La concejal de Acción Marplatense, Eva Ayala, sostuvo que el caso revela “una grave falla institucional” y reclamó que el Ejecutivo brinde respuestas públicas sobre las irregularidades detectadas en el área de Licencias de Conducir. La investigación judicial avanza en paralelo sobre presunta falsificación de sellos, firmas y usuarios informáticos. Fernando Barbaricca, y del secretario de Participación Ciudadana, Gustavo “Tato” Serebrinsky quedaron en el ojo e la tormenta, no solo judicial, sino administrativa ya que su actuación habría sido mas para tapar el caso que para investigarlo.
La denuncia por falsificación de documentos públicos en el área de Licencias de Conducir del Municipio de General Pueyrredon continúa generando repercusiones políticas. En diálogo con el Retrato, la concejal Eva Ayala consideró que el hecho reviste “una enorme gravedad institucional” y advirtió sobre la falta de controles administrativos que quedaron en evidencia tras la presentación judicial realizada por una empleada municipal.
“Está claro que no solo revela una posible maniobra de alteración de documentos públicos, sino también un serio déficit en los controles internos del municipio”, afirmó Ayala. La concejal respaldó el avance de la causa en sede judicial, que se tramita en la Unidad Fiscal de Instrucción a cargo del fiscal David Bruna, y sostuvo que la investigación debe desarrollarse “de manera independiente y con absoluta transparencia”.
El caso fue iniciado tras la denuncia de una agente administrativa que declaró haber detectado trámites de licencias validados con sellos y firmas falsificados, además de cargas digitales efectuadas con su usuario en fechas en las que no se encontraba en funciones. Según consta en la causa, algunos de los trámites señalados fueron registrados incluso durante un período de licencia médica de la trabajadora, lo que refuerza las sospechas sobre una manipulación interna de los sistemas.
Para Ayala, la situación requiere una respuesta institucional inmediata. “Este tipo de episodios vuelve a poner en discusión la necesidad de modernizar y transparentar la gestión municipal. Si siguen ocurriendo hechos de esta naturaleza, es evidente que los procesos deben revisarse”, sostuvo. Y agregó: “La ciudadanía merece una explicación. No puede quedar solo en una denuncia, porque se trata de confianza institucional. Cuando se vulnera esa confianza, se debilita la democracia y el vínculo entre el Estado y la sociedad”.
El expediente judicial, caratulado como “Falsificación o adulteración de documentos”, apunta a determinar quiénes tuvieron acceso a los sellos oficiales y a los usuarios de carga del sistema provincial. En paralelo, el municipio no ha informado la apertura de sumarios administrativos ni la convocatoria de los funcionarios implicados.
En ese contexto, la concejal señaló que acompañará todo tipo de requerimientos e informes en el Concejo Deliberante para “transparentar lo ocurrido y establecer responsabilidades”. Mencionó en particular la actuación del director del área, Fernando Barbaricca, y del secretario de Participación Ciudadana, Gustavo “Tato” Serebrinsky, quienes, según consta en el expediente, habrían tomado conocimiento de las irregularidades sin disponer medidas preventivas inmediatas.
“Las responsabilidades concretas deberán establecerse en la investigación, pero lo que sí debe haber es un compromiso real con la verdad y con las normas que rigen la función pública”, señaló Ayala.
La concejal recordó que durante gestiones anteriores, ante episodios de corrupción en el mismo sector, se adoptaron medidas contundentes. “En la gestión del intendente Pulti, cuando se detectaron irregularidades similares, se actuó con un trabajo silencioso y minucioso que derivó en la detención de 17 personas vinculadas a una red de licencias falsas. Esa fue una respuesta institucional acorde a la gravedad del hecho. Frente a situaciones como ésta, el Estado debe actuar del mismo modo: con decisión y transparencia”, enfatizó.
Ayala también planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para preservar la confianza del ciudadano sobre los procesos administrativos. “Falta participación y, sobre todo, falta información. Frente a hechos de esta naturaleza, la comunidad debe poder conocer qué ocurrió y cómo se resuelve, para que la desconfianza no se traduzca en apatía o descreimiento hacia las instituciones”, afirmó.
Mientras la investigación avanza, la trabajadora denunciante fue trasladada a otra dependencia, una decisión que, según trascendió en el ámbito laboral, no estuvo acompañada de explicaciones oficiales y que ha sido interpretada como una medida de resguardo institucional ambigua.
En el plano político, el caso se ha convertido en un test sobre la capacidad del municipio para garantizar transparencia, control y responsabilidad pública en la administración de documentos oficiales.