El diputado de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, ingresó un proyecto de ley para poner en marcha el Tribunal de Responsabilidad Política, un organismo de carácter constitucional en la Provincia de Buenos Aires, pero que hasta el momento no se conformó.
Es que, en 1994 con la reforma constitucional, se estableció en el artículo 3 que había que crear un “Tribunal Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales”. Sin embargo, desde aquel entonces, todos los legisladores que pasaron por la Legislatura bonaerense no pudieron acordar la implementación del organismo.
En ese sentido, el legislador Garciarena pide dar plena operatividad a la creación del Tribunal de Responsabilidad Política. “La falta de reglamentación e institucionalización de este Tribunal constituye una deuda pendiente del Estado provincial, que a lo largos de distintas gestiones se impulsaron iniciativas, pero ninguna logró materializar el diseño institucional previsto en la Constitución”, alegó.
“Esta omisión prolongada no sólo implica un incumplimiento formal del mandato constitucional, sino también una carencia sustantiva en materia de transparencia, control democrático y rendición de cuentas ante la ciudadanía”, señaló el legislador por la Quinta sección electoral en los considerandos del proyecto.
Vale precisar que, el Tribunal de Responsabilidad Política también podrá investigar a los poderes públicos provinciales y municipales, así como también organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas estatales o sociedades que cuenten con participación estatal, con el propósito de transparentar las distintas gestiones.
“El Tribunal de Responsabilidad Política no interfiere en la competencia de los órganos jurisdiccionales, por el contrario, permite abordar conductas que, aun no se han configurado como delitos pero que dañan la confianza pública, vulneran principios éticos o deterioran la integridad institucional del Estado”, agregó el diputado bonaerense.
Así, el nuevo organismo tendrá como propósito investigar denuncias sobre posibles actos de corrupción, determinar la existencia de actos ilícitos y la responsabilidad del funcionario, verificar el perjuicio a terceros o el propio Estado, iniciar acciones civiles y mejorar la transparencia de las gestiones de las distintas dependencias estatales.
En esa línea, Garciarena remarcó la necesidad de consolidar mecanismos de control en un contexto donde la sociedad demanda mayor transparencia, mejores estándares de integridad y un uso responsable de los recursos públicos.
“Este proyecto por tanto institucionalizar un órgano que pueda investigar de oficio o por denuncia, que cuente con procedimientos garantistas y públicos, y que rinda cuentas periódicamente a la Legislatura, fortaleciendo así el control democrático”, concluyó el legislador.