Rogelio Suárez, periodista venezolano con larga trayectoria, desmitifica las imágenes de celebración y describe un país bajo “estado de conmoción exterior”, donde la policía detiene a quien festeje la caída de Maduro. El análisis de una transición donde Estados Unidos negocia crudo con Delcy Rodríguez mientras la oposición democrática queda relegada y fragmentada.
Mientras las pantallas del mundo reproducen la narrativa épica de una “liberación”, en las calles de Venezuela el aire que se respira sigue denso, cargado de un silencio impuesto por decreto. La extracción forzosa de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha inaugurado una etapa que Rogelio Suárez, reconocido periodista venezolano desde Maracaibo, define no como el fin de la dictadura, sino como el inicio de una “incertidumbre exponencial”. En un diálogo con el Retrato, el cronista desarmó el relato triunfalista que circula en el exterior y expuso la compleja realidad de un país donde el cambio de nombres en el Palacio de Miraflores no ha desmantelado el aparato de control social, sino que lo ha reconfigurado bajo una nueva tutela y la mirada atenta de los Estados Unidos.
“No hay celebración en la calle porque rige un estado de conmoción exterior”, explicó Suárez, detallando la vigencia de un decreto que ha paralizado cualquier expresión pública de alegría. El periodista hizo referencia específica al artículo 5 de esta normativa de excepción, el cual faculta a las fuerzas de seguridad a allanar viviendas, sitios de trabajo y espacios públicos para detener a ciudadanos por el simple hecho de festejar la captura del exmandatario. “Ya detuvieron a dos señores de la tercera edad por celebrar. Lo que hay es miedo y una movilización controlada del chavismo en las plazas Bolívar, donde se concentran los poderes públicos”, relató, contrastando la euforia del exilio con la cautela extrema de quienes permanecen en el territorio bajo la vigilancia de los “cuadrantes de paz”.
Intercambio del “petróleo por estabilidad” y economía del hambre
El análisis de Suárez confirma lo que los informes de inteligencia sugerían: la intervención de Washington responde a una lógica de realpolitik pura y dura, más que a una cruzada por la democracia liberal. A pesar de la ausencia física de Maduro y Cilia Flores, el esqueleto institucional del chavismo permanece operativa e intacta bajo el mando de Delcy Rodríguez, quien ha pasado de ser una funcionaria sancionada a convertirse en la interlocutora válida y necesaria para la Casa Blanca en tiempo récord.
“Desde el 3 de enero no ha habido mayor cambio en la gobernanza real del país”, sentenció el periodista. El verdadero cambio en este nuevo orden es el inminente levantamiento de sanciones y el retorno de las grandes petroleras. Suárez destacó que PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) ya ha comunicado oficialmente el inicio de negociaciones para la venta de volúmenes de crudo a Estados Unidos, y que Donald Trump tiene en agenda reuniones con gigantes como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips para reactivar la Faja del Orinoco bajo administración norteamericana directa.
Desde el estado Zulia, cuna histórica del petróleo venezolano y región fronteriza con Colombia, la noticia se recibe con una esperanza tímida, nacida de la necesidad más que de la convicción ideológica. “Aquí arrancó la explotación petrolera y hoy solo queda Chevron. La gente siente cierta alegría no por política, sino por la memoria de la bonanza que trajeron las transnacionales”, admitió Suárez.
Esta expectativa se da en un contexto de economía doméstica devastada, donde la brecha cambiaria asfixia al ciudadano de a pie, siendo que, mientras el Banco Central fija el dólar en 311 bolívares, en la calle se cotiza entre 500 y 600, y pulveriza los salarios que ya se habían evaporado con los gastos de las fiestas.
Una oposición dividida, “alacranes” e “intransigentes”
En este nuevo tablero, la oposición no opera como un bloque monolítico, sino como un archipiélago de intereses contrapuestos. Por un lado, se encuentra el sector “institucional” liderado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes exigen el reconocimiento de su victoria electoral y una transición sin concesiones. Sin embargo, pese a su capital político y el reconocimiento internacional, incluido el Nobel de la Paz 2025 para Machado, la administración Trump los percibe como actores “intransigentes” que podrían entorpecer los acuerdos energéticos urgentes.
“El gobierno de Estados Unidos no los ve como una opción real para gobernar en estos momentos”, afirmó el periodista con crudeza, señalando que la estrategia norteamericana prioriza la estabilidad coercitiva que puede garantizar el aparato estatal chavista (ahora “tutelado”) por sobre la legitimidad moral de una oposición dividida. Suárez describió la fractura interna insalvable entre el sector “radical” de Machado y la oposición parlamentaria “cohabitadora”, despectivamente llamados “alacranes”, que ocupa escaños en la Asamblea Nacional y que califica a la líder opositora de intransigente. Esta división debilita cualquier intento de capitalizar el vacío de poder y deja a la dirigencia democrática tradicional como un actor testimonial en la negociación del petróleo.
El plan de tres pasos
La hoja de ruta diseñada por el Departamento de Estado, bajo la supervisión de Marco Rubio, confirma este desplazamiento. El plan estadounidense consta de tres fases rígidas donde la democracia es la última de ellas. La prioridad actual es la “Estabilización” del orden público bajo la autoridad de Rodríguez, le sigue la “Recuperación Económica” mediante el retorno de gigantes como Chevron y ExxonMobil, y solo en un horizonte lejano se contempla la “Transición” política. En los hechos, esto posterga indefinidamente las aspiraciones de González Urrutia, consolidando un modelo de “chavismo tutelado” donde la legitimidad es suplantada en pos de la seguridad energética.
La censura al periodismo y las “bajas colaterales”
En Venezuela, la prensa gráfica ha desaparecido literalmente del paisaje urbano. “No hay periódicos en la calle, todo murió, no existe la prensa escrita”, graficó, explicando que la censura se ejerce ahora mediante la Ley del Odio, una herramienta legal que permite encarcelar a personas por publicar estados de WhatsApp o comentarios en redes sociales. Los trabajadores de la prensa deben “cuidar cada palabra” para evitar cargos de incitación al odio o terrorismo, delitos que carecen de garantías judiciales claras en el sistema actual.
Sobre las víctimas de la incursión militar, el periodista citó investigaciones de portales locales independientes que elevan la cifra de muertos a 55 personas. Entre ellos, confirmó un dato de alto impacto geopolítico con el fallecimiento de 32 militares cubanos encargados de la custodia presidencial, un hecho ratificado por el propio presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien decretó duelo nacional. Pero la muerte también alcanzó a civiles ajenos al conflicto, como la señora Rosa Elena González en el sector de Catia La Mar, cuya vivienda colapsó por la onda expansiva. “El Fiscal General ha designado investigadores, pero las víctimas existen y son reales”, concluyó Suárez.
El panorama que describe el cronista desde Maracaibo es el de un país que ha cambiado de carcelero pero no de sistema, donde la promesa de libertad ha sido sustituida por un acuerdo de estabilidad autoritaria garantizada por barriles de petróleo, y donde la incertidumbre suplanta a la celebración para una población que intenta sobrevivir al día después de la invasión.