La feria judicial de enero no detendrá el avance de las causas penales que investigan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su comisión directiva, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. Durante el receso habitual de la Justicia, distintos juzgados mantendrán habilitadas medidas para profundizar la producción de prueba, y avanzar en la determinación de eventuales responsabilidades en presuntos delitos financieros.
El juez, Diego Amarante, habilitó la feria judicial para avanzar en la causa por presunta evasión y apropiación indebida de impuestos por parte de la entidad que regula el futbol argentino. La investigación, impulsada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a un monto de $19.353.546.843,85, y ya derivó en la imputación de los integrantes de la comisión directiva.
En ese marco, la actividad también se extiende a Lomas de Zamora, donde el juez federal Luis Armella citó para el próximo 19 de enero al empresario Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette, por el manejo de contratos internacionales de la AFA. El juzgado impulsa la investigación sobre la administración de 260 millones de dólares en el exterior y el presunto desvío de al menos 42 millones.
Por otro lado, el juez en lo penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Marcelo Aguinsky, evalúa citar como testigos a dos pilotos de helicóptero ya identificados, que aterrizaron en reiteradas oportunidades en el helipuerto de una mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. La propiedad está valuada por peritos oficiales en 17 millones de dólares, cifra que se eleva a 20 millones si se incorporan los 54 vehículos de alta gama hallados en un galpón del predio.
Los investigadores sospechan que el inmueble y los bienes resguardados pertenecerían a altas autoridades de la AFA, y no a quienes figuran formalmente como dueños. En la escritura de compraventa, la operación declarada por 1,8 millones de dólares, aparece a nombre de un monotributista, Luciano Pantano, y de su madre jubilada, una situación que encendió las alertas judiciales.
En ese marco, el juez Aguinsky apunta a identificar a los verdaderos propietarios de los bienes investigados y ordenó avanzar sobre el uso de un helipuerto valuado en 85.000 dólares. Ante la ausencia de registros de pasajeros, el magistrado dispuso que los pilotos declaren bajo juramento para precisar a quiénes transportaron en esos vuelos, en una línea de investigación orientada a reconstruir la trazabilidad patrimonial.
En tanto, la causa también sumó un nuevo frente de conflicto por la competencia judicial. La defensa de Pantano pidió el pase del expediente al fuero federal de Campana, al sostener que la quinta y otras dos viviendas bajo investigación se encuentran en esa jurisdicción, un planteo que fue aceptado por el juez, Adrián González Charvay, a pocas horas del inicio del nuevo año.
Ante este escenario, si Aguinsky rechaza inhibirse, la controversia deberá resolverse en un tribunal de apelaciones. En esa línea, el fiscal, Claudio Navas Rial, ya adelantó su postura y dejó asentado que se opondrá al traspaso, al sostener que los hechos investigados, las medidas ya producidas y el volumen de la prueba reunida consolidan la competencia del juzgado penal económico porteño.
La AFA negó maniobras irregulares y cuestionó el trasfondo de las denuncias
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió al cruce de las acusaciones judiciales y defendió los contratos comerciales vigentes en medio de la investigación por presunto lavado de dinero. A través de un comunicado oficial, la actual conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia, aseguró que la gestión iniciada en 2017 permitió revertir acuerdos “históricamente desfavorables” para la institución y negó la existencia de irregularidades.
En el descargo, la AFA sostuvo que la administración de Tapia, impulsó un proceso de “revalorización de los activos”, a partir de la renegociación de vínculos comerciales que, según la entidad, mantenían derechos cedidos hasta 2030 en condiciones perjudiciales. El texto remarcó que, antes del cambio de conducción, la casa madre del fútbol argentino llegaba a resignar hasta el 70% de los ingresos generados por la Selección en favor de intermediarios privados.
Para respaldar ese argumento, el comunicado enumeró ejemplos de gestiones anteriores y mencionó esquemas de reparto que dejaban a la AFA con porcentajes minoritarios. En ese marco, la entidad afirmó que los contratos actuales invirtieron esa lógica y precisó que “en la actualidad se ha logrado dar vuelta la ecuación, obteniendo el 70% para la AFA y el 30% para quienes se asocian”, sostuvo el texto, al justificar los acuerdos hoy bajo análisis judicial.
Finalmente, desde el entorno de Tapia cuestionaron a los denunciantes y aseguran que las acusaciones responden a intereses económicos afectados por la renegociación de contratos. “Es entendible que quienes no quisieron sentarse a renegociar acuerdos desfavorables pretendan recuperar beneficios anteriores insistiendo en causar desgaste institucional”, afirmó la entidad, que habló de una “trama de mentiras y desinformación” para reinstalar viejos privilegios.