El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, criticó la decisión del Gobierno nacional de habilitar la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas, al advertir que la medida puede provocar una “escalada armamentística” y aumentar la violencia en las calles.
Según planteó el funcionario de Axel Kicillof, la disposición del Gobierno nacional pone en riesgo la seguridad pública y genera un escenario en el que “un delincuente común podría tener más poder que un policía de calle”, por lo que se modificaría peligrosamente la relación de fuerzas entre el Estado y el delito.
Es preciso mencionar que, la polémica medida fue oficializada por el Gobierno nacional a través de la Resolución 37/2025 del restaurado Registro Nacional de Armas (Renar), que reglamenta el decreto 397/2025 firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con esta norma, el Ejecutivo nacional habilitó el acceso civil a fusiles y carabinas semiautomáticas derivadas de uso militar, un tipo de armamento que hasta ahora estaba restringido a fuerzas especiales como el Grupo Halcón o el SWAT, y cuyo uso civil había sido prohibido en 1995.
“Esta decisión es preocupante y peligrosa. Estamos hablando de la compra de armas con una capacidad de fuego que supera ampliamente la de un arma corta policial”, señaló Alonso, que también explicó que la reforma permite a legítimos usuarios con más de cinco años de antigüedad adquirir fusiles semiautomáticos, siempre que acrediten uso deportivo y condiciones adecuadas de almacenamiento, pero alertó que “una mínima modificación técnica puede convertirlas en automáticas, lo que multiplica el riesgo de daño”.
En ese sentido, el funcionario bonaerense sostuvo que en la Argentina “los delincuentes comunes no tienen acceso a ese tipo de armamento”, y que su circulación en el mercado civil “puede alterar radicalmente la ecuación de poder en la calle”. “Si un delincuente tiene un fusil, va a tener más poder que un policía. Estamos abriendo la puerta a una carrera armamentística que solo puede derivar en más violencia y más muertes”, advirtió Alonso.
En tanto, el Ministro de Seguridad bonaerense remarcó que la Provincia registra actualmente los niveles más bajos de homicidios de su historia, y que no existe un aumento de asesinatos en ocasión de robo, por lo que consideró injustificada la desregulación impulsada por la Nación. “No se entiende la desregulación en la compra de armas más allá del marketing electoral. Se está poniendo en riesgo a toda la sociedad solo para satisfacer a un pequeño sector que quiere darse el gusto de tener un fusil en su casa”, cuestionó Alonso.
En ese contexto, el Ministro recordó que, durante su gestión, la prioridad fue reducir la circulación de armas ilegales mediante operativos de decomiso y programas de control, por lo que consideró “absurdo” que el Gobierno nacional avance hacia una política armamentista en lugar de fortalecer los mecanismos de prevención: “Deberíamos estar implementando un plan de canje de armas, no habilitando fusiles en manos de civiles. La seguridad no se construye con más balas, sino con más control y planificación”, subrayó.
Es preciso mencionar que, la declaración de Alonso también dejó expuesta la tensión política con la ministra Bullrich. Es que, el funcionario bonaerense sostuvo que la relación institucional con el Gobierno nacional “atraviesa un momento difícil”, principalmente por la falta de coordinación y la ausencia de recursos transferidos a la Provincia. “La Nación le debe a Buenos Aires 10 mil millones de dólares. Solo en materia de seguridad nos quitaron 1.200 millones. Se lo dije en cada reunión que tuve con la ministra”, afirmó.
En ese marco, Alonso agregó que el desfinanciamiento impacta de manera directa en la capacidad operativa de las fuerzas federales y enumeró algunos ejemplos: “La Policía Federal no tiene patrulleros, Gendarmería no tiene helicópteros, la Prefectura no tiene lanchas y los salarios se desplomaron. En cambio, en la Provincia hicimos un esfuerzo enorme para que la Policía Bonaerense tenga un salario un 20% superior al de las fuerzas federales”, remarcó.
Por último, el ministro cuestionó las políticas nacionales en materia judicial y de lucha contra el narcotráfico. “Hablan del sistema acusatorio, pero si no hay fiscales, ni recursos, ni estructura, es imposible implementarlo. Están dejando sin herramientas a quienes deben investigar el delito”, advirtió, al tiempo que dijo que el Estado nacional “se retira de sus funciones esenciales” mientras los gobiernos provinciales deben asumir cada vez más responsabilidades sin contar con los fondos necesarios.
Compra de armas: la nueva norma que cuestionó Alonso
Es preciso mencionar que, esta semana el Gobierno nacional formalizó la habilitación para la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional, una medida que modifica la antigua prohibición vigente desde hace tres décadas. La decisión, impulsada por el Ministerio de Seguridad, marca un cambio en la política de control de armas, al reemplazar la restricción total por un sistema de permisos con requisitos específicos y bajo la supervisión directa del Registro Nacional de Armas (RENAR).
Según el texto oficial, la nueva disposición permite a los legítimos usuarios y entidades de tiro adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, entre ellas fusiles y subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR. Para acceder a este tipo de armamento, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos vinculados a la justificación deportiva, la trazabilidad del arma y la acreditación de condiciones de almacenamiento seguras.
En tanto, el RENAR asume la totalidad de las funciones de fiscalización y aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, consolidando un nuevo esquema de control. La resolución exige declaraciones juradas, documentación probatoria y una identificación detallada del material, con el objetivo de mantener un registro actualizado de cada arma habilitada. Además, se derogaron las resoluciones previas del antiguo régimen que mantenían la restricción absoluta sobre estos dispositivos.
La medida completa un proceso iniciado en junio de este año, cuando el Gobierno había derogado un decreto de la década de 1990 que regulaba la compra de armas de fuego de uso militar. Aquella normativa, firmada durante el menemismo, prohibía la adquisición de fusiles semiautomáticos por parte de civiles, salvo excepciones muy limitadas autorizadas por el Ministerio de Defensa. Con la resolución actual, el Ejecutivo nacional estableció finalmente el mecanismo concreto que habilita la compra y posesión de este tipo de armamento bajo nuevas condiciones.
Los requisitos para adquirir armas
- Acreditar la identificación precisa del arma, mediante tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie.
- Contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2, como sistema de almacenamiento seguro aprobado.
- Presentar una declaración jurada que justifique la solicitud, acompañada de documentación probatoria y fotografías del arma.
- Abonar la tasa correspondiente al trámite, equiparable al costo de la “Tenencia Exprés” y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM) vigente.
- Demostrar usos deportivos probados, mediante al menos una de las siguientes alternativas:
- Certificación de entidad de tiro con instalaciones propias, avalando la condición de tirador asiduo.
- Representación en certámenes nacionales o internacionales de tiro deportivo con ese material.
- Solicitud de una entidad de tiro habilitada que permita el uso por parte de sus socios en disciplinas deportivas o con fines didácticos certificados.
- No poseer antecedentes sancionatorios ni trámites administrativos pendientes ante el RENAR.
- Contar con una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional.
- Proveer elementos probatorios adicionales que permitan evaluar la pertinencia de la petición, bajo criterio del RENAR.