Una agente administrativa de la Dirección de Licencias de Conducir declaró ante la Fiscalía que se utilizó su sello (FOTO) y su usuario en trámites que no realizó. El caso expone deficiencias en los controles internos y falta de reacción institucional en el Area que depende del Secretarío de Participación Ciudadana ,Gustavo “Tato” Serebrinsky, quien actuó recién luego de la intervención el fiscal David Bruna
La investigación penal caratulada “Falsificación o adulteración de documentos”, iniciada en la Unidad Fiscal de Instrucción de Mar del Plata, profundiza sobre presuntas maniobras irregulares en el área de Licencias de Conducir del Municipio de General Pueyrredon. La denuncia, presentada en marzo de 2025 por una empleada del área, apunta a la utilización indebida de su sello, firma y usuario en trámites de emisión de licencias.
Según consta en su declaración judicial, la agente advirtió que al menos ocho trámites figuraban rubricados con firmas y sellos falsificados, y que en algunos casos se habrían cargado resultados utilizando su usuario digital, en fechas y horarios en los que no se encontraba en funciones. Uno de los registros, incluso, se realizó durante un período de licencia médica, lo que refuerza la sospecha de una manipulación interna.
“Verifiqué que los trámites que aparecían rubricados y sellados no eran originales. No reconozco mi firma ni los sellos, que no son iguales a los del área. Son manifiestamente apócrifos”, declaró la denunciante ante la Justicia.
La empleada explicó que, tras detectar las irregularidades, informó de inmediato al director del área, Fernando Barbaricca, quien le pidió “mantener la calma” y aseguró que la situación “se resolvería internamente”. No obstante, no se dispusieron medidas preventivas ni se inició un sumario administrativo. La agente decidió entonces acudir directamente a la Fiscalía.
De acuerdo con su testimonio, los exámenes teóricos y prácticos correspondientes a los trámites en cuestión no se habían realizado, pese a figurar como aprobados en el sistema provincial. “Además de falsificar la firma y el sello, utilizaron mi usuario para cargar resultados”, sostuvo la denunciante.
El caso pone en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control, resguardo y trazabilidad de la documentación oficial. Los sellos, hojas de ruta y credenciales digitales son elementos que requieren estricta custodia, ya que habilitan la validación de documentos públicos.
La causa judicial, a cargo del fiscal David Bruna, busca determinar quiénes tuvieron acceso a los elementos identificatorios y al sistema de carga de datos, así como establecer si las irregularidades denunciadas configuran delitos de falsificación de instrumento público o de uso indebido de documentación administrativa.
La denuncia se vincula además con otro episodio que había generado controversia semanas atrás: la aparición de un sello oficial en manos de un ciudadano, quien lo devolvió al municipio alegando que “había quedado en su vehículo luego de rendir el examen práctico”. Ese hecho, informado por el propio Barbaricca a la Fiscalía, pretendía cerrar la hipótesis de extravío. Sin embargo, el nuevo testimonio reabre las dudas y apunta a una posible manipulación desde dentro del área.
Hasta el momento, no se ha informado la apertura de sumarios internos ni la citación de funcionarios o empleados a declarar. La denunciante fue posteriormente trasladada a otro sector, una medida que en el ámbito laboral se interpretó como una respuesta institucional ambigua ante un hecho de gravedad administrativa y penal.