Tras los operativos judiciales en el Palacio Municipal, Acción Marplatense elevó un pedido de informes al intendente interino Agustín Neme. Horacio Taccone advirtió sobre la falta de transparencia en la concesión del Minella y sentenció: “Las cosas que empiezan mal, terminan mal”.
El impacto político de los requerimientos judiciales en la Municipalidad de General Pueyrredon no tardó en materializarse en el Concejo Deliberante, transformando lo que podría haber sido una simple inquietud administrativa en un conflicto institucional de grandes proporciones. Tras la confirmación de operativos federales vinculados a la causa por presunto lavado de activos en la financiera “Sur Finanzas”, el bloque de Acción Marplatense elevó un proyecto de comunicación exigiendo al Ejecutivo que detalle el alcance preciso de la investigación y, fundamentalmente, su conexión con la reciente y polémica adjudicación del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas.
La trama judicial, instruida por la Justicia Federal de Lomas de Zamora, indaga una presunta red de lavado de dinero que tendría como vértice a la financiera, conocida en el ambiente deportivo por ser sponsor omnipresente de diversos clubes de fútbol de ascenso y primera división. Sin embargo, lo que preocupa en los pasillos del Palacio Municipal no es solo la causa madre, sino el nexo local que enciende todas las alarmas: la figura de Eduardo Spinosa, ex presidente de Banfield. Spinosa aparece en el expediente vinculado tanto a la entidad financiera investigada como al consorcio “Minella Stadium S.A.”, el grupo adjudicatario que se hizo de la concesión integral del Parque de los Deportes por los próximos 30 años.
Para la oposición esto es el corazón del problema, un contrato que compromete el patrimonio municipal por tres décadas que podría estar sustentado sobre cimientos financieros bajo sospecha federal.
Horacio Taccone, concejal y referente de Acción Marplatense, criticó la reacción del gobierno municipal, que en una primera instancia y ante las consultas por parte de la prensa, negó rotundamente la existencia del procedimiento judicial. “Si se niega algo que ocurrió, es porque se quiere esconder algo o porque se ha perdido el control de la situación”, sostuvo el concejal. Taccone calificó la maniobra no como un hecho aislado, sino como parte de un patrón recurrente de comunicación y gestión que busca minimizar las crisis negando la realidad hasta que esta se vuelve innegable. “Esta actitud trae más oscuridad a una situación que no es para nada clara y erosiona la confianza pública“, agregó.
Para el bloque opositor, la investigación penal viene a confirmar las advertencias realizadas durante el apresurado debate legislativo de hace unos meses. En aquel momento, el oficialismo, valiéndose de su mayoría automática, aprobó el pliego de licitación “a libro cerrado”, rechazando sistemáticamente los pedidos de informes y las modificaciones sugeridas para blindar la transparencia del proceso.
Taccone recordó la cronología del proceso privatizador con una sentencia lapidaria que resuena con mayor fuerza tras los allanamientos: “Lo venimos diciendo hace tiempo: las cosas que empiezan mal, terminan mal”. Según el análisis del ex titular del EMDER, hubo una estrategia deliberada de abandono estatal que conllevo, intencional o no intencionalmente, a la privatización: “El punto de partida fue inhabilitar la platea techada para generar en la gente la conciencia de que era necesaria la privatización, en lugar de arreglar la gotera, se construyó un escenario de crisis terminal para justificar ante la opinión pública una entrega del patrimonio sin los controles adecuados, presentándola como la única salvación posible”.
El pedido de informes solicita al intendente interino, Agustín Neme, que ratifique si las actuaciones judiciales se circunscriben exclusivamente al proceso licitatorio del estadio y si existen funcionarios de la actual administración involucrados o citados en la causa. La gravedad radica en la posibilidad de que el municipio haya facilitado, por acción u omisión, un esquema de blanqueo de capitales a través de la obra pública.
Sin embargo, la preocupación opositora apunta tambien a la ejecución económica del contrato, que ya muestra asimetrías preocupantes entre el lucro privado y el beneficio público. “Los concesionarios ya empezaron a realizar eventos masivos en el Polideportivo y a facturar cientos de millones de pesos en tickets y comercialización, pero todavía no invirtieron un solo peso en infraestructura real“, disparó Taccone.
El contraste es doloroso para el deporte local, mientras la empresa ya goza del flujo de caja positivo por la explotación comercial inmediata de los espacios rentables, las mejoras prometidas y las reparaciones estructurales brillan por su ausencia. “Esos renders tan divinos que a todos nos hicieron ver, con estadios modernos, techados y futuristas, parecen estar lejos de transformarse en realidad mientras la facturación sigue corriendo”, ironizó el concejal. El temor subyacente es que el concesionario capitalice las ganancias a corto plazo y abandone el proyecto si la situación judicial se complica, dejando a la ciudad con el mismo estadio en ruinas y un litigio millonario.
El proyecto ingresado al cuerpo deliberativo también pone el foco en la falta de “due diligence” (auditoría previa de solvencia y antecedentes) sobre los socios que componen Minella Stadium S.A., una firma integrada por el grupo brasileño Revee y socios locales de Pro Enter. ¿Hubo estafa o negligencia por parte del Municipio? “Escapan las dos cosas. No podés desconocer con quién vas a contratar por 30 años ni de dónde provienen sus fondos. El Estado tiene la obligación indelegable de chequear el origen del capital”, afirmó el ex presidente del EMDER.
Taccone argumentó que un contrato de esta magnitud exigía una radiografía completa de los antecedentes empresariales y judiciales de los oferentes, algo que, a la luz de los hechos, no se realizó o se ignoró deliberadamente. “No han sido transparentes en el análisis de los antecedentes empresariales, y ahora la ciudad paga el costo reputacional“, sentenció.
Por otro lado, Taccone manifestó su profunda preocupación por el destino del personal de planta del Ente de Deportes (EMDER). Se trata de trabajadores de oficio, electricistas, cancheros, administrativos, con años de experiencia que mantienen operativas las instalaciones a pulmón y que hoy enfrentan un escenario de absoluta inestabilidad.
Con el escenario judicial abierto y la sospecha instalada en la opinión pública, la oposición busca forzar una respuesta política inmediata que disipe las dudas. “El intendente interino tiene que responder rápido. Es su oportunidad para demostrar honestidad en los hechos y aclarar si el Municipio fue víctima de una maniobra de terceros o si hubo omisiones deliberadas al controlar el origen de los fondos que financiarían la obra pública más importante de la ciudad”, concluyó Taccone.