La Asociación del Personal Universitario (APU) realizará este lunes un paro total de actividades, mientras que el gremio docente ADUM anunció una medida de fuerza de 72 horas para el 12, 13 y 14 de noviembre. Ambos sectores reclaman la apertura de paritarias y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Universidad Nacional de Mar del Plata se prepara para una semana atravesada por nuevas medidas de fuerza simultáneas de los gremios docentes y nodocentes, en el marco de un conflicto que refleja nuevamente la tensión entre las universidades públicas y el Gobierno nacional por el sostenimiento presupuestario y la pérdida salarial acumulada.
La Asociación del Personal Universitario (APU) confirmó un paro total de actividades este lunes 10 de noviembre, en defensa del salario y la planta nodocente. La medida se enmarca en el plan de lucha que el sindicato mantiene desde septiembre, reclamando la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial que compense la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Desde la organización informaron que, hasta tanto el Gobierno nacional no efectivice la aplicación de la norma ni presente una propuesta salarial superadora, los paros de 24 horas se repetirán todos los lunes. Además, los jueves se desarrollarán jornadas de visibilización con actividades bajo el lema “Que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario”.
APU solicitó también una reunión con las nuevas autoridades universitarias para tratar cuestiones vinculadas al funcionamiento interno, los cargos vacantes y las condiciones laborales. “Defender la universidad es también defender a quienes la sostienen todos los días”, expresaron desde el gremio.
En paralelo, el gremio docente ADUM, que representa a los profesores y profesoras de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se sumará a un paro nacional de 72 horas los días 12, 13 y 14 de noviembre, definido por la Federación de Docentes Universitarios (CONADU) tras una consulta nacional a más de 30 asociaciones de base.
El reclamo central es la reapertura de la paritaria salarial, paralizada desde mediados de año, y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno aún no ha implementado pese a haber sido sancionada y promulgada.
En un comunicado, ADUM aclaró que la medida no afectará las mesas de examen de fin de año, con el objetivo de garantizar el derecho de los estudiantes a rendir y evitar mayores perjuicios académicos. Sin embargo, advirtieron que “si la dinámica del Gobierno no cambia, el inicio del ciclo 2026 podría darse en un contexto de conflicto generalizado”.
Asimismo, la federación anunció que impulsará una presentación judicial para exigir el cumplimiento de la ley y resguardar el presupuesto universitario. La medida busca instalar en el plano judicial una discusión que, hasta el momento, el Ejecutivo nacional no ha respondido en el ámbito político.