Con la presidencia de Valeria Crespo, la Comisión de Política de Género, Mujer y Diversidad del Concejo Deliberante trató el proyecto que propone declarar la emergencia en materia de violencias por motivos de género y diversidad por el término de un año en el Partido de General Pueyrredon. La iniciativa busca dotar al municipio de herramientas efectivas para la prevención, atención y erradicación de la violencia, en un contexto de creciente demanda y falta de respuestas del Ejecutivo.
La Comisión de Política de Género, Mujer y Diversidad del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, presidida por la concejal Valeria Crespo (Unión por la Patria), volvió a poner en debate la necesidad de declarar la emergencia en violencia de género en el ámbito municipal. La propuesta, contenida en el expediente N° 1224/24, plantea establecer por un año una medida extraordinaria que permita asignar recursos, fortalecer dispositivos y reactivar mecanismos institucionales actualmente estan paralizados.
Durante la reunión, que contó con la participación de los concejales Eva Ayala, Diego García, Ricardo Liceaga Viñas, Mercedes Morro, Gustavo Pujato y Florencia Ranellucci, también se trataron otros expedientes relacionados con políticas de género, entre ellos la creación del programa “Alerta Lila – La Ciudad Te Cuida”, un pedido de informes sobre casos de trata de personas y la declaración de interés de la Especialización en Políticas de Género y Diversidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Según explicó Valeria Crespo en diálogo con el Retrato, el proyecto de emergencia fue presentado a comienzos de 2024 ante un diagnóstico persistente: más de cinco mil causas por violencia de género tramitan actualmente en el fuero penal, con un crecimiento sostenido de denuncias en los juzgados de familia. “Los datos siguen siendo alarmantes. Es necesario que el municipio cuente con una herramienta concreta para actuar ante esta realidad”, sostuvo la concejala.
Crespo recordó que Mar del Plata tuvo emergencias declaradas en 2016, 2017 y 2018, pero que desde 2023 la medida no volvió a renovarse. “Entendemos que es imprescindible reestablecerla, porque la situación se agravó y hoy el municipio no dispone de mecanismos de respuesta suficientes”, advirtió.
El expediente fue tratado en siete oportunidades dentro de la comisión, tras recibir aportes de organizaciones de la sociedad civil y colectivos barriales que trabajan la temática. Sin embargo, Crespo señaló que el tratamiento se encuentra demorado por la falta de respuesta del Ejecutivo municipal, al que se le solicitó reiteradamente la opinión técnica de la Dirección de Políticas de Género y de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
“La no respuesta también es una respuesta”, expresó Crespo. “Ante otros temas, los expedientes avanzan rápidamente, pero en materia de género se dilatan sin justificación. Es un síntoma del desinterés del Ejecutivo por una problemática urgente”.
La emergencia propuesta prevé reforzar la atención interdisciplinaria y descentralizada las 24 horas, restablecer las asignaciones económicas para víctimas de violencia, actualmente equivalentes al 65% de una jubilación mínima, y promover su actualización al 100%. Además, contempla la reactivación del Observatorio de Políticas Públicas de Género, inactivo desde la caducidad de la ordenanza que lo regulaba, y la revisión del funcionamiento del Hogar de Medio Camino, con el objetivo de optimizar su rol en la contención y acompañamiento.
Otro eje central es la autonomía económica de las mujeres, a través de programas de capacitación y empleo que permitan su reinserción laboral y reducción de la dependencia económica del agresor. “No decimos que no se hace nada, pero lo que se hace no alcanza. Las políticas públicas deben ser sostenidas y ampliadas en el tiempo”, señaló Crespo.
En paralelo, la concejal destacó que existen otras iniciativas complementarias en trámite, como el proyecto “Alerta Lila”, impulsado por el concejal Ricardo Liceaga Viñas, y un programa de acompañamiento para familiares de víctimas de femicidios, también de su autoría. Ambos se encuentran a la espera de informes técnicos del Ejecutivo.
Desde la oposición, Crespo advirtió sobre las dificultades para alcanzar consensos políticos amplios: “Tratamos de construir acuerdos con todos los bloques, pero cuando hay decisiones políticas de no avanzar, se impone la mayoría y se paralizan proyectos valiosos. Lo vemos en el tratamiento de estos temas: hay voluntad de algunos sectores, pero falta compromiso institucional del gobierno municipal”.
En la última reunión de comisión, se reiteró formalmente el pedido de informes a las áreas pertinentes, que disponen de 30 días hábiles para responder. Si no lo hacen, el expediente podría pasar al plenario sin dictamen técnico, lo que ralentizaría su tratamiento en las comisiones siguientes.
Mientras tanto, los datos y testimonios acumulados en el expediente confirman un escenario que combina altos índices de violencia, limitaciones presupuestarias y ausencia de planificación integral. De aprobarse, la emergencia no solo representaría un reconocimiento institucional de esa crisis, sino también una herramienta política y presupuestaria para enfrentarla de manera coordinada entre el municipio, la justicia y las organizaciones sociales.