En diálogo con el Retrato, Diego Garciarena, presidente del bloque de la UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, advierte sobre los intentos de modificar la ley de reelecciones, denuncia un vaciamiento de los recursos de IOMA y sostiene que existe una discriminación sistemática del Ejecutivo provincial contra General Pueyrredon por su signo político.
Diego Garciarena, diputado provincial por la Quinta Sección Electoral y voz influyente dentro del radicalismo, trazó un diagnóstico severo sobre la administración de Axel Kicillof. Según el legislador, la provincia atraviesa una involución en servicios esenciales como salud y seguridad, mientras el debate institucional se ve empañado por rumores de acuerdos para habilitar nuevas reelecciones de intendentes.
Al ser consultado sobre las versiones que indican un interés de sectores del peronismo y algunos integrantes de la UCR por modificar la normativa vigente sobre mandatos, Garciarena reclamó un marco de estabilidad jurídica. “Esas discusiones sobre reelecciones y duración de los mandatos las debe fijar la Constitución. No podemos todos los años cambiar las leyes para acomodar la necesidad de cada uno cada vez que le toca. Eso tiene que tener reglas claras y que tiendan a perdurar”, sostuvo. Para el diputado, la solución reside en una reforma constitucional integral que incorpore la autonomía municipal: “Si incorporamos la autonomía de los municipios, será cada Concejo Deliberante el que decida si quiere o no la reelección de sus intendentes”.
Entre la campaña y la gestión
El legislador marplatense marcó una distinción técnica entre la continuidad en cargos ejecutivos y legislativos. Mientras que para los segundos considera razonable la elección indefinida siguiendo el modelo nacional, para los ejecutivos advierte un riesgo democrático. “Soy más estricto en los cargos ejecutivos porque creo que el que gobierna tiene ventaja en una elección. La reelección le pone una facilidad a la continuidad e impide el cambio, impide refrescar el sistema”, analizó.
En este marco, Garciarena apuntó directamente contra la figura de Axel Kicillof, a quien acusa de priorizar su proyección nacional sobre las necesidades de la provincia. “Lo veo al gobernador mucho más preocupado por ser candidato que por ser gobernador. Le dedica mucho más tiempo a su campaña electoral y a sus ilusiones presidenciales que al destino de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que no hay gestión”, sentenció, vinculando esta falta de administración con el deterioro visible en las rutas, las escuelas y los indicadores de seguridad.
Discriminación política y parálisis en seguridad
Uno de los puntos más sensibles es la relación del Ejecutivo provincial con General Pueyrredon. Garciarena denunció una marginación deliberada de Mar del Plata debido a la pertenencia de la ciudad a su espacio político. “La provincia discrimina a la ciudad con recursos y con obras, no está apostando fuerte en la ciudad. Hay mucha discusión y mucha pelea entre el Gobierno Nacional, el Provincial y la Municipalidad en el tema seguridad, y en eso hay que dejarse de joder”, disparó el diputado.
Para el referente radical, la falta de coordinación operativa en materia de prevención del delito es una negligencia compartida. “Como el gobernador es peronista, el Gobierno Nacional no le manda fuerzas. Como el gobernador no quiere pedirle fuerzas al Federal para no quedar pegado con Milei, la municipalidad reclama y no le dan bola. Se perjudica a los marplatenses o a los bonaerenses: no es un problema de política, es un problema que hay que resolver”, argumentó.
El conflicto de IOMA: “Los recursos son de los afiliados”
Finalmente, Garciarena se refirió a la crisis terminal que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), señalando que la situación ha pasado de una mala administración a una involución que pone en riesgo la vida de los pacientes. El diputado impulsa un proyecto de ley para otorgar autarquía plena a la obra social, buscando blindar sus fondos de la discrecionalidad del gobierno de turno.
“Los recursos de IOMA son de los afiliados, no son de la gestión. No puede ser que se interrumpan los tratamientos o que la gente se quede sin operar. El afiliado está a merced de que un funcionario le autorice una práctica que es suya, porque el dinero es del afiliado”, denunció. Garciarena fue incisivo al señalar el destino de los aportes: “Lo primero que hay que resolver es que la plata de IOMA vaya a IOMA y no a rentas generales de la Provincia. Hasta ahora el oficialismo no nos ha acompañado, pero vamos a seguir insistiendo”, concluyó, reafirmando que el saneamiento de la obra social es el punto de partida innegociable para cualquier discusión sobre la salud pública bonaerense.