el síndrome de la “sábana corta”
La percepción es que la política municipal se limita a reaccionar ante la queja, pero sin un plan de erradicación o relocalización efectiva. “La respuesta del municipio suele ser la política de la sábana corta: luego de una reunión de la UCIP con Inspección General se empieza a controlar un poco más el espacio público, pero con el correr de los días la situación se vuelve a desmadrar. Venimos hace 20 años denunciando las mismas situaciones y las mismas ubicaciones”, afirmó.
“Querer regular estas ferias en lugares prohibidos es querer tapar el sol con las manos y legitimar algo que es totalmente ilegítimo. El uso del espacio público es para el disfrute público, no para el lucro privado en competencia desleal con el que paga el alquiler a pocos metros”, concluyó. El reclamo final de la UCIP es el de un Estado que recupere su rol de árbitro y garantice que las reglas de juego sean iguales para todos, protegiendo al 50% del mercado formal que hoy se siente el único sostenedor de un sistema que permite la expansión de su propia ruina.