Al filo de que termine el plazo legal, el Gobierno nacional envió este viernes al Congreso el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que reforma la Ley de Inteligencia Nacional y modifica de manera sustancial la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), para que sea analizado por la comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
Es que, por ley, dentro de los 10 días de dictado un decreto de necesidad y urgencia, el Ejecutivo debe someter a consideración del cuerpo parlamentario la medida. Así, la comisión, que todavía no está constituida, tendrá diez días hábiles para dictaminar por la validez o no del decreto, de no hacerlo el mismo deberá ser tratado inmediatamente por ambas cámaras.
En ese marco, el plazo máximo se cumplía este jueves, razón por la cual, a contrarreloj, la administración nacional dio curso a la Bicameral. Si esto no sucedía, el cuerpo estaba en condiciones de abocarse de oficio al tratamiento del tema, lo que permitía a la oposición llevar el DNU que amplía las facultades de la SIDE al recinto.
Sin embargo, con la presentación realizada, la oposición cuenta con un plazo de 10 días hábiles para dictaminar, contados a partir de este viernes. Si ese plazo vence sin que la comisión haya elevado el correspondiente despacho, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del cuestionado DNU que amplía las facultades de la SIDE.
Por lo pronto, para discutir la validez del DNU de la SIDE, primero la comisión Bicameral deberá ser constituida, dado que sus integrantes duran en sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen. Por caso, su último titular, fue el diputado del MID, Oscar Zago, por lo que ahora corresponde que sea presidida por un senador.
De todas maneras, se prevé que la resolución del tema tenga lugar en febrero, durante el periodo de sesiones extraordinarias, cuando la oposición buscará tratar también la reforma laboral. Así, el DNU que amplía las facultades de la SIDE será el primer desafío legislativo de 2026 para el mileismo, con el antecedente, no menor, de que el decreto sobre los fondos reservados fue el primer decreto rechazado a un gobierno.
El Congreso trata el DNU que amplia las facultades de la SIDE
En lo que respecta al rechazo del DNU, la oposición deberá reunir la mayoría simple de los presentes, es decir, con asistencia perfecta, se deberán reunir 129 manos, lo mismo que se requiere para el quorum. De ese universo, Unión por la Patria (UxP) aporta 93 bancas, la Izquierda 4, mientras que hay dudas sobre los 22 del interbloque de Unidos.
De esta forma, en la Cámara baja, la oposición asegura contar con al menos 121 votos para rechazar la norma. “Ese número surge del bloque del peronismo, más 22 de Unidos, los cuatro de la izquierda, dos de la Coalición Cívica, Natalia De la Sota y Jorge Fernández. Estamos muy cerca del número sin salir a buscar votos en la UCR, el PRO o los bloques provinciales”, detalló una alta fuente del peronismo.
Vale precisar que, el cuestionamiento al decreto no se limita al plano parlamentario, dado que en las últimas semanas los diputados nacionales, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón presentaron una acción de amparo para suspender sus efectos, en el que solicitaron su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de la norma.
Desde la oposición sostienen que el DNU aborda materias que no revisten urgencia y que, por su sensibilidad institucional, deberían debatirse en el Congreso. Además, algunos bloques especulan con que sectores del PRO podrían acompañar el rechazo como respuesta política a acuerdos previos entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, que los dejaron afuera de la Auditoría General de la Nación.
En ese marco, el Gobierno reunirá a su mesa política este viernes con el propósito de revisar un primer poroteo de votos y definir si avanza o no con la convocatoria a sesiones extraordinarias extraordinarias. Es que, la decisión es clave: abrir el Congreso podría apurar la reforma laboral pero también acelerar una derrota parlamentaria que buscan evitar.
El DNU que modifica la Ley de Inteligencia y refuerza el poder de la SIDE
El gobierno de Javier Milei oficializó una profunda reforma del sistema de inteligencia a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que modificó la Ley N°25.520 de Inteligencia Nacional. La medida redefinió la estructura, las funciones y la conducción del esquema vigente, y otorgó un rol central a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), bajo la órbita de Santiago Caputo.
En detalle, el decreto dispuso la centralización de la conducción estratégica del Sistema de Inteligencia Nacional dentro de la estructura de la SIDE. En ese marco, el Ejecutivo libertario sostuvo que la medida apunta a ordenar competencias, eliminar superposiciones normativas y fortalecer los controles internos frente a nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN). Este nuevo ámbito interinstitucional integrará a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, a las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales, junto a otros organismos estatales con competencias afines.
La normativa también creó la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que sumará a ministerios y organismos públicos al esquema de análisis estratégico sin tareas de inteligencia propias. El dispositivo incluye a las carteras de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad Nacional, además del Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Dirección General de Aduanas.
Otro de los cambios relevantes que introdujo el decreto es la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese sentido, la disposición del Ejecutivo creó el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que comanda Manuel Adorni.
En materia de seguridad estratégica, el decreto dispuso que la Agencia de Seguridad Nacional adopte la denominación de Agencia Nacional de Contrainteligencia. En tanto, la normativa redefinió sus funciones y las orientó al análisis preventivo de amenazas como el espionaje, el sabotaje y la injerencia extranjera, con el objetivo de evitar superposiciones con tareas de investigación criminal.
Finalmente, la resolución oficial estableció que la SIDE será el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con facultades específicas para aprobar presupuestos, controlar los gastos reservados y definir a los titulares de los organismos desconcentrados. Tal como establece la legislación, el decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento, mientras el Gobierno avanza con una de las reformas más profundas del sistema de inteligencia desde la sanción de la ley en 2001.