Este lunes, la Confederación General del Trabajo (CGT) encendió una señal de alerta al Gobierno nacional al advertir que la reforma laboral impulsada por el oficialismo podría terminar judicializada si avanza sin consensos amplios. el Senado resolviera postergar su tratamiento hasta febrero, una decisión que la central obrera atribuyó a la presión sindical y a la falta de votos suficientes para aprobar el proyecto en los términos originalmente planteados.
Es que, el integrante del triunvirato de conducción de la CGT, Jorge Sola, celebró la postergación del debate como un logro coyuntural del movimiento obrero y advirtió sobre las consecuencias legales que podría enfrentar el Ejecutivo, al señalar que la reforma laboral contiene “objeciones de fondo desde el punto de vista constitucional”, por lo que, de insistir con su aprobación, el Gobierno “va a tener muchos líos” y podría volver a chocar con límites judiciales en el corto plazo.
Según explicó el dirigente sindical, la decisión de correr el tratamiento legislativo no fue casual ni exclusivamente técnica, sino que respondió a una combinación de factores políticos y sociales, entre ellos la movilización de la semana pasada y un trabajo previo de diálogo con gobernadores, senadores y diputados de distintos espacios, en el que la CGT expuso los efectos que tendría la reforma laboral sobre el empleo y los derechos laborales vigentes.
En declaraciones radiales, Sola sostuvo que ese proceso incluyó conversaciones con referentes de diversos bloques y también advertencias dirigidas a figuras centrales del oficialismo, y remarcó que el intento de avanzar con el proyecto en tiempos acelerados y sin discusión profunda era un error, ya que varios senadores expresaron desacuerdos totales o parciales y dejaron en claro que el Gobierno no contaba con los apoyos necesarios para sancionar la reforma laboral tal como estaba redactada.
La confirmación oficial de que la reforma laboral será tratada recién en febrero llegó días después de que el proyecto obtuviera dictamen en comisión, y desde el Ejecutivo se explicó la postergación en la necesidad de priorizar la aprobación del Presupuesto 2026 y en la conveniencia de analizar modificaciones sugeridas por bloques aliados, aunque desde la CGT interpretaron ese movimiento como una señal de debilidad parlamentaria más que como una decisión estratégica voluntaria.
Frente a ese escenario, Sola reclamó que el Gobierno nacional amplíe la convocatoria al debate sobre la reforma laboral y no limite el intercambio únicamente al sector sindical, al considerar que una discusión de esta magnitud “requiere escuchar a todos los actores involucrados en el mundo del trabajo y la producción”, aunque aclaró que la CGT mantiene una actitud propositiva respecto de algunos aspectos de la modernización laboral, pero rechaza de plano un proyecto que, según su diagnóstico, no mejora las condiciones de los trabajadores.
En tanto, el dirigente sindical contextualizó su postura en una lectura crítica de la situación económica actual, al afirmar que en los últimos dos años se produjo el cierre de más de 18.000 pequeñas y medianas empresas y la pérdida de alrededor de 200.000 empleos formales, un proceso que vinculó con la “falta de inversión productiva y con políticas económicas que debilitan el entramado industrial y comercial en lugar de fortalecerlo”.
En ese sentido, Sola sostuvo que modificar las reglas laborales entre empleadores y trabajadores no genera empleo por sí mismo y que el foco debería estar puesto en incentivar la inversión y revisar la estructura tributaria, al advertir que abrir una pyme implica afrontar una carga impositiva que puede representar entre el 30 y el 40% entre impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, y cuestionó la intención de financiar esquemas de despido con recursos del sistema previsional.
Por caso, Sola expresó diferencias con el diagnóstico del presidente Javier Milei sobre el trabajo informal, al señalar que quienes se desempeñan en la informalidad tienen derechos reconocidos pero no pueden ejercerlos por encontrarse en una situación irregular, y amplió ese universo al incluir a los monotributistas, al tiempo que alertó sobre el impacto de la apertura indiscriminada de importaciones en sectores industriales como el textil, el cerámico y el del juguete, que atraviesan una situación crítica.
Para la CGT, el ajuste fiscal exhibido por el Gobierno nacional tiene un costo social significativo, ya que si bien se logró reducir el déficit, persisten dificultades severas para amplios sectores de la población, entre ellos jubilados, personas con discapacidad y trabajadores informales, además de reclamos de gobernadores que atribuyen el equilibrio fiscal al recorte de obra pública y de transferencias a las provincias.
De cara a la próxima etapa del debate por la reforma laboral, el dirigente adelantó que la central obrera profundizará el diálogo con senadores de distintos bloques que manifestaron disposición a revisar el proyecto, con el objetivo de construir una alternativa que contemple la realidad del mundo del trabajo, y dejó en claro que, si el Gobierno insiste en avanzar sin consensos, la respuesta sindical volverá a expresarse en la calle y también, eventualmente, en los tribunales.
Reforma laboral: la Legislatura bonaerense también cuestionó la ley de Milei
En la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense de la semana pasada, los legisladores se enroscaron en un acalorado debate de casi una hora sobre la reforma laboral redactada por el presidente de la Nación, Javier Milei, que comenzó a ser analizada por el Congreso. En este sentido,se pudo acceder a los dos proyectos presentados por el peronismo y por el Frente de Izquierda (FIT) para rechazar la normativa desreguladora del Jefe de Estado.
Por el lado de Unión por la Patria, como parte de sus primeros proyectos, la flamante diputada quilmeña, Mayra Mendoza, ingresó una normativa en la que pidió que la Legislatura exprese su preocupación por la reforma laboral de Milei, a la que consideró como “un nuevo ataque a los derechos de las trabajadoras y trabajadores”.
En su propuesta, la intendenta de Quilmes en uso de licencia se hizo eco de la caída del 2,9% de la producción industrial en términos interanual, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), y de la reducción de 4.479 empleadores con trabajadores registrados entre diciembre de 2023 y julio de 2025, de acuerdo al relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
En cuanto a la Izquierda, la diputada Mónica Schlotthauer también elevó una iniciativa para rechazar la reforma laboral de Milei, la cual se da en “un contexto de profunda crisis laboral, social y económica que atraviesan la clase trabajadora y los sectores populares de nuestro país, agravada por las políticas del gobierno, su alianza con el PRO y la complicidad de gobernadores, sectores patronales y burocráticos”.
A diferencia de Mendoza, Schlotthauer mencionó en su proyecto que el peronismo también elevó reformas laborales en nombre de “la modernización, la productividad, las inversiones, el empleo formal” y apeló a las carencias de jóvenes y sectores “sin derechos ni estabilidad”. Para ello, nombró el caso del gobierno de Carlos Menem, quien legalizó medidas para flexibilizar el trabajo y que, según la diputada del FIT, trajeron contrataciones precarias, la reducción de indemnizaciones e hizo crecer la informalidad.