El grupo Roisa, señalado por irregularidades en OSPRERA y Luz y Fuerza, quedó a cargo de la intermediaria ACEAPP. El senador Ariel Bordaisco calificó la gestión de Kicillof y Giles como una “violación de los derechos humanos” y denunció el bloqueo sistemático de la emergencia sanitaria en la Legislatura.
La crisis estructural del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sumó en las últimas horas un capítulo que agrava la incertidumbre de sus dos millones de afiliados. El grupo empresario Roisa, un conglomerado con múltiples denuncias por vaciamiento y maniobras fraudulentas en otras obras sociales sindicales, tomó el control de la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados (ACEAPP). Esta entidad, creada en 2021 bajo la gestión de Homero Giles, funciona como el nexo financiero y operativo entre el Estado bonaerense y los 232 policonsultorios que hoy sostienen la precaria red de atención en la provincia.
El desembarco de Roisa, dirigida por Marcelo Shwiff, enciende las alarmas por sus antecedentes inmediatos: el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba reportó este año más de 15 falencias graves en sus prestaciones, mientras que su paso por OSPRERA (rurales) y el IOSFA (Fuerzas Armadas) dejó un saldo de reducción de cartillas y deudas millonarias con clínicas.
IOMA raya el abandono de personas y violación de los derechos humanos
El senador provincial Ariel Bordaisco (UCR), quien ha impulsado diversos pedidos de informe e interpelación contra la cúpula del IOMA, analizó con dureza el ingreso de este nuevo actor privado en la administración de los recursos públicos. En diálogo con el Retrato, el legislador calificó la situación actual de la obra social como un escenario que “raya el abandono de persona y la violación de los derechos humanos”.
“Nos preocupa que no se hayan tomado medidas de control para verificar los antecedentes de una empresa que enfrenta denuncias de vaciamiento“, sostuvo Bordaisco, aunque reconoció que la maniobra no le sorprende dentro de la lógica de la actual administración. “Han convertido una obra social que supo ser de excelencia en una cáscara vacía. Le quitaron las coberturas, rompieron contratos y le echan la culpa al privado mientras invisibilizan el tema”, sentenció.
Para el senador marplatense, la llegada de Roisa a la ACEAPP es sintomática de un modelo de gestión que prioriza la opacidad. “Es la forma de gobernar que tiene el populismo; este gobierno es el mejor alumno de esa escuela donde el resultado es el desamparo del afiliado”, agregó.
Bordaisco detalló que la oposición ha presentado proyectos para declarar la emergencia económica y sanitaria de la obra social y otorgarle autarquía financiera, mecanismo que permitiría que los aportes de los trabajadores vayan directamente a las arcas del IOMA sin perderse en la “bicicleta” de la tesorería general de la Provincia.
“Todas estas medidas fueron bloqueadas por la mayoría que tiene hoy el Ejecutivo en ambas cámaras”, denunció el senador. A la inacción legislativa, Bordaisco sumó una crítica al rol de los gremios estatales: “Lo que más llama la atención es el silencio absoluto. No hay ningún dirigente oficialista ni sindicato que hable de IOMA, mientras la gente se muere o agrava su salud esperando una prótesis o un medicamento”.
Roisa ya venia con denuncia penal por administración fraudulenta
El ingreso de Roisa y el manejo de la ACEAPP ya tienen, además, un correlato judicial. A principios de noviembre, el concejal de Esteban Echeverría, Marcelo Mazzeo, radicó una denuncia penal en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata contra el gobernador Axel Kicillof y Homero Giles. La presentación los acusa de administración fraudulenta y malversación de caudales públicos, apuntando específicamente a que el presupuesto de $188 mil millones anuales habría sido “capturado” para fines políticos.
La denuncia de Mazzeo pone el foco también en Julián Fierro y Silvina Fontana, autoridades de ACEAPP, sugiriendo un esquema de enriquecimiento ilícito a través de licitaciones direccionadas a empresas propias, como RM Salud SRL.
Mientras la política y la justicia debaten responsabilidades, la realidad en los mostradores de atención es crítica. Con la ACEAPP ahora bajo el mando de una firma cuestionada por vaciamiento, y sin una ley de emergencia que agilice soluciones, el sistema de salud bonaerense entra en una fase de riesgo operativo: “El desafío es enorme, pero mientras Kicillof y Giles sigan negando el problema, el que paga es el vecino que agota su vida esperando un turno”, concluyó Bordaisco.