Diputados nacionales de la oposición presentaron una acción de amparo para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó la Ley Nacional de Inteligencia y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) el pasado 2 de enero.
La presentación judicial fue realizada por Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, integrantes del bloque de la Coalición Cívica, junto a Esteban Paulón, diputado de Provincias Unidas en las primeras horas de este lunes. El planteo apunta a frenar la vigencia del decreto firmado por el presidente Javier Milei y los miembros de su gabinete el 31 de diciembre último.
Según sostienen los legisladores opositores, el decreto no cumple con los requisitos constitucionales que habilitan el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia. En ese sentido, los diputados remarcan que el Congreso de la Nación se encontraba en condiciones de sesionar y que una reforma de esta naturaleza debía ser tratada por el Poder Legislativo.
En el escrito presentado ante la Justicia, los diputados opositores cuestionan que el DNU modifica de manera sustancial la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional sin intervención parlamentaria y advierten que habilita al personal de inteligencia a realizar detenciones, una facultad que la normativa vigente reserva exclusivamente a las fuerzas de seguridad con orden judicial.
En esa línea, Ferraro, Frade y Paulón plantean que el decreto vulnera el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Poder Ejecutivo legislar en materia penal y procesal penal mediante DNU, y también el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, los legisladores alertan que la ampliación de atribuciones de la SIDE podría afectar garantías básicas del debido proceso y abrir la puerta a prácticas incompatibles con el sistema democrático, al concentrar mayores niveles de poder en el Ejecutivo nacional.
El planteo judicial también cuestiona la centralización del sistema de inteligencia bajo la órbita del Poder Ejecutivo, al considerar que se debilitan los mecanismos de control y se compromete la independencia que debería regir el funcionamiento del organismo.
En efecto, por sorteo, la causa quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, a cargo de la jueza Rita Alián, que deberá resolver tanto la acción de amparo como la medida cautelar solicitada para suspender los efectos del decreto.
El reclamo parlamentario de los diputados opositores por cambios en la SIDE
En la presentación judicial, los diputados argumentan que el Poder Ejecutivo pudo haber incluido la reforma de la Ley de Inteligencia en el temario de las sesiones extraordinarias o haber convocado al Congreso para su tratamiento, por lo que consideran que la urgencia invocada carece de sustento fáctico.
También Ferraro, Frade y Paulón objetan que el DNU habilite aprehensiones por parte del personal de inteligencia, al señalar que esa atribución está vedada por la Constitución y constituye una intromisión en materia penal, expresamente prohibida para los decretos presidenciales.
En paralelo, los legisladores opositores advierten que las modificaciones introducidas podrían generar un esquema de inteligencia altamente centralizado, con riesgos de utilización política del organismo y posibles afectaciones a la libertad de expresión y a los derechos políticos.
En ese marco, la oposición reclamó la pronta conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para que el Congreso de la Nación analice el Decreto de Necesidad y Urgencia, aunque desde el oficialismo de La Libertad Avanza anticiparon que la discusión parlamentaria se dilataría al menos hasta febrero.