El Gobierno nacional apeló el fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó la ejecución inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un contexto de creciente tensión política y parlamentaria. El recurso fue presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación y concedido por el juez, Adrián González Charvay, por lo que ahora deberá expedirse la Cámara Federal de San Martín.
La apelación fue interpuesta, tras la resolución judicial que declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido la vigencia de la ley sancionada por el Congreso. El escrito lleva la firma del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, con el patrocinio letrado del subprocurador Julio Comadira, y fue presentado bajo el argumento de que la sentencia “causa agravio al Estado Nacional”.
El magistrado concedió la apelación con efecto devolutivo, lo que implica que el fallo sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad continuará vigente mientras se tramita la revisión ante la Cámara. Además, otorgó un plazo de cinco días al Estado nacional para fundar formalmente el recurso presentado.
La decisión judicial se conoció en paralelo a un nuevo revés legislativo para el oficialismo. En la Cámara de Diputados, la oposición logró rechazar el artículo del Presupuesto 2026 que proponía derogar de manera definitiva la Ley de Emergencia en Discapacidad, norma sancionada el año pasado, tras el rechazo del veto presidencial.
Ese escenario profundizó la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, ya que la Casa Rosada busca revertir esa votación en el Senado y luego insistir con el proyecto presupuestario en Diputados, una estrategia que, tras la última sesión, aparece como políticamente compleja.
El fallo cuestionado por el Gobierno declaró inválida la cláusula que suspendía la aplicación de la ley con el argumento de la falta de partidas presupuestarias. González Charvay sostuvo que esa suspensión violaba de forma directa el mandato constitucional, al subordinar una decisión del Poder Legislativo a una norma de jerarquía inferior.
En su resolución, el juez también objetó el fundamento presupuestario utilizado por el Ejecutivo y calificó ese razonamiento como engañoso. Señaló que la propia Ley de Emergencia en Discapacidad faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas, por lo que consideró que el argumento oficial resultaba “falaz” a la luz del texto legal.
Al analizar las consecuencias de la medida, el magistrado concluyó que la suspensión de la norma constituía un caso de discriminación hacia las personas con discapacidad, lo que afecta especialmente a niños, niñas y adultos mayores. También, el juez advirtió que aceptar la postura del Ejecutivo implicaría convalidar un uso parcializado de los recursos públicos.
La sentencia destacó además la gravedad de la situación que atraviesa el sector, marcada por una pérdida sostenida del poder adquisitivo y el deterioro de los servicios y prestaciones vinculadas a la salud. Según el fallo, este contexto mantiene a las personas con discapacidad y a las instituciones prestadoras en un estado de vulnerabilidad extrema.
Finalmente, la Justicia desestimó el planteo del Gobierno de supeditar la solución del conflicto a una eventual asignación de fondos en el Presupuesto 2026. El juez sostuvo que esa promesa futura no resolvía la emergencia actual y reafirmó la necesidad de adoptar acciones inmediatas para garantizar la protección reforzada que exige el marco constitucional y convencional vigente.
El debate por el Presupuesto 2026 y la Ley de Emergencia en Discapacidad
Desde la Casa Rosada sostienen que el proyecto que será girado al Senado no reúne las condiciones necesarias para una sanción definitiva, al considerar que la eliminación del Capítulo XI obliga al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario. Fuentes del Poder Ejecutivo advirtieron que esa modificación “vulnera el déficit cero” que el oficialismo buscaba consolidar como eje central de la ley de Presupuesto.
Para el Gobierno nacional, el debate excede lo técnico o reglamentario y se inscribe en una disputa política y económica más amplia: déficit versus superávit y continuidad de esquemas del pasado frente a un modelo de responsabilidad fiscal. En ese marco, los libertarios entienden que las leyes que permanecen vigentes generan obligaciones de gasto que ponen en riesgo el equilibrio fiscal.
En particular, desde el Ejecutivo remarcan que la Ley de Emergencia en Discapacidad implica compromisos presupuestarios significativos y reiteran que, mientras no cuenten con partidas asignadas, no aplicarán los fondos previstos, pese a los fallos judiciales adversos. Según plantean, una eventual sanción definitiva dejaría al Gobierno sin margen para sostener su política de superávit.