El fallecimiento de un trabajador de 38 años al caer por el hueco de un ascensor reavivó el debate sobre la seguridad en las obras privadas. César Trujillo, secretario general del gremio constructor, deslindó responsabilidad sindical al confirmar que la víctima era un cuentapropista no registrado, pero alertó sobre los riesgos legales que asumen los dueños al contratar mano de obra sin cobertura.
La tragedia ocurrida este martes en un edificio de la calle Hipólito Yrigoyen al 4400, donde Leandro Ezequiel Vega de 38 años, perdió la vida tras precipitarse al vacío desde un cuarto piso, ha expuesto una vez más la fragilidad del entramado laboral que sostiene a las pequeñas reformas privadas en la ciudad. Si bien el hecho se inscribe en la crónica policial como un “accidente”, desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) instan a leer el suceso como un síntoma de una problemática estructural, donde predomina la informalidad y la ausencia de fiscalización en los trabajos domésticos o de terminación.
César Trujillo, secretario general de la seccional Mar del Plata, en diálogo con el Retrato, aclaró que la víctima no integraba la nómina de afiliados del sindicato ni pertenecía a una empresa constructora formal, sino que se desempeñaba como “cuentapropista”, en este caso, realizando la instalación de mesadas, en una obra que ya se encontraba finalizada y en etapa de posesión. El líder sindical puso el foco en la desprotección absoluta que implica el trabajo no registrado: “El trabajo en negro no tiene derechos; deja a la familia sin nada, sin ART y sin seguro de vida”.
Según explicó la conducción de la UOCRA, cuando un particular contrata a un trabajador autónomo para realizar una “changa” o reparación menor sin exigir las garantías de ley (seguros de accidentes personales, cumplimiento del Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad), asume de facto el rol de empleador y, por ende, la responsabilidad civil y penal ante cualquier infortunio. “El dueño de la obra, o del departamento en este caso, es el responsable final”, advirtió Trujillo. El gremialista subrayó que la tercerización de servicios no exime al contratante de verificar que quien ingresa a su domicilio cuente con la cobertura necesaria. La informalidad, que el sindicato describe como moneda corriente pese a la reactivación del sector, deja a los trabajadores “a la deriva” y a los propietarios expuestos a litigios millonarios y consecuencias penales.
El contexto local añade complejidad al análisis. Mar del Plata experimenta un auge en la industria de la construcción, pero este dinamismo convive con bolsones de precariedad. Desde el gremio aseguran que, si bien las grandes desarrolladoras y empresas constructoras suelen apegarse a los convenios colectivos y normas de seguridad, fiscalizadas por el Ministerio de Trabajo y el sindicato, el universo de las refacciones particulares opera en una zona gris de difícil control.
Es por eso que la UOCRA emitió un comunicado oficial instando a extremar las medidas de seguridad e higiene, dirigiendo el mensaje no solo a las empresas, sino específicamente a los trabajadores independientes. “La parte física es nuestra única herramienta; si nos lastimamos, no trabajamos”, reflexionó Trujillo, haciendo un llamado al “humanismo” para que la necesidad económica no conduzca a subestimar el peligro.