El Gobierno nacional decretó el asueto administrativo para trabajadores estatales, los días 24 y 31 de diciembre. La medida quedó formalizada a través del Decreto 883/2025, firmado por el propio presidente Javier Milei, en la antesala de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
En ese marco, la disposición oficial alcanza a todo el personal estatal nacional, que no deberá cumplir funciones durante ambas jornadas e instruyó a los distintos organismos a garantizar la continuidad de los servicios esenciales, pese al asueto generalizado.
Desde el Ejecutivo libertario, justificaron la decisión en el carácter social y familiar de las celebraciones. Según el decreto, los días 24 y 31, “se encuentran habitualmente destinados a la realización de los preparativos” y a los desplazamientos necesarios para posibilitar el encuentro familiar.
En tanto, la definición presidencial también se apoyó en la Ley 27.399, que establece como feriados nacionales inamovibles al 25 de diciembre y al 1° de enero. En ese marco, el Gobierno consideró oportuno facilitar la organización y el descanso en las vísperas de ambas fechas, sin que la medida implique erogaciones adicionales para el Estado nacional.
Por otro lado, la norma sostuvo que el asueto tendrá un impacto positivo en el turismo interno, al favorecer los desplazamientos dentro del país y el aprovechamiento de los días no laborables. Además, el texto oficial aclaró que la medida no afectará el normal funcionamiento de las instituciones bancarias ni de las entidades financieras, que deberán operar con normalidad.
Vale precisar que la decisión oficial se conoció en un contexto de creciente tensión entre la administración libertaria y los gremios estatales. En concreto, el conflicto involucra a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que el 9 de diciembre pasado, llevó adelante un paro nacional contra la reforma laboral que impulsa el oficialismo.
En el gremio que conduce Rodolfo Aguiar advirtieron que el Ejecutivo nacional analiza una nueva ola de despidos en el sector público. Según ATE, el Gobierno proyecta un recorte del 10% de la planta estatal a partir del 31 de diciembre, un escenario que mantiene en alerta a los trabajadores.
Finalmente, el gremio ya anunció un nuevo paro para el miércoles de esta semana, en sintonía con la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Aunque la protesta se centra en el rechazo a la reforma laboral, el trasfondo del reclamo también incluye el ajuste sobre el empleo público, lo que anticipa un cierre de año cargado de tensiones.
Estatales alerta por el vencimiento de más de 70.000 contratos en diciembre
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en estado de alerta por el vencimiento de más de 70.000 contratos de trabajadores estatales, que podrían llevarse a cabo a partir del 31 de diciembre. Según señalaron desde el gremio, a fin de año se terminan más de 70.000 trabajadores de la administración pública, que podrían no ser renovados.
Es que, tras la reestructuración de Gabinete, el jefe de ministros, Manuel Adorni, se encuentra coordinando con su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, una nueva tanda de despidos. El objetivo de la administración libertaria es reducir la planta de trabajadores estatales otro 10% antes del próximo año, en pleno debate por la reforma laboral.
“La motosierra es constante”, señalaron desde el despacho de Sturzenegger, tras revelar que los despidos desde el inicio de la gestión ascienden a 58.797 personas contempladas entre organismos centralizados y descentralizados, personal militar, de seguridad y empresas del Estado.
En ese contexto, el gremio que conduce Rodolfo Aguiar exigió la inmediata renovación de los contratos y decidió profundizar las medidas de fuerza tras el paro del pasado 9 de diciembre. Los representantes de los trabajadores estatales llamaron a un nuevo cese de actividades para esta semana, en línea con la protesta gremial de la CGT por el debate de la reforma laboral.