En las últimas horas, el Gobierno nacional dejó trascender el borrador del proyecto de ley de reforma laboral que presentaría ante el Congreso de la Nación. Reúne 182 artículos destinados a cambiar profundamente la Ley de Contrato de Trabajo, modificar el régimen impositivo y derogar una serie de normas históricas de protección laboral, con lo que busca redefinir el marco normativo del trabajo en Argentina.
En este sentido, el texto no solo excluye a amplios grupos del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que además introduce cambios en los impuestos internos, el régimen de impuestos a las ganancias y la quita obligaciones a empleadores, y promueve un sistema de contratación más flexible cuyo alcance ya genera controversia.
De acuerdo con el borrador que trascendió sobre la posible reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei, las disposiciones de la ley de contrato no deberían aplicarse a contratos de obra o servicios, a la administración pública (salvo excepción expresa) ni a trabajadores independientes, incluidos colaboradores de plataformas digitales, lo que implica que cientos de miles de empleados podrían quedar fuera de las protecciones básicas de estabilidad, indemnizaciones y regulaciones vigentes.
Al mismo tiempo, el borrador de la reforma laboral sustituye el artículo 9° de la Ley de Contrato de Trabajo, y redefine el principio de la norma más favorable, ya que establece que la opción más beneficiosa para el trabajador deberá evaluarse “por instituciones”, es decir, según el conjunto de normas que rige cada instituto del derecho laboral y no a partir de la comparación aislada de cada disposición individual.
Por caso, el proyecto también introduce reformas fiscales, al contemplar un régimen especial denominado Régimen de Incentivo para MiPyMES de Inversión Productiva (RIMI), una actualización de los quebrantos con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde 2025, la eliminación de impuestos internos a diversos bienes y servicios (seguros, telefonía, vehículos, objetos suntuarios, etc.), eximir ciertos ingresos del impuesto a las Ganancias (como alquileres residenciales) y liberar la enajenación de inmuebles de gravámenes a partir de 2026.
En el sector agropecuario, la reforma laboral habilitaría una modalidad especial de valuación de existencias ganaderas, lo que favorecería a los productores que operen bajo establecimientos de invernada o engorde a corral.
Uno de los capítulos más controvertidos del proyecto es su Título XXV, que se propone derogar una serie de artículos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo como las disposiciones que hoy regulan situaciones específicas de la relación laboral, y que definen responsabilidades, derechos y obligaciones tanto de empleadores como de trabajadores.
El artículo 27, por ejemplo, establece que los socios que prestan su actividad en forma personal y habitual dentro de una sociedad deben ser considerados trabajadores dependientes, salvo en los casos de sociedades de familia entre padres e hijos, mientras que el artículo 28 dispone que los auxiliares autorizados por el trabajador se consideran en relación directa con el empleador, salvo excepciones previstas por regímenes legales o convencionales.
La derogación también alcanzaría al artículo 54, que fija requisitos de validez para registros, planillas y elementos de contralor utilizados por empleadores o exigidos por leyes, estatutos o convenios colectivos, y al artículo 61, que ordena a los jueces interpretar en favor del trabajador cualquier cláusula agregada en formularios laborales que no corresponda al impreso original o que intente incorporar declaraciones cancelatorias por múltiples conceptos.
Otro de los artículos incluidos en el listado a derogar es el 113, que regula la naturaleza de las propinas al establecer que no integran la remuneración del trabajador cuando son obtenidas con motivo de su tarea. En tanto, la reforma laboral también eliminaría el artículo 174, que concede a las mujeres un descanso de dos horas al mediodía salvo excepciones autorizadas por características de la jornada o de la actividad, y el artículo 175, que prohíbe encomendar trabajo a domicilio a mujeres empleadas en un local o dependencia de la empresa.
En tanto, el Título XXV también incorpora la supresión del artículo 6 de la Ley 11.544, establece que los empleadores deben informar sobre los horarios de trabajo, incluyendo la hora de inicio y finalización de la jornada, y los descansos no computables y que forma parte del régimen histórico de jornada legal de trabajo, aunque su contenido específico no fue detallado en el borrador conocido.
En otro pasaje, el borrador de la reforma laboral busca la eliminación de la vigencia de normas especiales como el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Viajante de Comercio, lo que modifica derechos específicos de trabajadores de esos sectores.
Reforma laboral: sin haberlo presentado, el Gobierno ya cosechó críticas y cuestionamientos al proyecto
De acuerdo a lo que dejaron trascender, el Gobierno considera que la reforma laboral busca “modernizar el mercado laboral”, fomentar inversiones y flexibilizar costos para que empresas y nuevas actividades puedan contratar sin trabas. Sin embargo, las voces críticas advierten que detrás de ese discurso se esconde un retroceso en derechos conquistados, una precarización masiva y un debilitamiento del poder de los sindicatos.
En ese sentido, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que la reforma laboral es “una regresión sin precedentes para Argentina”, y que los cambios propuestos por el Gobierno nacional no sólo no van por el camino de la generación de nuevos puestos de trabajo, sino que “van a acelerar la destrucción del empleo”.
El secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores estatales, Rodolfo Aguiar, afirmó que los convenios colectivos, pilares de la protección laboral, están siendo atacados por la administración de Javier Milei, y advirtió que la reforma abrirá el camino para una nueva etapa de precarización y pérdida de derechos.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) también repudió la reforma propuesta por el Gobierno. Con su nuevo triunvirato, la central obrera sostuvo que no permitirán una “flexibilización encubierta”, y anticiparon movilizaciones en su contra, al timpo que advirtieron que acudirán “a la Justicia y a la calle” si el proyecto se aprueba sin modificaciones en el Congreso.
Por su parte, desde el bloque Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U) anunciaron que rechazarán la reforma y defenderán los “derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de décadas de lucha”, al tiempo que aseguraron que este tipo de reformas no promueven el empleo, sino la precarización.
Por otro lado, un grupo de abogados laboralistas y organizaciones vinculadas al derecho al trabajo advirtieron que la reforma laboral impulsada por el Gobierno pulveriza la legislación laboral, elimina garantías constitucionales en materia de estabilidad, negociación colectiva, indemnización y regulación de condiciones de trabajo.