Karen Salas, nieta de la víctima de 89 años Hector Salas, confirmó el traslado de su abuelo y expuso una trama de horror detrás de los muros de la calle Pacheco. Dosis excesivas de psicofármacos para “contener” a los pacientes, maltratos sistemáticos a otros residentes y una maniobra de la propietaria para desmantelar la residencia antes de una clausura oficial.
El caso de Héctor Salas, el hombre de 89 años de denunció haber sido agredido brutalmente en la residencia “Posada Punta Mogotes“, ha destapado un sistema de presuntos tormentos y negligencia médica. Tras retirar al anciano del establecimiento, su familia rompió el silencio y aportó detalles escalofriantes que agravan la situación procesal de la propietaria, identificada como Rosa J. , y de su entorno familiar.
Hector ya no se encuentra en geriatrico de la calle General Pacheco al 2100. Su nieta, Karen Salas, confirmó en diálogo con el Retrato que la familia ejecutó el traslado el pasado lunes, encontrando al paciente estabilizado físicamente pero inmerso en un contexto traumático. Sin embargo, la salida del damnificado no cerró el capítulo, sino que destapó una serie de irregularidades que van desde la “sujeción química” hasta maniobras de encubrimiento.
La hipótesis de la sobremedicación
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el manejo farmacológico de los pacientes. Según reconstruyó la familia en base a testimonios de ex empleados, la agresión física habría estado precedida por una intoxicación de medicamentos.
La propietaria del lugar habría justificado las lesiones de Salas, que incluyen fracturas en los dedos y cortes en el rostro, alegando una supuesta “defensa propia” ante un brote psicótico del anciano. No obstante, la familia sostiene otra versión donde Hector habría recibido una dosis de quetiapina (un antipsicótico atípico) que duplicaba la indicación terapéutica, pasando de 200 a 400 miligramos en un lapso breve, con el objetivo de sedarlo mecánicamente.
“Lo pasaron de droga. Al no poder calmarlo, o al no surtir el efecto inmediato que buscaban, recurrieron a la violencia física, doblándole los dedos hasta fracturarlos para obligarlo a ingerir más medicación”, detalló Karen Salas, desarticulando la teoría del “brote” esgrimida por la dirección del geriátrico.
Un patrón de conducta sistemático
El video que captó el ataque a Salas parece no ser una excepción, sino la norma operativa del establecimiento. A raíz de la viralización del caso, la familia comenzó a recibir una catarata de testimonios de ex trabajadores y familiares de otros residentes que describen un cuadro de trato inhumano y degradante repetitivo.
Entre las acusaciones que ahora deberán ser investigadas por la Justicia, se enumeran prácticas aberrantes como “manguerear” a los ancianos con agua fría en pleno invierno cuando estos no controlaban sus necesidades, o el retiro violento de sondas a pacientes con movilidad reducida. “La dueña no operaba sola. En el lugar residen y trabajan sus hijos y nietos. Ellos también participaban”, sostuvo la denunciante.
Fuga hacia adelante: el desguace de la residencia
La gravedad de la denuncia ha precipitado una reacción defensiva por parte de los responsables de “Posada Punta Mogotes“. Según dice la familia, lejos de ponerse a disposición de los organismos de control, la propietaria habría comunicado al personal su decisión de cerrar el establecimiento de manera inminente.
“Se la vio venir. Sabe que el video es una prueba irrefutable y ahora busca desmantelar el lugar, avisando a los familiares que retiren a los abuelos para evitar las inspecciones”, advirtió Salas. Esta maniobra de vaciamiento exprés genera una preocupación urgente sobre el destino de los aproximadamente 40 residentes que aún permanecen en el lugar.
Adicionalmente, según le informaron a la familia ex empleados del geriatrico, no es la primera maniobra de evasión realizada por la dueña del lugar. Afirman que múltiples veces cuando un empleado intervenía en los maltratos o informaba a la familia era despedido sin justificación como castigo.
La familia Salas no solo exigen la condena penal por las lesiones gravísimas contra Héctor, sino la inhabilitación profesional definitiva de Rosa J. y la clausura efectiva del lugar, para evitar que la estructura se reorganice bajo otra razón social. “Queremos justicia, no solo por mi abuelo, sino para que esta mujer no tenga nunca más una vida a su cargo”, sentenció la nieta.
La Fiscalía interviniente debería actuar con celeridad para asegurar la prueba testimonial y documental antes de que el “operativo cierre” borre las huellas de lo que ocurría intramuros en Punta Mogotes.