El Gobierno nacional difundió el texto definitivo del proyecto de reforma laboral que será enviado al Congreso en los próximos días, luego de semanas de negociaciones dentro del oficialismo y de conversaciones informales con representantes sindicales y actores del mercado laboral.
El documento, que se elaboró en el marco del Consejo de Mayo, incluye cambios en vacaciones, indemnizaciones, despidos, banco de horas, digitalización salarial, procedimientos judiciales y regímenes específicos para sectores como casas particulares, trabajo agrario y reparto por aplicaciones.
Desde la Casa Rosada remarcan que el proyecto busca adecuar el sistema laboral “a la realidad del mercado de trabajo”, pese a que varios de los puntos propuestos habían generado fuerte resistencia en la CGT y otros gremios.
Entre los aspectos más destacados, el texto establece que las vacaciones podrán fraccionarse en tramos no inferiores a siete días, con obligación de que al menos una vez cada tres años se otorguen durante el verano. Además, incorpora la posibilidad de ampliar de manera individual o colectiva el período vacacional, siempre dentro de los mínimos legales de la Ley de Contrato de Trabajo.
Otro punto central es el banco de horas. El proyecto habilita acuerdos escritos y voluntarios entre empleadores y trabajadores para compensar horas extraordinarias dentro de los límites semanales, siempre que estén garantizados los descansos mínimos. También permite que los convenios colectivos definan cálculos promedios de jornada y mecanismos de control para registrar horas trabajadas.
En materia de indemnizaciones, la reforma laboral abre la puerta a fondos o seguros sectoriales de cese laboral, financiados por aportes patronales mensuales. El cálculo indemnizatorio contempla salario básico, sumas habituales y antigüedad, con topes y pisos definidos sobre el salario promedio del convenio. Para despidos sin causa, se mantiene la fórmula de un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor a tres meses, basado en la mejor remuneración habitual del último año.
El proyecto avanza además con cambios en los procedimientos ante despidos, que incluyen la posibilidad de que, si la Justicia declara inválida la desvinculación, el trabajador pueda optar por reincorporarse o percibir la indemnización correspondiente. Se reglamentan también servicios mínimos del 75% en áreas esenciales y del 50% en sectores estratégicos como transporte, salud, educación, energía o logística.
En cuanto a remuneraciones, la reforma laboral modifica la composición salarial y establece la digitalización obligatoria de recibos de sueldo, documentación laboral y certificados médicos. La norma detalla qué conceptos integran la remuneración principal y fija pautas para mejorar la transparencia ante eventuales reclamos judiciales.
La iniciativa incorpora regímenes específicos para casas particulares, que elevan a seis meses el período de prueba, y para el trabajo agrario, donde ese plazo será de ocho meses. También crea un Régimen de Servicios Personales de Reparto y Mensajería para trabajadores de plataformas, que deberán registrarse en ARCA, realizar aportes y contar con cobertura social, además de acceder a derechos vinculados a bloqueos, suspensiones y propinas.
Otro de los capítulos relevantes es el referido a fondos de asistencia laboral, que prevé aportes patronales del 3% de la remuneración computable para respaldar despidos en el sector privado. También se regulan transferencias de establecimientos, responsabilidad solidaria en subcontrataciones, y procedimientos para litigios laborales, incluyendo sanciones por “pluspetición inexcusable”.
Finalmente, el proyecto de reforma laboral elimina la ultraactividad de los convenios colectivos: una vez vencidos, las condiciones laborales solo se sostendrán hasta que exista un nuevo acuerdo o prórroga. La autoridad laboral podrá suspender cláusulas ultraactivas cuando generen distorsiones económicas, y se establece la prelación de convenios de menor ámbito por sobre los superiores.
Tensiones con la CGT por la reforma laboral
El texto remitido por el Poder Ejecutivo excluyó uno de los artículos más cuestionados por la CGT, que afectaba el financiamiento sindical mediante cambios en el régimen de cuotas solidarias. La eliminación del punto, interpretada como un gesto para descomprimir tensiones, fue la principal modificación de último momento antes de la firma presidencial.
Aun así, el proyecto mantiene que cualquier descuento sindical requerirá consentimiento individual del trabajador, acuerdo entre las partes y autorización de la Secretaría de Trabajo. Para la central obrera, esta disposición es motivo de preocupación y, según anticipó la dirigencia, no implica un aval al resto de los cambios planteados.
Mientras tanto, dentro del propio oficialismo se registraron tensiones entre los sectores que reclamaban sostener el contenido original y quienes consideraban necesario realizar ajustes para asegurar el debate parlamentario. La decisión de retirar artículos conflictivos surgió como estrategia para ordenar la discusión y evitar que la confrontación con la CGT se profundizara antes del inicio del tratamiento legislativo.