El reciente fallo del juez federal Sebastián Casanello marca un antes y un después en la historia institucional de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA). Tras 15 meses de una intervención cuestionada, irregular y profundamente lesiva, la obra social vuelve finalmente a manos de sus legítimos dueños: los trabajadores rurales y estibadores. La resolución judicial representa un triunfo contundente de la autonomía sindical y una reivindicación histórica de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
“La restitución inmediata del directorio de OSPRERA pone fin a una intervención que nunca debió existir y que constituyó un grave atentado contra la libertad sindical”, señalaron desde la conducción gremial. El fallo revierte la decisión adoptada en octubre de 2024 por el juez Villena, hoy investigado por prevaricato, quien desplazó al directorio legítimamente electo en un proceso viciado por parcialidad e incompetencia territorial, tal como lo advirtieron oportunamente los fiscales mediante una recusación formal.
Durante este extenso período, el interventor Marcelo Petroni -designado por decreto del presidente Javier Milei- fue denunciado reiteradamente por la UATRE debido a una serie de irregularidades administrativas, financieras y sanitarias que impactaron de lleno en la atención de los afiliados. Entre las más graves se destacan la duplicación innecesaria de la estructura administrativa, la designación de dirigentes derrotados en elecciones internas y sin experiencia en el sistema de salud, y la priorización de negocios espurios mediante el pago de facturas sin prestaciones reales.
“La reducción drástica del gasto en prestaciones médicas derivó en la interrupción de tratamientos esenciales, incluidos medicamentos oncológicos y de alto costo, con consecuencias humanas irreparables”, advirtieron desde el sindicato. Estas políticas provocaron el agravamiento de patologías preexistentes, el deterioro de cuadros clínicos graves y, en los casos más extremos, la muerte de afiliados.
Hasta diciembre de 2025 se contabilizaron 476 acciones de amparo judicial por falta de cobertura, muchas de ellas incumplidas, además de tres causas penales por “abandono de persona seguido de muerte”. Entre los casos más emblemáticos se encuentra el del José Alfredo Garavento, paciente oncológico fallecido en febrero de 2025 tras la interrupción de su tratamiento.
El fallo judicial fue categórico al afirmar que la hipótesis que dio origen a la intervención resulta hoy “prácticamente nula”, concluyendo que “no resulta necesario sostener el desplazamiento del directorio ni la intervención de la obra social”.
Con esta decisión, OSPRERA retorna a la conducción de autoridades elegidas democráticamente, luego de más de un año de conflicto institucional, judicial y un profundo daño a sus afiliados. La UATRE reafirmó “su compromiso con la defensa irrestricta de la libertad sindical, la transparencia y el derecho a la salud”, y anticipa que “el proceso de reconstrucción no será sencillo, pero sí inquebrantable: trabajar por una obra social digna, autónoma y al servicio exclusivo de las familias rurales de todo el país”.