La instalación de tótems LED y pórticos publicitarios en arterias críticas de la ciudad desató una nueva ofensiva de la oposición. Acción Marplatense denuncia que los emplazamientos violan la Ley Nacional de Tránsito y cuestiona un canon de apenas cuatro pesos mensuales por unidad, en un marco de falta de diálogo institucional en el Concejo Deliberante.
El paisaje urbano de Mar del Plata ha comenzado a transformarse con la aparición de lo que la oposición denomina “monstruos publicitarios”: estructuras de gran porte y pantallas LED de alta luminosidad situadas en puntos neurálgicos de la ciudad. El despliegue, derivado de una licitación adjudicada el año pasado, ha reabierto un foco de conflicto que fuera de lo estético se centra en la legalidad de estos totems. Desde el bloque de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, la concejal Eva Ayala ha formalizado un pedido de informes advirtiendo que los emplazamientos actuales representan un riesgo concreto para la seguridad vial y vulneran normativas nacionales de tránsito.
En diálogo con el Retrato, Ayala puntualizó que estructuras como el tótem instalado en la rotonda de Diagonal Alberdi y la costa, o el pórtico de Juan B. Justo y Güemes, no cumplen con los criterios técnicos de prevención de siniestros. “Hay una violación de la Ley Nacional de Tránsito, nadie va a estimar que porque hay un pliego de estas características el gobierno municipal va a incumplir la normativa nacional con todo lo que tiene que ver con la seguridad vial”, sentenció la legisladora.
Un canon irrisorio: “Cuatro pesos por cartel”
Más allá de la peligrosidad vial, el eje económico de la concesión, otorgada por un plazo de diez años a una unión transitoria de empresas conformada por OSP SA, Editorial SM SA y Lumisan SA, es el punto que más llamó la atención. Según los cálculos del bloque opositor, el beneficio para el erario público resulta insignificante en comparación con la explotación del espacio compartido.
“Por cada uno de los carteles al municipio le están ingresando cuatro pesos mensuales”, denunció Ayala, calificando el canon de “irrisorio”. La concejala detalló que la licitación involucra cerca de 3.900 mobiliarios urbanos (entre refugios, pantallas, tótems y pórticos), lo que arroja un ingreso total de aproximadamente seis millones de pesos por mes. “Esto es irrisorio para pensar lo que requiere una ciudad para resolver las problemáticas que estamos viendo. Se prioriza el negocio para unos pocos por sobre el servicio público”, argumentó.
La crítica se profundiza al observar el estado de las señales urbanas en la ciudad. Para Acción Marplatense, existe una contradicción entre el mantenimiento de las estructuras comerciales y el abandono de los indicadores de tránsito, salud y cultura. “Las señales que indican a dónde acudir para atención médica o esparcimiento están en un estado de abandono absoluto, mientras estos carteles mal emplazados tienen el mantenimiento y la posibilidad de continuar avanzando sobre la ciudad”, puntualizó Ayala.
El “gris” de las responsabilidades
Ayala remarcó que, si bien el pliego fue aprobado por la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante, el texto no preveía los emplazamientos exactos ni los estudios de impacto vial.
“No estaba previsto por pliego cuáles son los emplazamientos y quién está a cargo de medir y evaluar el riesgo que implica para la seguridad vial. Las rotondas son espacios viales especialmente sensibles donde cualquier elemento que distraiga pone en riesgo la vida”, señaló. El proyecto de comunicación presentado por su bloque busca identificar a las dependencias que otorgaron el visto bueno para estas instalaciones que, según su visión, priorizan la visual comercial por sobre la visibilidad del conductor.
El diálogo ausente y el modelo de gestión
Está claro que el ejecutivo está apuntando a un modelo de gestión público-privada que la oposición mira con recelo, citando antecedentes como la situación del Estadio José María Minella. Ayala sostiene que, bajo el argumento de obtener contraprestaciones (como la reparación de paradas de colectivo y casillas de guardavidas, en el caso de los totems LED), el municipio cede control y rentabilidad, similar al caso del estadio. “La pregunta es qué le reditúa a la ciudad”, ratifica la concejal.
“El diálogo tiene que ver solamente con palabras que algunos deben estar manifestando o es una expresión de deseo, finalmente en los hechos eso no se ratifica”, analizó sobre la dinámica interna actual del Concejo Deliberante. Según la concejal, la conformación actual del cuerpo deliberativo (que generó su respectiva polémica en diciembre del 2025 por el avasallo del oficialismo) carece de instancias reales de consenso: “No hay concretamente un diálogo constructivo por Mar del Plata que nos permita dar cuenta de cuáles son los problemas y quiénes pueden aportar soluciones”.
Con la temporada en pleno desarrollo y las estructuras ya operativas, el conflicto promete escalar hacia el terreno administrativo. El bloque opositor aguarda respuestas sobre la posible rescisión de contratos ante incumplimientos normativos, mientras la ciudad asiste a la consolidación de un paisaje publicitario que, para muchos, ha comenzado a tapar la visual estratégica de la ciudad y que no alcanza para tapar las necesidades básicas de mantenimiento urbano.