En un contexto económico que asfixia a los trabajadores del volante, las entidades que nuclean a taxis y remises de Mar del Plata se refirieron al aumento del 20% en la tarifa, que llevó la bajada de bandera diurna a $2.250 y la nocturna a $2.700. Sin embargo, el reclamo nace con una admisión de insuficiencia: según comenta en dialogo con el Retrato el secretario general del Sindicato Único de Peones de Taxis (SUPeTax), Donato Cirone, la actualización real debería haber sido del 40% para cubrir los costos operativos, pero se optó por un porcentaje menor conscientes de que “la gente no está en condiciones de pagarlo”.
“Es un paliativo nada más. Los repuestos aumentaron un 1.000% y la inflación del 2% que anuncian es mentirosa”, disparó Cirone, quien remarcó que el atraso tarifario golpea tanto al titular como al chofer, cuyo salario depende directamente de la recaudación. Un estudio reciente del sector indica que mantener una unidad operativa 10 horas diarias cuesta en promedio $31.993 por día, una cifra difícil de sostener con la tarifa actual vigente desde noviembre de 2024.
Más allá de la ecuación económica, el gremio apunta contra lo que considera una “competencia desleal”, tolerada por el Estado municipal, de las plataformas digitales de transporte. Cirone alertó, además, sobre un fenómeno que se agudiza en temporada alta y fines de semana largos: la llegada de conductores golondrina.
“Vienen vehículos de afuera a vacacionar y se ponen a trabajar para las plataformas. Se pagan las vacaciones robándose el trabajo que esperamos durante nueve meses“, denunció el dirigente sindical. Según su testimonio, esta práctica, que ya fue detectada en operativos anteriores, precariza el mercado local al introducir autos particulares que no tributan, carecen de los seguros correspondientes y no se someten a las inspecciones obligatorias que sí cumplen los servicios regulados.
La crítica de SUPeTax escala hacia la gestión del intendente Guillermo Montenegro recordando que existe una ordenanza vigente (la 23.928) que prohíbe las plataformas, norma que fue aplicada con rigor durante la administración anterior, bajo la intendencia de Arroyo, logrando frenar buena parte de la actividad ilegal.
“Hoy hay una bajada de línea de no hacer absolutamente nada. Deberían investigar al intendente, porque es muy llamativo el grado de complicidad permitiendo que estas plataformas funcionen sin dejar ningún beneficio a la ciudad y llevándose la plata al exterior“, sentenció Cirone.
Mientras el taxi tiene una tarifa regulada que contempla amortización, seguridad y cargas sociales, las apps fijan precios de dumping para “destruir a los servicios regulados utilizando mano de obra precarizada” según los taxistas.
Ahora, la pelota está en la cancha del Concejo Deliberante, que deberá tratar el pedido tarifario en su próxima sesión, en medio de un clima de tensión por la falta de fiscalización en las calles.