El Gobierno nacional oficializó este viernes la actualización salarial para ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo, a través del Decreto 931/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida alcanza a los principales cargos políticos de la administración libertaria, pero excluye expresamente al presidente, Javier Milei y a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
Según el texto normativo, la actualización salarial regirá para ministros, secretarios y subsecretarios comprendidos en distintos regímenes vigentes, así como para autoridades superiores con jerarquía equivalente. Los ingresos de estos funcionarios permanecían congelados desde diciembre de 2023.
El decreto no especifica los montos finales que comenzarán a percibirse a partir de enero, ni establece porcentajes de incremento. No obstante, el Ejecutivo aclaró que el aumento de los sueldos no tendrá carácter retroactivo y comenzará a regir desde su entrada en vigencia.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la cláusula fiscal que condiciona los aumentos a la evolución de las cuentas públicas. En caso de que la Administración Pública Nacional registre déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones quedarán automáticamente congeladas.
Desde el Gobierno señalaron que el objetivo del esquema es reafirmar la centralidad del superávit fiscal como regla de funcionamiento del Estado. En esa línea, la norma remarca que no se habilitarán nuevos incrementos mientras persista una situación de desequilibrio financiero.
En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que resulta necesario garantizar un esquema salarial “adecuado, competitivo y coherente” para quienes ocupan funciones de conducción superior, en función de las responsabilidades que asumen dentro del Estado nacional.
La actualización salarial se inscribe, según el decreto, en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público y forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a la profesionalización y eficiencia del aparato estatal.
En paralelo, la normativa instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a coordinar la implementación de un nuevo sistema de empleo público basado en el mérito y la evaluación periódica del desempeño.
Finalmente, el decreto invita al Poder Judicial, al Congreso, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el esquema de congelamiento salarial para sus autoridades en contextos de déficit fiscal dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Sin actualización salarial para la fórmula presidencial
El Decreto 931/2025 establece de manera explícita que el aumento salarial no alcanzará al presidente ni a la vicepresidenta, cuyos haberes permanecerán sin modificaciones pese a la actualización del resto del Gabinete, tal y como había anunciado Javier Milei el pasado martes.
Actualmente, el primer mandatario percibe $4.066.018, mientras que la vicepresidenta cobra $3.764.820. En tanto, los ministros reciben $3.584.006, los secretarios $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510, valores que servirán como base para la nueva estructura salarial.
La normativa también deroga el artículo 4° del Decreto 235/2024, que había fijado el congelamiento total de los sueldos políticos al tomar como referencia los montos vigentes al cierre de 2023, en el marco del ajuste fiscal inicial de la gestión. En tanto que, desde la Casa Rosada justificaron la exclusión de la fórmula presidencial del aumento al señalar que se trata de “los únicos cargos elegidos por el voto popular”.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la actualización salarial se enmarca en un proceso de transformación del Estado, con foco en la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal, sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.