El ingeniero experto en obra civil y ex catedrático universitario, Juan Antonio Bilbao, analiza la crisis de movilidad urbana que atraviesa Mar del Plata. En diálogo con el Retrato, Bilbao advierte sobre la peligrosidad de los nuevos tótems LED, califica como “acto de corrupción” la permanencia de los decks tras la pandemia y denuncia fallas técnicas estructurales en la reparación de las arterias locales.
Con un parque automotor que asciende a 450.000 vehículos para una población de casi millón de habitantes (un promedio de un rodado cada dos personas) la demanda de infraestructura exige una racionalidad técnica que brilla por su ausencia. El ingeniero Juan Antonio Bilbao, actor relevante en el debate público sobre grandes proyectos de infraestructura vial y ex gerente de la UTE El Libertador, sostiene que la actual administración municipal ha priorizado la explotación comercial del espacio público por sobre la seguridad de los ciudadanos y la movilidad eficiente.
“La ocupación de la calzada constituye un obstáculo al tránsito y eso está prohibido por la ley. No se pueden poner obstáculos porque se afecta el interés público, que es la movilidad”, sentenció Bilbao, citando la Ley Nacional 24.449 y su adhesión provincial a través de la Ley 13.927 como marcos regulatorios que el municipio está vulnerando sistemáticamente.
De los “decks” a los tótems LED: el negocio de la distracción
Bilbao insiste en la persistencia ilegal de los “decks” gastronómicos sobre la calzada. Lo que surgió como una medida paliativa de excepción durante la crisis sanitaria de 2020 se ha tornado, bajo su visión, en un aprovechamiento indebido del patrimonio común y que va con las normativas vigentes.
“Los decks aparecieron por una situación excepcional de salud. La pandemia pasó hace tres años y ya no existe razón para que sigan. Siguen habilitándolos porque ahí debe haber, sin lugar a dudas, actos de corrupción. Desde el punto de vista del interés público, hay que eliminar todo obstáculo localizado sobre la vía, eso incluye además a estos nuevos tótems LED”, argumentó el profesional.
El ingeniero fue preciso al señalar que las nuevas estructuras publicitarias LED que se encuentran por la ciudad violan el Artículo 26 de la Ley Nacional de Tránsito, que prohíbe la colocación de carteles que por su intensidad o ubicación puedan confundirse con indicadores de tránsito o distraer al conductor. “La ley los permite siempre y cuando su ubicación con relación a la altura esté por encima de las columnas de iluminación, pero no por debajo, porque constituye un factor importante de distracción. A veces, por pretender leer qué es lo que dice una publicidad electrónica con movilidad, puede producirse un accidente”, explicó.
Bilbao también cuestionó la lógica de la contraprestación público-privada, donde se autoriza la pauta publicitaria a cambio del arreglo de paradas de colectivo. “Es una trampa. La publicidad tiene que estar adentro de la parada para el usuario del colectivo, no ser un factor de distorsión para el que circula”
La falta de mantenimiento en las calles
Como experto en obra civil, Bilbao desmanteló la justificación oficial sobre la supuesta imposibilidad de mantener el asfalto. El ingeniero explicó que el deterioro del pavimento de hormigón, por ejemplo, en la zona sur de la avenida Juan B. Justo responde a una mala praxis constructiva e histórica. “Cuando se construye el pavimento de hormigón, se tiene que evitar el uso de arena de mar porque el salitre provoca dilatación. Las losas se montan y se rompen. Eso es justamente lo que pasó. Además, tienen 40 años de existencia y nunca se les hizo el mantenimiento adecuado, que consiste en sellar las juntas con brea para que no entre agua. Si entra agua debajo de la losa, se forma barro y el suelo pierde sustentación”, detalló.
Respecto a las obras actuales financiadas mediante la Tasa Vial, Bilbao se mostró escéptico sobre la calidad de los procedimientos. “Lo que están haciendo son parches, una falacia. He visto baches históricos que cada dos años hay que volver a hacer, eso es el ‘negocio del bache’. Hasta que no se hace una obra como corresponde, el problema no desaparece”, advirtió.
Sin profesionales y sin responsables
Finalmente, el ingeniero relató una anécdota que, a su juicio, resume la crisis institucional de las áreas de control local. Al visitar el Departamento de Ingeniería de Tránsito municipal para consultar por el responsable del área “metieron la mano en un cajón y sacaron un manual que decía Manual de Ingeniería de Tránsito. Ese era el profesional especializado que tenían. El problema es la falta de profesionalidad de los funcionarios. Cualquiera accede a posiciones jerárquicas sin entender de movilidad”, denunció.
Para Bilbao, la solución no reside en radares “cazabobos” ni en inversiones millonarias en ciclovías de escaso uso (citando los 30 millones de pesos invertidos en la calle Mitre), sino en una política de prevención real. “Los accidentes no son accidentales: son prevenibles. Falta una política firme de fiscalización y prevención. Las áreas de Vialidad, Movilidad Urbana y Fiscalización deben funcionar armónicamente con gente que tenga profesionalidad. Hay que estudiar”, concluyó.