Alejandra Género y Marisa Benaduche se negaron a declarar amparadas en su defensa técnica. El fiscal Rodolfo Moure confirmó a el Retrato que el material probatorio, especialmente los audios, es suficiente para avanzar hacia el juicio, mientras se prepara el testimonio protegido de las víctimas.
El avance de la causa que investiga vejaciones, amenazas y coacción agravada contra niños alojados en la Sociedad de Protección a la Infancia de Balcarce sumó esta semana un capítulo previsible en la estrategia defensiva, pero determinante para los tiempos de la instrucción. Alejandra Género, presidenta de la institución, y la empleada Marisa Benaduche, optaron por el silencio al presentarse a indagatoria ante el fiscal Rodolfo Moure.
Asistidas por el abogado particular Gustavo Marsellac, ambas imputadas hicieron uso de su derecho constitucional de negarse a declarar, una maniobra que no sorprendió a los investigadores. Sin embargo, lejos de dilatar el proceso, la Fiscalía considera que el cuadro probatorio ya recolectado posee la solidez suficiente para sostener la acusación sin necesidad de la confesión de las partes.
En diálogo con el Retrato, el fiscal Moure explicó que la evidencia es contundente, sustentada principalmente en las grabaciones que trascendieron públicamente, donde se escuchan amenazas de extrema crueldad física y psicológica. “A criterio de la fiscalía, sí, hay evidencia suficiente para avanzar hacia el juicio. Mucho para ratificar no hay porque están las grabaciones, pero escucharemos la versión de las verdaderas víctimas”, sostuvo el funcionario judicial.
La voz de los niños bajo resguardo
El próximo paso procesal será la declaración de los menores a través del dispositivo de Cámara Gesell. Esta instancia permitirá incorporar el testimonio de las víctimas en un entorno cuidado, validando jurídicamente los maltratos que aparecen en los audios, tales como amenazas con armas blancas o castigos denigrantes.
Moure confirmó que la medida ya ha sido autorizada y se ejecutará en los próximos días. No obstante, se ha impuesto un estricto cerco informativo sobre la fecha exacta para preservar la integridad emocional de los niños y evitar su revictimización mediática. “Veremos si ratifican los hechos; la fiscalía estará a la espera de estas declaraciones para evaluar si se mantiene o se amplía la calificación legal”, explicó el fiscal.
Libertad durante el proceso y límites de la investigación
A pesar de la indignación social que despertó el caso en la comunidad de Balcarce, las imputadas transitarán esta etapa del proceso en libertad. Moure aclaró que los delitos imputados, como amenazas y coacción, son excarcelables según el Código Procesal Penal bonaerense, siempre que no existan riesgos de fuga o entorpecimiento probatorio. “La propia Ley permite que la persona continúe en libertad mientras dura el proceso. Salvo que intenten fugarse, no se pedirá la detención formal”
Por otra parte, Moure desestimó por el momento que la pesquisa se extienda hacia funcionarios municipales o responsables del Servicio Zonal por “omisión” en sus deberes de control. “Nosotros investigamos delitos. Las falencias administrativas o errores funcionales exceden nuestra órbita, salvo que se compruebe la comisión de un ilícito penal por otra persona”, sentenció.
De esta manera, la estrategia acusatoria se centra, por ahora, en las autoras materiales de los hechos. La causa avanza a paso firme hacia la elevación a juicio, sostenida en la brutalidad de los audios y en la inminente palabra de los niños, quienes intentarán reconstruir su historia.