El Gobierno nacional avanzó con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y resolvió que todas sus funciones pasen a la órbita del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. La decisión se concretó luego del escándalo generado por la filtración de audios que involucraron al exfuncionario Diego Spagnuolo, quien estaba al frente del organismo.
El cierre de la ANDIS fue anunciado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Allí aclaró que la reestructuración administrativa no implicará recortes en pensiones ni en las prestaciones que reciben las personas con discapacidad.
Según explicó el funcionario, la Agencia había sido creada en 2017 como un ente descentralizado con el objetivo de coordinar políticas públicas en materia de discapacidad. Sin embargo, sostuvo que con el paso de los años acumuló un esquema de funcionamiento que derivó en descontrol administrativo y falta de transparencia.
Adorni detalló que las auditorías internas en ANDIS detectaron múltiples irregularidades, entre ellas pensiones que seguían siendo cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación respaldatoria y trámites avalados por profesionales sin sustento clínico.
También mencionó la existencia de organizaciones que facturaban servicios que no se prestaban. Como ejemplo, señaló el caso de la Fundación METAS, que declaraba brindar clases de apoyo escolar pero funcionaba en un inmueble precario, sin servicios básicos ni condiciones mínimas de funcionamiento.
Con el traspaso al Ministerio de Salud, el Gobierno busca unificar criterios sanitarios y fortalecer los mecanismos de control sobre los expedientes. En ese marco, Adorni afirmó que se garantizará la trazabilidad de cada trámite y que habrá auditorías permanentes.
El jefe de Gabinete remarcó que el cambio permitirá eliminar 16 cargos políticos y reducir en un 45,7% la estructura jerárquica del área. Según indicó, el objetivo es ordenar el sistema y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
En esa línea, insistió en que la medida no afecta derechos adquiridos ni implica la suspensión de pensiones. “Esto no significa que se vayan a cortar prestaciones”, reiteró, con el foco puesto en despejar dudas sobre el impacto social de la decisión.
Tras la reestructuración, la ex Agencia Nacional de Discapacidad pasará a funcionar como una secretaría dentro del Ministerio de Salud. El actual interventor, Alejandro Vilches, será quien quede al frente del área en esta nueva etapa.
La Justicia frenó el ajuste en ANDIS
El pasado octubre ANDIS quedó obligada a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas en los últimos meses, a partir de una medida cautelar de alcance nacional. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 12621/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.
El fallo fue dictado por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, que hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Defensor del Pueblo provincial, Dalmacio Mera. La resolución judicial ordena reactivar en un plazo de 24 horas todos los pagos interrumpidos desde 2024 y prohíbe avanzar con nuevas auditorías o suspensiones hasta que exista una sentencia definitiva.
En ese marco, la ANDIS deberá notificar a los beneficiarios alcanzados, asignar los fondos necesarios para cumplir con la orden judicial y comunicar la medida a la ANSES para garantizar la restitución inmediata de las prestaciones. El juez consideró que la suspensión de las pensiones afectó de manera homogénea a miles de personas con discapacidad en todo el país y aplicó la doctrina del caso “Halabi”, al tratarse de un derecho de incidencia colectiva.
La medida cautelar también se dio en un contexto de creciente conflictividad social, tras las protestas de familiares y prestadores en la sede de la ANDIS, que denunciaron recortes, demoras en los pagos y falta de respuestas oficiales. Las organizaciones que impulsaron las presentaciones judiciales advirtieron, además, que las auditorías iniciadas en 2024 carecieron de criterios públicos y protocolos claros, y señalaron que los cambios normativos recientes provocaron la pérdida del beneficio para miles de personas sin ingresos alternativos.