El juzgado federal hizo lugar a la cautelar solicitada por el CIN y declaró inaplicable el decreto presidencial que suspendía la actualización de salarios y becas. En este nuevo escenario, la rectora de la UNMdP, Mónica Biasone, analiza el impacto de la medida, desmantela el argumento del “ahorro fiscal” y advierte que el debate por el Presupuesto 2026 será la batalla final contra la discrecionalidad del Ejecutivo.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo del juez Martín Cormick, asestó un duro golpe a la estrategia de “motosierra” del gobierno de Javier Milei al admitir una medida cautelar que ordena la ejecución inmediata de los artículos salariales y asistenciales de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795).
El fallo responde a una acción de amparo colectivo interpuesta a fines de octubre por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de todo el país. La presentación judicial buscaba frenar los efectos del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había intentado suspender la aplicación de la ley, amparándose en el artículo 5 de la Ley 24.649 que condiciona los gastos a la existencia de partidas específicas. Sin embargo, el magistrado consideró que la suspensión configuraba un supuesto de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, dado que conculcaba derechos laborales y educativos protegidos por tratados internacionales.
En su resolución, el juez Cormick desestimó el argumento fiscal del Gobierno, calificando el impacto de la medida como un “ahorro poco significativo” para las arcas públicas. Citando estimaciones de la propia Oficina de Presupuesto del Congreso, el fallo subraya que el cumplimiento de la norma apenas representaría un 0,14% del PBI, una cifra marginal frente a la gravedad del daño institucional y social que implica el desfinanciamiento. Así, la justicia ordenó cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley, que estipulan la recomposición de los salarios docentes y no docentes, y la actualización de las becas estudiantiles según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
“Un oxigeno necesario para la universidad”
Mónica Biasone, rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), recibió la noticia con un optimismo cauteloso, definiendo al fallo como el “oxígeno necesario” para garantizar la operatividad académica en el cierre del ciclo 2025 y el inicio del 2026.
“El fallo es claro y crea jurisprudencia sobre la división de poderes: un poder no puede avasallar a otro”, sentenció Biasone en diálogo con El Retrato. Para la rectora, la maniobra del Ejecutivo de anular por decreto una ley que había sido ratificada por el Congreso tras el veto presidencial constituía una violación flagrante de los mecanismos republicanos. “Con un decreto no se puede modificar una ley, ni introducir cuestiones que ya fueron debatidas y aprobadas por el Legislativo”, remarcó, aludiendo a los intentos fallidos del oficialismo de incluir la derogación de estas leyes en el dictamen del Presupuesto 2026.
La mentira del déficit y el “capricho” político
La contadora y máxima autoridad de la UNMdP profundizó en el análisis técnico del fallo, coincidiendo con el magistrado en la inconsistencia del argumento del “déficit cero” como excusa para el ajuste educativo.
“Es hasta caprichoso no cumplirlo”, afirmó Biasone. “El juez lo dice claramente: el ahorro es insignificante para el Estado pero es vital para la supervivencia del sistema. Cuando el Gobierno rechaza la ley argumentando que no se especifica de dónde salen los fondos, ignora que el equilibrio fiscal es una premisa técnica, pero el Presupuesto es, ante todo, una definición política de prioridades”.
Biasone explicó que la exigencia de la comunidad universitaria no es un aumento real de haberes, sino una recomposición para empatar una inflación que ha erosionado dramáticamente el poder adquisitivo de los trabajadores desde enero de 2023. “Lo que pedimos es tan básico que la negativa del Gobierno revela una decisión política de no invertir en educación, más que una imposibilidad contable”, analizó.
Presupuesto 2026: el fin de la discrecionalidad
La mirada de la rectora ya está puesta en el próximo 26 de diciembre, fecha clave en la que el Senado debatirá la Ley de Presupuesto 2026. La aprobación de esta norma es vista como un paso fundamental para terminar con la discrecionalidad que ha caracterizado la administración de los fondos públicos durante los últimos dos años de reconducción presupuestaria.
“Hace dos años que el Ejecutivo aplica fondos sin control de la ciudadanía. Todo lo que aportamos en impuestos, está siendo gastado de manera discrecional y sin rendición de cuentas”, alertó Biasone.
La existencia de un presupuesto aprobado permitiría fiscalizar las partidas y exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales, evitando que la educación superior quede a merced de la voluntad unilateral del Ejecutivo. “Es un avance significativo tener un presupuesto, a partir de allí, analizaremos si las partidas se ajustan a la ley, pero al menos tendremos un marco legal de referencia”, sostuvo con esperanza.
Contra el relato del adoctrinamiento y la privatización
Biasone respondió a las críticas ideológicas que suelen orbitar alrededor del conflicto presupuestario. Consultada sobre las acusaciones de “adoctrinamiento” en las aulas, sentenció que estas declaraciones responden a una “ignorancia suprema” sobre la vida universitaria.
“La universidad es el mejor ejemplo de democracia participativa que tiene el país”, aseguró, recordando la convivencia de todas las fuerzas políticas, incluidos sectores libertarios, en los órganos de cogobierno. “En nuestros consejos superiores y académicos se sientan peronistas, radicales, socialistas y gente que ha votado a Milei. Las decisiones se toman por consenso para el sistema, no por afiliación partidaria. Aquí enseñamos Derecho y Ciudadanía, no militancia”.
Asimismo, despejó las sospechas sobre una supuesta privatización encubierta a través de la relación con el sector privado. Biasone aclaró que la vinculación tecnológica y la venta de servicios son herramientas virtuosas que generan recursos propios para mantenimiento menor, pero que de ninguna manera pueden sustituir la responsabilidad constitucional del Estado. “No nos financiamos con el sector privado, la obligación de sostener la educación pública es y debe seguir siendo del Estado