A casi cuatro años del asesinato del adolescente de 16 años en Miramar a manos de la Policía Bonaerense, comienza el debate oral. Su madre, Judith Aristegui, relata el calvario de la espera y eige la máxima pena, mientras la querella denuncia una trama de violencia institucional y racismo.
El próximo lunes 24 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Mar del Plata dará inicio al juicio por jurados para esclarecer la responsabilidad de los cinco policías acusados por el homicidio de Luciano Olivera, el joven de 16 años asesinado de un disparo en el pecho durante un operativo policial en Miramar.
El crimen ocurrió el 10 de diciembre de 2021, cuando Luciano regresaba a su casa en moto. Ante el temor de que le secuestraran el vehículo en un retén, no se detuvo, lo que desató una persecución que culminó en las calles 9 y 34 de Miramar, donde fue interceptado y ultimado. Ahora, la familia apela a la empatía del jurado popular y al acompañamiento pacífico de la comunidad para cerrar, al menos en lo jurídico, una herida que permanece abierta.
A las puertas de un proceso judicial que se dilató casi cuatro años, Judith Aristegui, madre de la víctima, describe el estado de suspensión en el que vive desde la madrugada del crimen. “Mi vida está trabada en diciembre de 2021 y no puedo avanzar; lo que hago, lo hago por inercia”, confesó Aristegui, quien definió su cotidianidad no como una vida, sino como una “tortura” que se reinicia cada vez que abre los ojos y confirma la ausencia de su hijo.
El debate sentará en el banquillo al oficial Maximiliano González, principal imputado por homicidio triplemente agravado y único detenido de la causa. Junto a él, serán juzgados Nelson Albornoz, Kevin Guerricagoitía, Rocío Mastrángelo y Alejandro Cepeda, acusados de encubrimiento doblemente agravado y falso testimonio por intentar fraguar la escena tras el disparo.
“Justicia justa para mí sería una perpetua. Él tiene que pagar lo que hizo”, sentenció Aristegui, aclarando que su reclamo no persigue la venganza, sino una reparación legal proporcional al daño causado. “Luciano no merecía irse de este mundo así; era un niño que estudiaba, jugaba al fútbol y vivía sanamente“, remarcó.
La inminencia de las audiencias representa para la madre un desafío emocional devastador. Aristegui admitió el temor de enfrentarse a la reconstrucción del hecho y a la presencia del imputado. “No quiero ver cómo me matan a mi hijo otra vez, ni escuchar lo que diga el asesino, mirándolo con impotencia sin poder hacer nada”.
En la antesala del juicio, el abogado de la querella, Gregorio Dalbón, viajó a Mar del Plata para coordinar la estrategia con la familia Olivera y también con los allegados de Matías Paredes, otro joven ultimado por la fuerza bonaerense. Dalbón trazó un paralelismo entre ambos casos, denunciando un patrón de “violencia institucional” y “racismo” estructural en el accionar policial bajo el mando del jefe Edgardo Vulcano.
“Se está poniendo de moda que a los chicos pobres, trabajadores y humildes, por las caras, los paren o les disparen si se asustan. Esto es un acto mafioso”, sostuvo el letrado, quien aspira a que el proceso sirva para “desenquistar esa mafia”.